Por: Simón Rodríguez Porras
Se debate en la izquierda latinoamericana si la situación planteada en Brasil es o no un golpe de estado. ¿Hay un golpe en Brasil? ¿Es cierta la tesis que levantan los gobiernos latinoamericanos de los golpes “blandos”, “mediáticos” o “de nuevo tipo”? ¿Qué política debe levantar la izquierda revolucionaria?
En medio de una grave crisis económica y gran malestar social, se abrió un proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT). Todos los partidos del régimen están afectados por investigaciones sobre corrupción, mientras el repudio popular a todos los partidos se expresa en la exigencia de “fuera todos” que resuena en las calles.
Muchos luchadores y activistas tienen dudas sobre si el “impeachment” es un golpe de Estado. Direcciones políticas como el chavismo y el estalinismo apoyan a Dilma y denuncian un “golpe”. En Argentina, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) no asistió al acto del primero de mayo del Frente de Izquierda y los Trabajadores, optando por hacer un acto frente a la embajada brasileña. El partido hermano del PTS en Brasil, el MRT, marchó el primero de mayo detrás del PT en Sao Paulo, en un acto con Dilma, Lula y la burocracia de la Central Única de los Trabajadores (CUT).
Tanto en el término original francés coup d ́État como en su uso popularizado durante el siglo XX y la aplicación concreta en la realidad, el golpe de Estado es un asalto del poder, de manera rápida e ilegal, por parte de las fuerzas armadas burguesas. En la tradición del marxismo revolucionario se considera que al implicar el golpe de estado un cambio hacia un tipo de régimen dictatorial sin libertades y derechos políticos, fundamentalmente para los sectores explotados y oprimidos, éstos tienen la imperiosa necesidad de combatir los golpes. Lo mismo en el caso de que sea un gobierno el que, con apoyo de los militares, disuelva el parlamento o el poder judicial.
En los últimos años los gobiernos de Chávez, Cristina Fernández, Evo Morales, Correa, Maduro y ahora Dilma vinieron sosteniendo que habría nuevos tipos de golpe de Estado. Los golpes tradicionales ya no serían viables, por lo cual la derecha y el imperialismo apelarían a “golpes suaves” o “procesos destituyentes” contra gobiernos “populares”. Estamos ante gobiernos de conciliación de clases que al erosionarse su base social y entrar en crisis, apelan al recurso de victimizarse y denunciar golpes suaves para intentar neutralizar mediante ese chantaje todo reclamo popular y obrero.
¿Ya no hay más golpes tradicionales?
Es falso que ya no haya golpes “tradicionales”. En 2002, luego de varios paros empresariales, el alto mando militar venezolano tomó el poder y puso en la presidencia al jefe de la patronal, se disolvió el parlamento y las alcaldías y gobernaciones. La movilización popular derrotó a los golpistas. En 2004, una sublevación militar fascistoide contra el presidente haitiano Aristide fue rematada con la invasión de marines yanquis, que secuestraron al jefe de estado y lo desterraron. Los yanquis fueron relevados por una misión militar de la ONU compuesta de tropas latinoamericanas. En 2009, horas antes de la realización de un referendo popular para convocar una Asamblea Constituyente, los militares secuestraron al presidente hondureño Zelaya y lo expulsaron a Costa Rica. Las manifestaciones contra el golpe fueron severamente reprimidas. Otros golpes se registraron en Egipto (2013) y Tailandia (2006 y 2014).
Estos golpes fueron repudiados por la Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI) cuyos activistas jugaron un papel destacado en las calles, fábricas y refinerías durante la derrota del golpe en Venezuela, y posteriormente exigiendo cárcel y expropiación contra los empresarios golpistas.
En Brasil los únicos pronunciamientos militares han sido en apoyo a Dilma. El gobierno intentó en una primera etapa neutralizar el juicio político ofreciendo cargos gubernamentales a los diputados opositores y llamando a un gobierno de unidad nacional. Luego Lula y Dilma han intentado jugar la carta de llamar a elecciones adelantadas. Si el proceso de juicio político lleva a la remoción temporal de Dilma la sustituiría su vicepresidente, Michel Temer (PMDB), quien daría continuidad al plan de ajuste que venían aplicando. Su principal impulsor, el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha (PMDB), fue suspendido de su cargo por corrupción. El 9 de mayo fue invalidada la sesión parlamentaria que aprobó el impeachment y a las pocas horas se dio marcha atrás a la anulación. Mientras tanto, el PT ha autorizado las alianzas con el PMDB “golpista” para las elecciones municipales de octubre. Este zigzagueante proceso transcurre dentro de los límites de la descompuesta democracia burguesa brasileña.
Si bien rechazamos el impeachment, no se trata de un golpe de Estado. Guarda algunas semejanzas con la destitución del presidente Lugo en Paraguay en 2012, luego de una masacre de campesinos reivindicada por el gobierno y personalmente por el propio Lugo, por la que fue llevado a juicio político y destituido. Lo sustituyó su vicepresidente, el liberal Federico Franco.
“Fuera todos”
Actualmente en Brasil existen grandes oportunidades para que la izquierda revolucionaria se postule como alternativa. Esta oportunidad se pierde si se cierran filas con el gobierno denunciando un golpe inexistente, como han hecho el PTS, el MRT y sectores del PSOL.
Todos los partidos patronales brasileños son repudiados masivamente. La salida no está en adelantar las elecciones, sino en profundizar la movilización. Las organizaciones de izquierda y de los trabajadores, como el PSOL, Conlutas, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), tienen la responsabilidad de deslindarse de ambos bloques burgueses y articular acciones contra el ajuste del gobierno, contra las maniobras parlamentarias de la oposición y por una salida revolucionaria en la que los trabajadores y el pueblo oprimido tomen las riendas de su propio destino.
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