Por: Simón
Rodríguez Porras (USI)
Tomado de laclase.info
Miles de trabajadores
reclaman por incumplimientos contractuales y atropellos laborales en el sector
público y privado. Centenares de comunidades populares pelean por vivienda y
acceso a los servicios públicos. La mayoría de los hospitales públicos se
encuentran al borde del colapso. Los programas sociales que en algún momento
fueron bandera del gobierno, se encuentran en franco retroceso. El interior del
país sufre constantes cortes en el suministro eléctrico. Sangrientos motines
carcelarios se suceden regularmente. Las industrias básicas y Pdvsa padecen los
estragos de la desinversión, multiplicándose los desastres ambientales y los
accidentes. La inflación destruye los salarios. Dos terceras partes de los
empleados públicos ni siquiera pueden cubrir la canasta básica con sus magros
ingresos. Ante este cuadro que retrata la decadencia del modelo nacionalista
burgués impulsado por el gobierno de Chávez, incluso la enfermedad del
presidente adquiere la cualidad de un problema político de grandes dimensiones,
pues la mengua del “pequeño bonaparte” atiza los conflictos de las corrientes
internas del Psuv.
En
definitiva, lo que hace aguas no es más que el modelo de conciliación de clases
que el gobierno quiso vender como alternativa “revolucionaria” al bipartidismo,
e incluso como “Socialismo del siglo XXI”. Una utopía reaccionaria
protagonizada por militares, “empresarios nacionalistas”, trasnacionales
petroleras, y principalmente por una camada de nuevos ricos, amamantados en la
última década por la renta petrolera. El proyecto político chavista se hunde y
arrastra consigo las condiciones de vida de la mayoría del pueblo.
A Dios
rogando y con el mazo dando
“Me anoto en
la lista de los que hemos sido bañados por el milagro del siervo de Dios, me
siento parte de esa legión de hombres y mujeres de los que vivimos gracias a
los milagros”, dijo Chávez este 26 de octubre. Y mientras transmite ceremonias
religiosas en su honor por los medios estatales y realiza inversiones en
infraestructura de la Iglesia Católica, Chávez continúa “con el mazo dando”,
aplicando medidas de ajuste que golpean los ingresos de los más pobres,
criminalizando las luchas sociales y violentando la libertad sindical.
A partir de
2009, el gobierno tomó la determinación de descargar sobre el pueblo trabajador
el costo de la crisis económica, devaluando la moneda en un 100%, aumentando en
un tercio el IVA, liberando los precios de la mayoría de los alimentos,
congelando las condiciones contractuales de millones de empleados y manteniendo
los aumentos del salario mínimo anuales muy por debajo de la inflación. Los
efectos sociales no tardaron en hacerse evidentes. Provea, una de las
principales organizaciones de derechos humanos del país, presentó en diciembre
de 2010 un informe en el que se recopilan datos oficiales que dan cuenta de un
aumento de la pobreza en 14 de los 24 estados del país durante ese año. La
cobertura brindada por las redes estatales de distribución de alimentos
subsidiados, Pdval y Mercal, bajó de 13 a 10 millones de personas en el mismo
período en que más de 150.000 toneladas de alimentos pertenecientes a estas
redes se descompusieron debido a los manejos corruptos de la burocracia
gubernamental. Las políticas regresivas en materia económica y social fueron
acompañadas por una orientación de criminalizar las protestas reivindicativas.
El llamado presidencial a utilizar “gas del bueno” en enero de 2009 contra los
estudiantes de las organizaciones de derecha en realidad se aplicó de manera
general contra las protestas sociales, y con particular ahínco en contra de los
trabajadores. Actualmente, más de 120 dirigentes obreros y más de mil
campesinos se encuentran con procesos judiciales abiertos por realizar huelgas,
ocupar tierras, movilizarse y luchar en defensa de sus derechos.
A esto se suma
la acción de grupos de choque del Psuv en contra de las huelgas en las
empresas
básicas de Guayana, así como el avance del sicariato contra dirigentes
sindicales clasistas y revolucionarios, prácticas criminales toleradas por el
gobierno y protegidas con el manto de la impunidad. Ha habido más de doscientas
víctimas de sicariato en las filas de los trabajadores desde el año 2005,
incluyendo a importantes figuras del movimiento obrero como el presidente de la
Unete-Aragua, Richard Gallardo, Luis Hernández, del sindicato de Pepsi Cola, y
Carlos Requena, dirigente sindical de Produvisa, todos ellos dirigentes de la
corriente C-Cura y de nuestro partido, la Unidad Socialista de Izquierda (USI).
“Hecho en
chavismo”
El gobierno
acuñó la frase “hecho en socialismo”, para publicitar sus obras. Pero en
realidad el modelo económico venezolano dista mucho de ser socialismo del siglo
XXI, o de cualquier otro siglo. Todos los días en las calles la gente protesta
en contra de los efectos de la depredación capitalista. La mitad de la
población en edad y disposición de trabajar es presa del desempleo, el
subempleo y la economía informal. La inflación acumulada entre 1998 y 2010 es
de un espectacular 753%. Los abultados ingresos petroleros han permitido
financiar programas sociales que cumplieron un rol positivo en los primeros
años del gobierno chavista, pero la tajada más gorda de la renta ha ido a parar
a los bolsillos de la burguesía. La redistribución de la riqueza se ha
realizado en sentido inverso al que publicita el gobierno. Las medidas de
ajuste contra los trabajadores han contrastado con los incentivos y subsidios
al sector empresarial: exoneraciones fiscales, préstamos de la banca pública
con bajísimas tasas de interés, enormes cantidades de dólares subsidiados para
la realización de importaciones. La participación del sector privado en el PIB
pasó de 65% en 1999 a 70,9% en 2009. En 1998 el sector asalariado participaba
de un 39,7% de la riqueza creada, mientras que los patrones se apropiaban del
36,2%. En 2008, a los trabajadores correspondió un 32,8% del valor creado, y la
burguesía se hizo con el 48,8%. Refiriéndose a las cifras económicas del primer
semestre del 2011, el profesor Miguel Ángel Hernández, secretario general de la
USI, explica en un artículo reciente que “en el socialismo del siglo XXI son
los banqueros los que más ganan, el sector financiero creció 9%... Fue el
sector que más creció. Mientras que el comercio, dentro del cual se incluye a
los importadores, creció 6,8%.
Un gobierno que se autodefine como «socialista»,
tiene como fundamental base de apoyo a dos de las áreas menos productivas del
capitalismo (bancos e importadores) y a dos de los sectores más
transnacionalizados (telecomunicaciones y petróleo)”.
La rabia y
la indignación popular en aumento
El fracaso
económico y social del modelo gubernamental obliga a la gente a salir a la
calle a defender sus derechos. El Observatorio de Conflictividad Social de
Clacso recoge cifras que ilustran el aumento de la combatividad popular. En
1999 hubo 800 manifestaciones, mientras que en 2010 se realizaron 3.300
manifestaciones. Este año, completado el mes de septiembre, ya se han realizado
4.015 protestas, de las que más de la tercera parte corresponden a acciones de
los trabajadores, el sector más efervescente. Hay un crecimiento sostenido en
el número de protestas, las cuales se radicalizaron, a pesar de la persecución
judicial en contra de los que luchan. Además, los trabajadores no son los
únicos que se movilizan: centenares de reclamos vinculados al tema de la
vivienda y los servicios públicos, la falta de presupuesto en las
universidades, los cortes en el suministro eléctrico, entre otros, son motivos
que llevan a miles a salir a las calles en todas las ciudades del país.
A pesar de
la gran extensión de las protestas, la debilidad del movimiento obrero y
popular estriba en la dispersión de las luchas. No hay organismos que
centralicen los reclamos, no hay una central obrera que convoque protestas o
huelgas unitarias. Sin embargo, el propio gobierno se está encargando de
presionar al movimiento de masas para que dé respuestas unificadas a los
ataques que sufre. La sentencia de siete años y medio de cárcel contra el
dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, en febrero de
este año, desencadenó una importante protesta obrera en Guayana y en todo el
país, incluyendo la amenaza de una huelga general. El gobierno se vio obligado
a instruir al Poder Judicial para que anulara la sentencia. El pasado 20 de
octubre se logró unificar los reclamos obreros después de muchos años, con la
jornada nacional de protesta, con más de 400 acciones en las que participaron
trabajadores de 16 estados del país, convocada por el Frente Autónomo en
Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess).
La derecha
no tiene nada que decir a los que luchan
La coalición
electoral de la derecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD ) tiene muy poco
que decir a quienes protestan en defensa de sus derechos. El eje de su discurso
es la defensa de la propiedad empresarial y del rol de los capitalistas en el
país, y su orientación es explícitamente contraria a la movilización. Según los
voceros de los partidos de la MUD , la salida a la crisis es electoral y
consiste únicamente en “salir de Chávez”. Podría parecer un contrasentido que
partidos políticos que se oponen al gobierno no intenten jugar un rol
protagónico en el intenso proceso de movilización obrera y popular. Pero en
realidad este comportamiento es coherente con la naturaleza de las
organizaciones que integran la MUD y con los intereses que defienden. Se trata
de partidos burgueses, cuyos dirigentes provienen del riñón del puntofijismo.
Además de que son aparatos burocráticos, clientelares y corruptos, están al
servicio exclusivo de la burguesía. Aspiran a gobernar el país, pero no para
satisfacer las demandas legítimas del pueblo que hoy toma las calles, sino para
servir de dique de contención a esas exigencias y tranquilizar a los
empresarios que ven con preocupación el auge de la protesta social. Su papel es
imponer la gobernabilidad burguesa, un propósito que pasa por desmovilizar a
quienes
vienen luchando.
vienen luchando.
En gran
medida, los dirigentes de la MUD saben que sus votaciones han crecido por
mérito del chavismo, que ha generado un importante voto castigo. Y aspiran a
ganar las elecciones presidenciales del 2012 por medio de ese mismo mecanismo.
De lograrlo, darán continuidad al saqueo de la renta petrolera, la entrega a
las transnacionales imperialistas, el clientelismo y la corrupción, y se
arrodillarán ante el gobierno de los EE.UU , como en la época del bipartidismo.
Una
alternativa política de los trabajadores y el pueblo explotado
Independientemente
del bando burgués que gane las elecciones presidenciales, en el 2013 se
instalará un gobierno de base precaria, en un contexto de auge de las luchas
populares. Desde ya, nuestro partido plantea que es necesario levantar un
programa alternativo frente a la crisis y viene realizando una campaña nacional
para visibilizar los aspectos que consideramos que debe contener ese programa.
Partimos de la recuperación de la plena soberanía sobre el petróleo y los
recursos naturales que el gobierno de Chávez ha entregado a capitales
transnacionales por la vía de las empresas mixtas. La recuperación de los
recursos que actualmente son saqueados por el imperialismo a través de las
transnacionales petroleras servirían para tomar medidas de emergencia como la
igualación del salario mínimo al monto de la canasta básica, así como construir
sistemas integrales de salud y educación con carácter estatal, gratuito y de
calidad. Asimismo, debe contemplarse la realización de una reforma agraria
integral, una reforma urbana y el impulso a un ambicioso plan de construcción
de viviendas con participación democrática de las comunidades populares y los trabajadores.
Ni el actual gobierno ni la MUD pueden adelantar semejante programa de
emergencia, por ello es imprescindible que se levante una alternativa política
que luche por un gobierno democrático de los trabajadores y las organizaciones
populares.
Artículo
publicado en la edición No. 31 de la revista Correspondencia Internacional,
publicación de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional.
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