viernes, 14 de enero de 2011

5 de febrero: movilización nacional para exigir aumento de salarios, defender el empleo y rechazar criminalización de la protesta



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Por: Laclase.info

Debido a la urgencia de expresar una respuesta de los asalariados del país a los recientes anuncios económicos gubernamentales que afectan el salario y ponen en peligro la estabilidad laboral de cientos de miles de trabajadores, los integrantes del Frente Sindical Autónomo en Defensa del Salario y del Empleo, decidieron adelantar la reunión que estaba pautada inicialmente para el 15 de enero.
Dicha reunión se llevó a cabo este sábado 8 de enero en Caracas, contando con una nutrida participación de dirigentes sindicales de todo el país y de diversas tendencias políticas e ideológicas que promueven el Frente Autónomo por la Defensa del Empleo y el Salario.
Movilización Nacional de Protesta el 5 de febrero de 2011
Entre sus conclusiones más importante, el Plenario Sindical acordó convocar a una movilización nacional para el día 5 de febrero, con el objetivo de exigir un aumento general de sueldos y salarios y rechazar las medidas económicas aprobadas por el gobierno nacional, como la unificación cambiaria, que representa un golpe artero al boslillo de millones de venezolanas y venezolanos.
El evento además acordó la reproducción de un documento nacional en el que se resumen los planteamientos del movimiento sindical autónomo en contra de la política gubernamental que afecta las relaciones contractuales y la seguridad en el trabajo. En uno de sus apartes, el manifiesto sindical expresa que “Dirigentes sindicales de todo el país, militantes de diferentes corrientes, frente a la creciente pérdida de los derechos laborales hemos decidido elevar nuestra voz clasista ante el país, considerando que el Gobierno nacional no acepta a ningún sindicato que disienta de sus políticas laborales y se manifieste por mejores condiciones de trabajo”.
Frente a la política de expropiaciones, los participantes rechazaron las acciones inconsultas y arbitrarias del Ejecutivo Nacional. Denunciaron que estas medidas a quienes más perjudican es a los trabajadores, por cuanto son desconocidos los contratos coletivos, se les impide la organización sindical autónoma y el gobierno impone funcionarios que pasan por encima de la voluntad de los trabajadores. Mientras esto sucede, a los empresarios se les compra o indemniza por valores superiores sus propiedades y se les permite que desconozcan los pasivos laborales, como aconteció en Sidor.
Que la crisis económica la paguen el gobierno y los empresarios
Los dirigentes sindicales concordaron en expresar que Venezuela no escapa a la crisis económica internacional y rechazaron que el gobierno nacional pretenda que sea el pueblo trabajador el que cargue con los costos de la misma.
Denunciaron que las medidas económicas aprobadas por el gobierno nacional favorecen a los empresarios, especialmente a las grandes multinacionales, a los importadores y exportadores que hacen grandes negocios bajo el amparo gubernamental, al nuevo empresariado (boliburguesía) surgido del control del aparato estatal y la amplia red de corruptos gubernamentales. Ese paquete de medidas económicas es de corte neoliberal y como tal hay que rechazarlo, expresaron los dirigentes sindicales.
Contra la criminalización de la protesta
Otra denuncia importante contemplada en el manifiesto acordado por la dirigencia sindical en la reunión de este sábado en Caracas, es el rechazo a la política de criminalización de la protesta que el gobierno nacional viene implementando contra quienes defienden los derechos de los trabajadores. En ese sentido se reiteró la exigencia de que se coloque en libertad en forma inmediata e incondicional del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González y se desprocesen a decenas de dirigentes sindicales que en la actualidad son perseguidos por defender en forma consecuente los derechos de los trabajadores.
Los trabajadores acordaron reivindicar las movilizaciones, los paros y la huelga como las principales armas de lucha para mejorar sus condiciones económicas, sociales y políticas.

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