Constituido Comité Tribunalicio por la Defensa del Empleo, el Salario y la Libertad Sindical

Una creciente desmejora en los derechos laborales, afecta a las 28.000 personas que trabajan en el Poder Judicial, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Defensa Pública y Escuela de la Magistratura. Este panorama es similar en otros Organismos Públicos y Empresas del Estado, debido al retroceso general que vive el empleo digno, estable y bien remunerado en la educación, el sector petrolero, en la salud, el Metro y las empresas básicas.
 El trabajo precario cada vez más extendido, evidencia el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana.

La política laboral del Gobierno y especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, lleva también al caos a los casi 6.500 trabajadores y trabajadoras que se desempeñaron en el Poder Judicial durante muchos años y que hoy cobran miserables jubilaciones o pensiones, cada vez más devaluadas frente a los elevados precios de la comida y los medicamentos. Por ello, todos los discursos sobre transformación en la Administración de Justicia, caen estrepitosamente al contrastarlos con la realidad: la casa de la justicia viola los derechos humanos de la clase trabajadora.

Además, la intromisión antiobrera del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, afectó al movimiento tribunalicio, llevándolo a perder su combatividad y su autonomía. Una veintena de directivos fue despedida en la década del gobierno de Chávez. Pero también la organización sindical está profundamente dividida, gracias al paralelismo auspiciado desde el Ministerio del Trabajo. Para colmo, los representantes que quedan en los 3 sindicatos existentes, tienen una conducta burocrática y miedosa, de espalda a los intereses de los trabajadores. Mientras, la confusión ideológica reina en la base laboral, que atemorizada y al mismo tiempo indignada, aún no articula respuestas acordes a la magnitud de las violaciones a que está sometida.

Otros efectos de la farsa revolucionaria chavista…

.- La convención colectiva está vencida desde junio de 2007. Son más de 3 años sin incremento salarial, ni mejoras en becas, uniformes, seguridad social, prevención y condiciones medioambientales de trabajo. En este tiempo creció la tercerización. Casi un 40% del personal activo es contratado. Se suprimió la estabilidad laboral que amparaba a los funcionarios del organismo, con resoluciones de reestructuración que permiten despedir selectivamente dirigentes sindicales y personal que manifiesta su disposición a luchar por sus derechos.

.- El Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad fue sustituido por el Fondo Auto administrado de Salud (FASDEM), con cobertura inferior al sistema existente al año 2010. Además, este cambio fue inconsulto y absolutamente violatorio a lo previsto en la convención colectiva vigente.

.- La flexibilización laboral se entronizó en la Administración de Justicia con horarios caprichosos, jornadas con trabajo extraordinario sin pago alguno y una arbitraria cancelación de compromisos económicos, como en el caso de los aguinaldos, que además de tardíos fueron reducidos.

.- El incumplimiento descarado a las más mínimas normas establecidas en la LOPCYMAT, junto con la prohibición de admitir reposos médicos, otorgar permisos para estudio y el terrorismo desplegado por los Superiores inmediatos del personal tribunalicio, produce el estrés que afecta la salud de miles de personas que terminan enfermas por el simple hecho de trabajar en el Poder Judicial.

Sin embargo, el detonante que viene a despertar buenos augurios para la recuperación del combativo movimiento tribunalicio, ha sido el reciente despido de 18 personas en los tribunales laborales de Caracas. Este grupo de trabajadores y trabajadoras fueron botados por exigir la discusión de la convención colectiva y el pago oportuno y completo de los aguinaldos, en diciembre del 2010. De igual forma, la materializada vulneración a la estabilidad laboral en los diferentes Circuitos Judiciales del país, ha permitido la integración de una silenciosa red de trabajadores y trabajadoras, dispuestos a luchar por su reincorporación.

Es por ello que se integró el Comité Tribunalicio por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, cuyas principales tareas son: denunciar la situación laboral en el Poder Judicial, derrotar a la burocracia sindical impulsando la unidad por la base, materializar el reenganche de todos los despedidos (sindicalistas y trabajadores) y lograr la firma de la 3ra. Convención Colectiva, con verdaderos defensores de los intereses de la clase trabajadora tribunalicia. Desde estas líneas llamamos a no desmayar, a apoyar las actividades del Comité, participando en sus reuniones y ampliando, en todo el país, sus núcleos por Estado. Justicia para el Trabajador de la Justicia!!!