Por Venezuelan Workers Solidarity
Desde Venezuelan Workers Solidarity, como colectivo de venezolanxs socialistas residenciados en los EEUU, queremos expresar nuestra solidaridad con la rebelión antirracista en curso y el movimiento por las Vidas Negras.
Es una justa lucha contra el racismo sistémico y la violencia policial y carceral que más tajantemente lo manifiesta. Exigimos justicia para George Floyd, asesinado por la policía en Minneapolis, el 25 de mayo, y para Breonna Taylor, asesinada por la policía en Lousville, Kentucky, el 13 de mayo. Recordamos que no ha habido justicia para Ahmaud Arbery, Eric Garner, Ramarley Graham, Kalief Browder, Michael Brown, Layleen Polanco, Sandra Bland, Tamir Rice, Trayvon Martin, y tantas otras víctimas del racismo policial y el ‘vigilantismo’ racista.
Exigimos la liberación inmediata de quienes siguen detenidos por las protestas, así como justicia para las más de doce personas asesinadas y los centenares de heridos en ellas. Repudiamos la criminalización de la protesta, el intento de militarizar las calles, y las movilizaciones de fascistas armados, envalentonados por el discurso de Donald Trump. La brutal represión desencadenada por la policía y la Guardia Nacional sobre protestas en docenas de ciudades deja claro que la prioridad del Estado es quebrar la solidaridad de clase, aislando y criminalizando a minorías, y arrebatar vidas para proteger la santidad de la propiedad privada inmobiliaria.
Desde la época de Reagan, pasando por Obama y ampliándose con Trump, se ha desarrollado en EEUU un sistema carceral masivo, con la mayor población presa del mundo y campos de concentración para inmigrantes indocumentados. Los cuerpos policiales están dotados con armamento de guerra y consumen cientos de miles de millones de dólares al año para la represión y el sostenimiento del orden capitalista. Esto se traduce en una brutalidad constante y ejecuciones extra-judiciales, la destrucción de familias negras e inmigrantes a través de encarcelamientos y deportaciones, y humillaciones y agresiones cotidianas. La quema del 3er Recinto Policial de Minneapolis muestra el deseo de borrar de las ciudades las fortalezas de esos cuerpos represivos.
La primera reacción de Trump––un supremacista blanco de extrema derecha, misógino y negacionista del cambio climático, representante de poderosos intereses corporativos, grupos paramilitares y evangélicos, con una base social de masas en sectores racistas y nacionalistas––fue intentar declarar un estado de excepción a través del ‘Acta de Insurrección’ para sacar al ejército a las calles. Incitó mayor brutalidad policial y ataques paramilitares invocando la frase de un policía racista de los años 60: ‘cuando comienzan los saqueos, comienzan los tiroteos’.
Por otro lado, alcaldes del Partido Demócrata, representantes de una coalición más liberal de la burguesía y que gobiernan en las principales ciudades, han desplegado sus policías cual ejércitos, usando toques de queda, técnicas de terror y redadas masivas para reprimir las protestas. Son cómplices, pese a sus discursos contra Trump, tanto de la crisis del Coronavirus como de la represión y también del mantenimiento del racismo sistémico, a través de sus políticas de expansión del aparato policial para apuntalar la austeridad.
El desprestigio de la institución policial es tal que el activismo no cree en las reformas superficiales. Varias ciudades han tenido que poner sobre la mesa recortes presupuestarios a los departamentos de policía, aunque sin proveer muchos números concretos o reducciones de personal. En las calles, los llamados al desmantelamiento de la policía, las prisiones, los campos de concentración y la policía migratoria se han vuelto más populares que nunca.
Por otra parte, para la izquierda, la intervención de Bernie Sanders ha sido bastante decepcionante. Aunque su campaña tenía el plan más elaborado entre los candidatos Demócratas para disminuir la brutalidad policial y el encarcelamiento masivo, en sus comunicados recientes ha enfatizado reformas de protocolo, códigos legales y de conducta, y llamado a quitarle fondos federales a policías locales que violen derechos civiles. Sin embargo, su propuesta de incrementar salarios para ‘profesionalizar’ aún más a las fuerzas policiales es, desde una perspectiva amigable, políticamente sorda. El movimiento ya sobrepasó al candidato.
Los grandes medios de comunicación han pretendido distraer la atención de la masividad del movimiento para dividirlo y criminalizar la protesta. Se enfocan en los saqueos, que son expresiones directas de rabia y desesperación ante una crisis social que crece mientras el gobierno destina muchos más recursos a subsidiar al gran capital que a apoyar a los 23 millones de desempleados y las decenas de millones más que viven precariamente. En su defensa encarnizada de la propiedad privada y el orden capitalista, las policías hieren y asesinan impunemente a los que luchan, y usan los toques de queda para intentar aterrorizar a las comunidades y criminalizar las mobilizaciones. Más de 10.000 personas han sido arrestadas en las protestas. Las personas detenidas son víctimas de un hacinamiento deliberado y privación de medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19. Además, se contabilizan más de 150 ataques a reporteros y periodistas en las protestas, así como a médicos y enfermeras, y observadores legales.
En contraposición a esta represión, la solidaridad de clase se ha hecho presente. En Nueva York, trabajadores del transporte, el sector laboral con más muertes por COVID proporcionalmente, se rehusaron a transportar a los detenidos de las marchas. Los conductores de autobuses, ambulancias y camiones de bomberos tocan sus cornetas en apoyo a las protestas. Enfermeros y médicos han salido tras turnos de trabajo a unirse a las protestas. Dentro de los sindicatos, sobre todo los de maestros, trabajadores públicos, salud, transporte, legales y sociales, movimientos de base están desafiando la pasividad y complicidad de los liderazgos burocráticos, organizando manifestaciones propias y exigiendo la expulsión de las centrales sindicales de los ‘sindicatos’ policiales y carceleros que defienden la violencia contra la clase trabajadora. Sindicalistas de base del sector público están combinando luchas contra los recortes presupuestarios que vienen con exigencias de des-financiar las fuerzas policiales e incrementar impuestos a los capitalistas.
La revuelta ha logrado ya conquistas. En Minneapolis, se arrestó al asesino de George Floyd, se incrementó la gravedad de su acusación, y se detuvo también a sus tres colegas que participaron del asesinato. La exigencia de recortar los presupuestos de la represión ha tenido gran repercusión. El Consejo Municipal de Minneapolis anunció que comenzaría a implementar (a mediano plazo) un plan para desmantelar la Policía e instaurar un programa de seguridad comunitaria, mientras que el Estado prosigue con una investigación del departamento por violaciones a los derechos civiles. En Los Angeles se anunció un recorte de $150 millones al presupuesto policial para financiar programas sociales. En el Estado de Nueva York, se plantean reformas al secretismo en el tratamiento de los abusos policiales y recortes presupuestarios.
No podemos obviar las formas en que este estallido antirracista nos interpela como venezolanxs. En el caso de Venezuela, los pueblos indígenas son objeto de criminalización y masacres, y la negación de sus más elementales derechos en favor de masivos proyectos extractivistas, mientras que los cuerpos policiales de exterminio como el FAES realizan miles de ejecuciones extrajudiciales cada año, focalizando su represión contra los jóvenes negros y mestizos de los barrios populares, con una de las tasas de asesinatos policiales más altas del mundo. Cuando se presentaron protestas masivas contra el hambre y la restricción de las libertades democráticas, en 2017, el gobierno de Maduro asesinó a más de cien personas y también militarizó las calles.
Repudiamos enérgicamente los intentos de los subordinados políticos de Trump en Venezuela, el autodenominado presidente interino Guaidó y su pseudo canciller Julio Borges, de argumentar que las protestas justas del pueblo estadounidense están infiltradas y azuzadas por agentes venezolanos. Esta propaganda criminal, además de encubrir las causas verdaderas de las protestas y buscar chivos expiatorios entre los inmigrantes, es un intento desesperado de pescar en el río revuelto de la crisis y llevar agua al molino de la injerencia imperialista en Venezuela.
Ni el gobierno dictatorial de Maduro ni la derecha proimperialista representan al pueblo venezolano, que en su gran mayoría simpatiza con la lucha contra el racismo en EEUU, y sufre el enorme peso del racismo estructural de nuestro país. Como colectivo, buscamos promover solidaridad, diálogo y aprendizajes mutuos entre las luchas antirracistas y anticapitalistas en nuestros países. Llamamos a quienes nos leen a solidarizarse con la rebelión en curso, y a tomar lecciones de ella para confrontar nuestra propia realidad nacional.
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