La Ley de Amnistía. El borrón y cuenta nueva de Guaidó y el imperialismo

Preparan un nuevo engaño

Quien hace la ley, hace la trampa. 

Por Armando Guerra 

La Asamblea Nacional presentó al país la ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los Militares y Civiles que Colaboren o Hayan Colaborado con la Restitución del Orden Constitucional.

Este es un instrumento con el que la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, pretenden establecer un pacto para perdonar a los civiles y militares ligados al gobierno, responsables de delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, actos de corrupción y crimen contra el patrimonio y el pueblo venezolano, realizados por funcionarios del gobierno, durante estos últimos veinte años.

Con esta ley se brinda el beneficio de la amnistía a “todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley” (Art. 1). Es decir, que mediante el beneficio excepcional que se les otorga “se produce la extinción de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, o tributaria, mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos que se han producido en general desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”. (Art. 2).

En términos concretos la AN y las organizaciones políticas de la oposición patronal, pretenden dejar sin efecto posibles penas contra los responsables de una amplia gama de actos delictivos, penales y criminales, en los que han participado tanto militares como civiles en el lapso de tiempo correspondiente a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y gozarán de esta gracia o amnistía siempre y cuando “contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la CRBV”. Es decir que a nombre de la constitución, se pretende encubrir todo género de fechorías.

A los integrantes de la AN, poco les importa el tamaño del delito, el desfalco a la nación, los crímenes en las cárceles y en los barrios, la ejecución del Arco Minero y los destrozos a las comunidades indígenas, o la muerte de centenares de niños en los hospitales o la desaparición de medicamentos, el desastre en el sistema educativo, todo ocasionado por la corrupción de funcionarios civiles y militares, empresarios e importadores de maletín.

La AN busca dividir a las fuerzas armadas para propiciar un golpe

Lo que se persigue con esta ley es brindarle un puente de plata a represores, violadores de derechos humanos y corruptos, perdonándoles sus delitos, siempre y cuando se pongan del lado de los partidos patronales de la AN, y propicien la ruptura del gobierno y de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de dar un golpe de Estado. Todo esto como parte de un plan de intervención del imperialismo en los asuntos internos de nuestro país. Este es el objetivo político fundamental de la ley.

En la práctica se les otorga un “salvoconducto”, para que criminales, ladrones, desfalcadores del dinero del pueblo venezolano, evadan la justicia, y puedan disfrutar sus millones obtenidos al amparo de toda clase de negocios turbios, en un eventual gobierno de los factores de la derecha tradicional agrupados en la AN, todo con el aval y respaldo del imperialismo.

Esto queda claro en el párrafo final de la exposición de motivos, donde se afirma que lo que se busca es“fijar una importante base para la facilitación de una transición política, en la cual se concreten los pasos para unas verdaderas elecciones presidenciales mediante votación universal, directa y secreta, revestida de todas las garantías democráticas”.
La Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó, el imperialismo y los partidos patronales, procuran el perdón y la impunidad de los delitos cometidos, con la idea de que con este ofrecimiento lograrán la ruptura de las Fanb con el gobierno, evitando de esta manera un estallido social, y que sean los trabajadores y el pueblo movilizados lo que derroten al gobierno hambreador de Maduro.

Una ley que establece sanciones a los jueces que no la cumplan

La ley además establece que: “Los funcionarios del sistema de administración de justicia que se nieguen a dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela”.
Es decir, que la AN y sus partidos, previendo que algún juez honesto no se preste para la vagabundería de perdonar a criminales y corruptos, les garantiza que el Estado será igual de corrupto que ellos.

Se sigue aplicando aquello de que “quien hace la ley hace la trampa”. Y al final, gobierno y oposición por ser patronos, son iguales.

A la Asamblea Nacional le aterra la movilización obrera y popular

Al igual que el gobierno y el mismo imperialismo, le tienen miedo a la movilización popular. Le tienen terror a que se produzca un desborde, y que sea el pueblo movilizado en las calles, el que decida su destino. No quieren que se produzca una situación de rebelión popular masiva como en el 2017. Durante todo ese año se dieron ejemplos de movilizaciones que amenazaban a la dirección de la MUD-FA, obligándolos a estar en las calles cuando las masas asumieron el claro objetivo de salir de Maduro, y el que ellos desviaron al acudir a las negociaciones con el gobierno, y a los procesos electorales. No es casual que varios diputados, descalificaran las protestas y saqueos que se produjeron en zonas populares, especialmente en Caracas, entre el 21 y 23 de enero.

Desde esos días, el pueblo trabajador ha asumido la calle, situación que no se puede adjudicar al liderazgo de Guaidó, este solo ha sido el canal mediante el cual se ha expresado el descontento popular, manifestando su deseo de salir del actual gobierno.

Nuestro partido plantea que no es Guaidó, ni el imperialismo, ni los militares a través de un golpe, quienes deben sacar a Maduro. Creemos que debe ser el pueblo, y las trabajadoras y trabajadores movilizados, quienes cumplan esta tarea. Queremos que se produzca una crisis en el gobierno y en las Fanb, pero que sea consecuencia de un amplio movimiento social, acaudillado por los trabajadores, que movilizado con independencia, exija en la calle la salida de Maduro.

Este grado de complicidad debemos denunciarlo y rechazarlo categóricamente. Llamamos a la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, a los sindicatos, estudiantes, a Provea y demás organizaciones de derechos humanos, a los sectores populares, a los familiares de las víctimas de la represión, y a los trabajadores en lucha, a repudiar esta nefasta ley.

El PSL rechaza categóricamente esta ley de la impunidad. Por el contrario, exigimos cárcel para los violadores de derechos humanos y para los corruptos, repatriación de los capitales fugados, y confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos.