Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica: mecanismo represivo contra la protesta popular

Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El gobierno de Nicolás Maduro es objeto de un enorme repudio popular, y ante el acelerado deterioro de la situación económica, este opta por defender los beneficios de los empresarios, y recrudece el “paquetazo” con el cual busca descargar la crisis sobre los hombros de la mayoría trabajadora del país.

Desesperados ante la imposibilidad de recuperar su base social, la boliburguesía que gobierna se ha dado a la tarea de restringir las libertades democráticas, con operativos represivos indiscriminados como la “Operación Liberación del Pueblo”, y maniobras que persiguen amedrentar a la población, como los recientes ejercicios cívico-militares en los que autoridades y funcionarios civiles participaron con armamento de guerra en simulacros de acciones represivas.

En este marco, el gobierno ha extendido la vigencia de la declaratoria de emergencia económica, una medida que permite al gobierno burlar la ley al otorgar permisos de importación y exportación, así como realizar gastos y emitir deuda sin pasar por la aprobación parlamentaria. Obviamente estas medidas no han aliviado de ninguna manera el sufrimiento de millones de personas que padecen los efectos de la terrible crisis económica, por el contrario, la crisis sigue empeorando. Maduro ha declarado un estado de excepción que faculta a los militares y a organismos civiles semiestatales, como los consejos comunales, a reprimir manifestaciones o “alteraciones del orden público”.

El objetivo de ese decreto está muy lejos de buscar soluciones reales a la crisis de desabastecimiento o enfrentar la delincuencia, lo que se persigue en realidad es aterrorizar y amedrentar a la población que está profundamente descontenta por la tragedia social y económica que vive en las colas, con bajos salarios, despidos, entre otras calamidades. Es el mismo expediente del pasado puntofijista y de dispositivos represivos como el tristemente célebre “Plan Unión”, operativos policiales de disuasión y prevención ante la eventualidad de protestas masivas o estallidos sociales.

Por otra parte, el gobierno viene suplantando las funciones de la Asamblea Nacional (AN) con fallos amañados del Tribunal Supremo de Justicia, que establecen nuevas normas cuasi legales, sobre la base de interpretaciones caprichosas de la Constitución. Estos fallos se han dirigido muchas veces a limitar o anular competencias legales de la AN , y en otras, a limitar derechos democráticos, como el derecho a la protesta, como sucedió con el dictamen que prohíbe realizar protestas ante las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral.

Todas estas medidas que establecen la suspensión permanente de varios artículos de la Constitución, que eliminan competencias del parlamento para concentrar facultades en el poder judicial y el ejecutivo, que atropellan los derechos democráticos de los trabajadores y la población, y que amplían las competencias represivas de las Fuerzas Armadas, constituyen una peligrosa escalada reaccionaria del gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a hacerse llamar “socialista” el gobierno de Maduro combina con esta orientación represiva el peor entreguismo ante el capital financiero internacional, al cual ha decidido pagar puntualmente todos los vencimientos de deuda externa aún al costo de reducir al mínimo las importaciones de alimentos y medicinas. Para realizar estos pagos, al mermar los ingresos petroleros por la caída de los precios a nivel internacional, Maduro aplica a rajatabla el archicapitalista “Plan de la Patria ” y decreta el peor saqueo minero de nuestra historia en el sur del país, entregando inmensas concesiones de minerales como el oro, diamantes, y el estratégico coltán a transnacionales imperialistas. Está claro que un gobierno odiado por el pueblo trabajador y empecinado en una política tan criminal, no debe continuar, y que todas las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares, deben articular esfuerzos para enfrentar el ajuste, parar el saqueo y exigir la salida de Maduro.

Millones de venezolanos consideran que el mecanismo para salir de Maduro debe ser el referendo revocatorio. Entendemos la frustración de estos venezolanos y su apuesta por un mecanismo establecido en la Constitución , y que el gobierno se empeña en impedir que se implemente, con toda clase de trampas y maniobras groseras. Pero debemos advertir que la MUD no es alternativa. El presidente de la AN , Henry Ramos Allup, ha admitido que un gobierno de la MUD profundizaría el ajuste. En casi seis meses de funcionamiento de la nueva AN, no ha surgido ninguna iniciativa para hacer frente al ajuste de Maduro. Por eso no apostamos al referendo revocatorio, sino a la movilización de los trabajadores y los sectores populares. Sólo de esa manera se puede lograr al mismo tiempo enfrentar al gobierno y también los planes ajustadores de la MUD, parar los proyectos de saqueo minero en el Arco del Orinoco, exigir un aumento general de salarios y que cese el pago de la deuda externa.

Desde el Partido Socialismo y Libertad consideramos que es urgente articular un polo o alianza de los sectores en lucha, del chavismo crítico y descontento con el actual gobierno, de las organizaciones obreras y populares, que impulse esta agenda y la movilización con independencia respecto del gobierno y la MUD. Esa es la verdadera salida al desastre que estamos atravesando.