Por: María E. Hermida Moreno / Profesora / Ddhh / @espehermida
Tomado del portal elmundo.com.ve
Venezuela regresa en 2015 a la época en que buena parte de la remuneración era bono
El decreto que creó el cesta ticket socialista, incrementa el porcentaje del ingreso percibido por el trabajador que no es salario. Ello a pesar que la tendencia del Estado a bonificar la remuneración mediante decretos del Ejecutivo Nacional, había sido revertida por primera vez en 1988 y luego en 1997.
En ese sentido, Venezuela regresa en 2015 a la época en que buena parte de la remuneración del empleo era bono y carecía de incidencia en prestaciones sociales, aguinaldo, vacaciones y otros conceptos relacionados con el salario.
Este retroceso lo impone el decreto 2.066 publicado en la Gaceta Oficial del 23/10/2015, al establecer que por concepto de cesta ticket el trabajador o trabajadora percibirá en el año en curso, el equivalente al 70% del salario mínimo, partiendo de calcular el cesta ticket a razón del 1,5 del valor de la UT.
Este aumento de la bonificación del ingreso, técnicamente conocido como desalarización, es un fenómeno muy preocupante, sobre todo porque podría convertirse en una tendencia irreversible un país cuya población laboral se concentra mayoritariamente -en términos de remuneración- en el segmento ubicado entre uno y dos salarios mínimos urbanos. Es decir, en vez de decretarse un aumento salarial suficiente, se incrementó una porción equivalente al 30% y sin medidas que controlen la inflación. Adicionalmente se aumentó el porcentaje de ingreso no salarial, con las secuelas que ello comporta en la caída de los sueldos reales y poder adquisitivo.
La bonificación del salario había sido progresivamente superada en Venezuela por dos vías. Primero, el 7 de marzo de 1988 la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia declaró que el bono compensatorio era salario, anulando el artículo 7 del decreto 1.538 y el articulo 4 del decreto 1.539, ambos dictados por el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi, el 29 de abril de 1987. Los demandantes fueron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio Nacional de Psicólogos, la Asociación de Empleados de la UCV, el Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela, el Sindicato de Artes Gráficas de Caracas, la Unión de Trabajadores Textiles y el Sindicato de Ascensoristas.
Segundo, casi diez años después, con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, el parágrafo primero de su artículo 133, estableció una limitante al porcentaje del salario convertible en bono, definiendo su tope en 20%. Si bien la modificación global la ley sustituyó el régimen de prestaciones sociales, un punto favorable lo representa el rescate de la figura del salario. En la coyuntura de 1995-1996 el salario se había debilitado producto de los bonos de transporte y alimentación decretados por el Ejecutivo mientras la inflación llegó al 103%.
El decreto presidencial 2.066 que creó el cesta ticket socialista, además derogó la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004, y cuya reforma más reciente fue en noviembre del año pasado. El parágrafo tercero de su artículo 5 establecía el 30% del salario como tope para el otorgamiento del pago por complemento alimentario, bien por vía de ticket electrónico o su equivalente.
De allí que vigencia del cesta ticket socialista en los términos planteados, echa por tierra el fortalecimiento del salario y de su poder adquisitivo.
En ese sentido, Venezuela regresa en 2015 a la época en que buena parte de la remuneración del empleo era bono y carecía de incidencia en prestaciones sociales, aguinaldo, vacaciones y otros conceptos relacionados con el salario.
Este retroceso lo impone el decreto 2.066 publicado en la Gaceta Oficial del 23/10/2015, al establecer que por concepto de cesta ticket el trabajador o trabajadora percibirá en el año en curso, el equivalente al 70% del salario mínimo, partiendo de calcular el cesta ticket a razón del 1,5 del valor de la UT.
Este aumento de la bonificación del ingreso, técnicamente conocido como desalarización, es un fenómeno muy preocupante, sobre todo porque podría convertirse en una tendencia irreversible un país cuya población laboral se concentra mayoritariamente -en términos de remuneración- en el segmento ubicado entre uno y dos salarios mínimos urbanos. Es decir, en vez de decretarse un aumento salarial suficiente, se incrementó una porción equivalente al 30% y sin medidas que controlen la inflación. Adicionalmente se aumentó el porcentaje de ingreso no salarial, con las secuelas que ello comporta en la caída de los sueldos reales y poder adquisitivo.
La bonificación del salario había sido progresivamente superada en Venezuela por dos vías. Primero, el 7 de marzo de 1988 la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia declaró que el bono compensatorio era salario, anulando el artículo 7 del decreto 1.538 y el articulo 4 del decreto 1.539, ambos dictados por el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi, el 29 de abril de 1987. Los demandantes fueron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio Nacional de Psicólogos, la Asociación de Empleados de la UCV, el Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela, el Sindicato de Artes Gráficas de Caracas, la Unión de Trabajadores Textiles y el Sindicato de Ascensoristas.
Segundo, casi diez años después, con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, el parágrafo primero de su artículo 133, estableció una limitante al porcentaje del salario convertible en bono, definiendo su tope en 20%. Si bien la modificación global la ley sustituyó el régimen de prestaciones sociales, un punto favorable lo representa el rescate de la figura del salario. En la coyuntura de 1995-1996 el salario se había debilitado producto de los bonos de transporte y alimentación decretados por el Ejecutivo mientras la inflación llegó al 103%.
El decreto presidencial 2.066 que creó el cesta ticket socialista, además derogó la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004, y cuya reforma más reciente fue en noviembre del año pasado. El parágrafo tercero de su artículo 5 establecía el 30% del salario como tope para el otorgamiento del pago por complemento alimentario, bien por vía de ticket electrónico o su equivalente.
De allí que vigencia del cesta ticket socialista en los términos planteados, echa por tierra el fortalecimiento del salario y de su poder adquisitivo.
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