El chavismo y la corrupción

Por: Simón Rodríguez Porras*


La detención en Haití de dos sobrinos de Cilia Flores bajo cargos de conspiración para traficar drogas a EEUU, contando con pasaportes diplomáticos, es el más reciente en una larga racha de escándalos de corrupción que se han concatenado desde los primeros años del gobierno chavista.

Pese a que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de Hugo Chávez para enfrentar al degenerado bipartidismo, al llegar al poder su gobierno dejó en la más completa impunidad a los perpetradores de los desfalcos del período puntofijista, algunos de cuyos insignes delincuentes de cuello blanco volvieron al país como socios del chavismo, como el caso del banquero Orlando Castro, famoso por el desfalco de Seguros Progreso. El nuevo gobierno de igual forma dio rienda suelta a una nueva ola de corrupción desenfrenada. Desde que arrancó la ejecución del Plan Bolívar 2000 y la adjudicación de un importante presupuesto para contratar obras y servicios a militares, la corrupción avanzó sin mayores obstáculos. Los generales Cruz Weffer y Rosendo fueron señalados por amasar enormes fortunas, en el caso de Cruz Weffer han transcurrido más de diez años de procesos judiciales sin conclusión. En cuanto a Rosendo, huyó del país luego de participar en el golpe de Estado de 2002.

Chávez personalmente intercedió en favor de su mentor político Luis Miquilena cuando fue acusado por actos de corrupción en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz del proceso contra Miquilena, Chávez rompió relaciones con el entonces Fiscal General, Javier Elechiguerra, quien había sido abogado defensor de Chávez durante su juicio por rebelión militar en 1992.

El nepotismo facilitó toda clase de negocios turbios. Chávez llevó a su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y a su hermano, Adán Chávez, a la gobernación del estado Barinas en períodos sucesivos. Adán también ejerció cargos de ministro y embajador, otros de sus hermanos, Argenis, fue presidente de Corpoelec y Director Ejecutivo de la Magistratura, y Aníbal ha sido alcalde de Sabaneta. Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón, quien ejerció varios cargos de ministro bajo el gobierno de Chávez, fue detenido en 2009 por su responsabilidad en la apropiación fraudulenta de fondos de tres bancos privados de los que era directivo, Baninvest, Central y Real. En 2012 fue liberado.

Importantes operadores del chavismo en el sistema judicial también se vieron involucrados en escándalos de corrupción. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Aponte Aponte y Velásquez Alvaray se encuentran prófugos actualmente. Aponte Aponte reconoció en 2012 haber intercedido para favorecer a narcotraficantes y haber preparado sentencias bajo instrucciones precisas del gobierno. Uno de los fallos de Aponte Aponte fue el que determinó que el preso político indígena Sabino Romero fuera trasladado a la Cárcel Nacional de Trujillo, como represalia por las protestas realizadas por indígenas yukpa ante la sede del TSJ en el año 2010. Velásquez Alvaray, quien antes de ser magistrado había sido diputado por el Movimiento Quinta República (MVR), el partido de Chávez, huyó del país al detectarse su responsabilidad en un terrible desfalco en la ejecución de obras de construcción. Velásquez Alvaray fue el primero en proponer la reelección indefinida de Chávez.

La corrupción llegó a generalizarse a tal punto que el propio Chávez tuvo que hacer algunos gestos hacia la tribuna para desmarcarse personalmente del fenómeno. En noviembre de 2009, reprendió públicamente al entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, por estar presuntamente inflando costos en un proyecto de infraestructura vial en el estado Lara, al elaborar un proyecto que casi doblaba en costo al presentado originalmente por el gobernador Henri Falcón. A pesar de ello, Cabello fue mantenido por Chávez en las más altas esferas del poder, hasta su elección como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que desempeña desde 2010.

El gobierno dejó correr la corrupción como un recurso clientelar para lograr cohesión interna y cooptar a militares, empresarios y civiles. Sancionó la corrupción en el caso de disidentes como el general Baduel, apresado luego de oponerse a la Reforma Constitucional de 2007, y también premió a aquellos opositores que se incorporaron a las filas de la política oficial, eliminando los juicios por corrupción en su contra. Tal fue el caso del ex gobernador de Aragua Didalco Bolívar y del ex gobernador de Anzoátegui, David De Lima, quienes pasaron de las filas de la oposición a las del chavismo en 2012. Por disputas a lo interno del Psuv con el gobernador de Bolívar, Rangel Gómez, también fue detenido y acusado de corrupción recientemente el alcalde de Caroní, José Ramón López.

La relación del alto gobierno con el tráfico de drogas adquirió notoriedad con la detención de Walid Makled, un narcotraficante que había detentado la concesión privada para manejar uno de los puertos más importantes del país, Puerto Cabello. El ex ministro de Finanzas y ex gobernador de Aragua, uno de los políticos del círculo cercano a Chávez, Rafael Isea, huyó a EEUU y presuntamente trabó un acuerdo con la DEA para brindar información sobre redes de narcotráfico a cambio de inmunidad. Posteriormente, en 2014, el ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal fue detenido en Aruba bajo acusaciones de estar ligado a actividades de narcotráfico.

La administración del régimen cambiario, que mantiene una tasa de cambio subsidiada para empresarios importadores, permitió fraudes por más de 20 mil millones de dólares nada más en el año 2012, según declaraciones de la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmee Betancourt. Entre 2003 y 2015 se estima que la fuga de capitales ha sido de más de 150 mil millones de dólares, de los cuales un porcentaje significativo corresponde a asginaciones fraudulentas de divisas por parte del gobierno, tanto a empresarios tradicionales como al sector emergente de burgueses conocidos popularmente como boliburgueses. En este contexto no es sorprendente que haya fortunas provenientes de Venezuela en paraísos fiscales como Andorra. O que fondos de la Corporación Venezolana de Guayana bajo la gestión de Rodolfo Sanz, otro encumbrado burócrata chavista, hayan ido a parar a El Líbano.

Un caso singular del paso de burócrata a capitalista que ha dado parte de la nomenclatura chavista es el de Julio Montes, quien fungió como ministro y luego embajador en Bolivia hasta 2009. Actualmente es el vicepresidente de la empresa ferroviaria más importante de ese país andino.

Lo cierto es que la corrupción es consustancial al modelo político chavista, tanto como lo fue al puntofijismo. El chavismo desde sus inicios hasta la actualidad ha sido un proyecto nacionalista-burgués, dirigido por sectores de la burocracia civil y militar, y ahora de la nueva burguesía, cuyo propósito ha sido construir una nueva gobernabilidad sobre la base de la administración de la renta petrolera y la alianza con sectores burgueses nacionales. Un modelo en el cual la corrupción es al mismo tiempo un mecanismo de acumulación y de mediación para el acceso del capital privado a la renta petrolera. De ahí que sea aceptado por el gobierno y la MUD como un fenómeno más o menos normal de la política nacional.

Si empiezan a aparecer casos que superan todo lo visto anteriormente, como la detención de los sobrinos de Cilia Flores, es por el agravamiento de la crisis del gobierno. En el marco de una debacle económica y la aplicación de un ajuste salvaje contra la población, erosionada su base social de apoyo y aproximándose a una probable derrota en las elecciones parlamentarias, recrudecen las contradicciones internas del chavismo. Ocurren deserciones como la de Franklin Nieves, fiscal que desde EEUU aseguró haber participado de un montaje judicial contra el político derechista Leopoldo López. Se tornan más violentas las disputas internas en el Psuv. Aún no hemos visto lo peor.

* Candidato a diputado por el voto lista del Partido Socialismo y Libertad (PSL) en el estado Mérida.