La sentencia contra López criminaliza la oposición política

Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El jueves, 10 de septiembre, la jueza Susana Barreiros sentenció al dirigente del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, a 13 años y nueve meses de prisión, por instigación pública, incendio intencional y daños a la propiedad pública en calidad de autor intelectual, y asociación para delinquir. Todos estos cargos relacionados con los hechos de violencia acaecidos en Caracas el 12 de febrero del año pasado.

Nuestro partido tiene una clara posición política de enfrentamiento a la MUD, así como al sector encabezado por Leopoldo López y su partido VP. No tenemos nada que ver con la política que representan, que en última instancia defiende los intereses de la burguesía nacional y del imperialismo.

Siendo López un protagonista del golpe de Estado del 2002, así como del paro-sabotaje a Pdvsa, tuvo méritos para haber sido enjuiciado y sentenciado hace más de una década, por estas acciones contra el pueblo venezolano. Sin embargo, esto no se concretó porque siendo Chávez presidente, amnistió a la gran mayoría de los golpistas en diciembre del 2007.

A diferencia de lo que plantea la propaganda oficial, a López no se le está condenando por su actuación en el golpe y el paro patronal del 2002, ni por su vinculación con las llamadas guarimbas, lo condenan por supuestamente haber incitado a la violencia del 12 de febrero del año pasado. Según las autoridades el contenido implícito de su discurso desencadenó hechos de violencia en los que hubo daños a la propiedad y tres fallecidos. No se le enjuició por algo que haya dicho directamente, sino por lo que, según la interpretación de las autoridades, está sugerido en sus palabras. Por otra parte, quienes están siendo enjuiciados hasta ahora por los asesinatos del 12 de febrero son funcionarios del Sebin y la GNB que actuaron al servicio del Estado.

Nuestro partido rechaza categóricamente que se persiga y criminalice a personas y partidos por fijar una posición política de oposición al gobierno. El recurso que hoy se emplea contra un político de la MUD, mañana se podría usar contra cualquiera que se oponga al gobierno, que convoque a una marcha por aumento de salarios, por la discusión de contratos colectivos, contra el aumento de los precios y el desabastecimiento, o en defensa de algún derecho democrático vulnerado por el gobierno y las instituciones estatales.

Los socialistas revolucionarios no podemos entregarle un cheque en blanco al Estado burgués venezolano, a su policía, a sus tribunales, para que tengan la potestad de decidir cuándo un discurso, un volante, un documento, o cualquier otra acción política antigubernamental es a su juicio “incitador” o “incendiario”. Esa es una aberración antidemocrática. Para nosotros, cualquier restricción a los derechos democráticos en manos del Estado burgués imperante, aunque se dirija inicialmente contra un político propatronal, se revertirá tarde o temprano contra la lucha de los trabajadores y el pueblo. Rechazamos la condena a López por la misma razón que nos lleva a oponernos a la OLP y sus ejecuciones sin juicio, a las deportaciones indiscriminadas en la frontera, y cualquier otro mecanismo gubernamental que sirva para criminalizar e intimidar a la población para que no proteste o exija sus derechos.

La sentencia contra López no hace justicia al pueblo trabajador. Los crímenes del golpe y del paro petrolero del 2002, siguen impunes por decisión del gobierno de Chávez. Las muertes de 43 personas entre febrero y abril del año pasado por parte de cuerpos represivos, grupos parapoliciales y activistas de “La Salida”, no se han investigado debidamente.

Lo que sí hace la sentencia es facultar a la boliburguesía en el poder para criminalizar la opinión disidente, especialmente la de los que además de enfrentar las políticas antiobreras de este gobierno, nos oponemos a la MUD y al sector de “La Salida”, encabezado por López.

No podemos avalar que las mismas autoridades que metieron preso a Sabino Romero en 2009 mediante un montaje judicial, que tienen preso hoy al obrero Rodney Álvarez de Ferrominera, y antes tuvieron detenidos a Rubén González, a 8 trabajadores de Civetchi, a nuestros camaradas petroleros detenidos en febrero del 2014 por luchar por el contrato colectivo, entre otros muchos luchadores detenidos, dispongan ahora de una jurisprudencia aberrante para criminalizar toda disidencia.