La sentencia contra el dirigente político Leopoldo López y los tres estudiantes ha visibilizado, por lo menos para un sector que no se había percatado, del irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela.Dejemos algo claro de entrada: No se trata de si usted o yo nos simpatiza o no la propuesta política del líder del partido Voluntad Popular, sino del escrupuloso respeto al debido proceso, una condición necesaria para cualquier tribunal que se precie como justo e independiente.
Las anormalidades en el juicio llevado en su contra son tan burdas que han obligado a pronunciarse a personas y organizaciones que han tenido expectativas con el proyecto político bolivariano. Por ejemplo la organización WOLA, siglas de The Washington Office on Latin America, una iniciativa de larga data dentro de Estados Unidos cuyo auditorio es y ha sido la intelectualidad progresista y de izquierda en las tierras del Tío Sam, cuyos informes y opiniones son citadas para personalidades como Noam Chomsky. “La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, Directora Ejecutiva de WOLA. “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, expresó.
David Smilde, asesor de la organización por su parte expresó: “La gravedad de las acusaciones del gobierno contra López demanda un proceso judicial serio. Sin embargo, el juicio mostró escaso respeto por la evidencia real y apenas siquiera tenía la pretensión de independencia judicial”. En su comunicado WOLA dijo: “Por ejemplo, el tribunal permitió que el gobierno presentara más de un centenar de testigos, mientras que todos de los testigos del demandado fueron excluidos del proceso menos dos. Por otra parte, la jueza que presidió tiene solamente un nombramiento provisional, y por lo tanto podría ser removido por el gobierno en cualquier momento. Esta situación precaria elimina cualquier oportunidad de independencia judicial que la jueza hubiera querido ejercer”.
Sin embargo, López y los estudiantes Holdack, García y González sólo son los casos más recientes y mediáticos de una situación que, a juicio de Provea, constituye la segunda situación más preocupante en materia de derechos humanos en el país: La falta de justicia. Una ausencia que, hay que repetirlo hasta la saciedad, afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque si López, con todos los recursos a su disposición, tuvo el juicio que tuvo, imagínense lo que les queda a las familias que no pueden ni siquiera pagar un abogado.
Cualquiera que haya tenido contacto con los tribunales o con los centros de privación de libertad sabe de lo que estamos hablando. Ante la falta de garantías y la impunidad reinante para los funcionarios policiales, los familiares deben pagar por cualquier mínima diligencia, e incluso para poder visitar a sus seres queridos donde se encuentren recluídos. A pesar de las coimas, el retardo procesal es la constante, no la excepción. Y según han reconocido las propias autoridades, casi el 70% de los jueces y juezas han sido designados de manera provisional, es decir no por concurso de credenciales, por lo que sus decisiones están apegadas a valores y fidelidades diferentes a la justicia. Cuando las familias no cuentan con recursos para contratar un abogado, una defensa pública insuficiente y desbordada asume los casos, ni siquiera revisando con atención el expediente y aconsejando, casi siempre, que la persona reconozca los cargos, y con ello su responsabilidad, para intentar solventar su situación a futuro con la recepción de algún beneficio procesal. Luego, las personas deben cumplir su condena en prisiones controladas por los propios internos, en donde además de sufrir todas las humillaciones imaginables, deben pagar semanalmente un tributo, la llamadas “causa”, a quien controla la cárcel. Y todo lo anterior si el sistema mueve su andamiaje, porque cuando no las omisiones son la fuente de la injusticia, como nos lo recuerda la desaparición de Alcedo Mora y los hermanos Vergel.
Los casos abundan. Entre los conocidos las arbitrariedades judiciales contra el trabajador de Ferrominera Rodney Alvarez, el líder pemón Alexis Romero, el señor barquisimetano Jimmy Torres o la señora María Elena Uzcátegui, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, las personas de nacionalidad colombiana, con papeles en regla y no vinculados a delito, detenidos por el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), el caso de los detenidos en el bar Frank Garden de Caracas, los indígenas wayúus detenidos por trasladar 2 pollos y 4 paquetes de harina pan, como ha denunciado el Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Los tribunales del país resumen la indefensión del ciudadano común ante un Estado arbitrario, sin contrapesos ni independencia de poderes.
La necesaria transformación del sistema de administración de justicia debería ser una cruzada en la que debemos estar convocados todas y todos.
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