30.11.2014
La seguridad social es un sistema donde todas las personas económicamente activas y las empresas y entes patronales contribuimos.Este aporte es administrado en Venezuela por el Estado y su distribución equitativa debería garantizar vida digna para quienes nos antecedieron, lo que se conoce como solidaridad inter generacional, pero también para el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, luego de 15 años de vigencia de la CRBV y a 12 años de dictada la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSS), no hay una estructura operativa y eficaz de la seguridad social, sino que perviven más de 400 regímenes generales y especiales, dictados para diversos sectores de la población que laboran para el Estado o sus empresas, con exclusión de un gran número de personas. Además subsiste el IVSS y su ley.
Desde 1999 proliferaron decretos presidenciales asistencialistas, espasmódicos y con fines electorales, orientados a otorgar sólo pensiones de vejez. Lo más lamentable es que la continuidad en el pago de este beneficio depende del ingreso petrolero y no de un sistema de seguridad social financieramente sustentable, ya que ni la ley de pensiones se ha dictado.
Recordemos que desde 1948, la seguridad social está reconocida como derecho fundamental en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus mecanismos se concibieron y desarrollaron durante la historia de la humanidad, reconociendo la existencia de estados de necesidad en los que pueden incurrir las personas, e involucrando la responsabilidad del Estado en garantizar medios de subsistencia digna para quienes no pueden continuar en el sistema productivo, bien sea por razones de edad, salud u otras situaciones.
El especialista venezolano en seguridad social, Absalón Méndez, ha señalado que “…Este derecho humano conlleva a un deber del Estado para hacerlo efectivo y en Venezuela, por mandato del artículo 86 de la Constitución, esta garantía implica la creación de sistemas y regímenes de seguridad social, sustentados legalmente…”
La deuda gubernamental por la ausencia de una legislación específica, es inmensa y se agrava si consideramos que desde el 5 de noviembre de 1982,Venezuela es signataria del Convenio 102 emanado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocido como Norma Mínima de Seguridad Social, que establece un mandato para los Estados miembros, en el sentido de legislar internamente para garantizar el acceso a este derecho.
Ahora bien, según estudios de PROVEA, en el período 2009-2013 retrocedieron los indicadores de universalidad y participación debido a la incoherencia y falta de continuidad en las políticas públicas sobre seguridad social y menos aún, un enfoque de derechos humanos.
De hecho, por vía de decretos presidenciales sólo se incorporó en los últimos cinco años a un mayor número de personas no cotizantes en el disfrute de la pensión de vejez. Esto elevó las cifras: de 1.046.949 beneficiarios en 2009, a 2.517.401 en 2013. El gran salto se produjo realmente entre 2011 y 2012 (año de elecciones presidenciales): de 1.406.230 a 2.436.306 nuevos beneficiarios.
Para financiar este chorro de pensiones de vejez, el Sistema de Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV) reportó que el gasto público en seguridad social representó para 2009 el 4,82% del PIB, mientras que para 2010 significó el 4,94%. Lo que significa que en estos 2 años, la seguridad social acaparó en promedio un 29,03% de la inversión social total del Estado, sólo superado por educación. De 2011 en adelante el SISOV no ofrece información.
Por su parte, Transparencia Venezuela, indica que si bien los montos presupuestarios o porcentuales que el Estado destina a la seguridad social son importantes, deben analizarse incorporando los efectos de la inflación.En este sentido, advierte que en 2013 hubo una merma real del 19% en la inversión para este rubro, sólo considerando el IVSS.
Considerando los datos de PROVEA, esta baja podría explicarse por la reducción en el ritmo de otorgamiento de las pensiones de vejez contempladas en la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, que en el año 2012 fueron 147.274 nuevas asignaciones y en 2013 alcanzó 101.354 (26,34% menos)
Lo cierto es que tenemos más pensionados por vejez a punta de decretos presidenciales dictados entre 2009 y 2013, no tenemos ley de pensiones y un ingreso petrolero mermado por la baja en sus precios internacionales. Así las cosas, la seguridad social se pudiera convertir en nuestro nuevo polvorín para 2015, ha señalado responsablemente Absalón Méndez.
Sin embargo, luego de 15 años de vigencia de la CRBV y a 12 años de dictada la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSS), no hay una estructura operativa y eficaz de la seguridad social, sino que perviven más de 400 regímenes generales y especiales, dictados para diversos sectores de la población que laboran para el Estado o sus empresas, con exclusión de un gran número de personas. Además subsiste el IVSS y su ley.
Desde 1999 proliferaron decretos presidenciales asistencialistas, espasmódicos y con fines electorales, orientados a otorgar sólo pensiones de vejez. Lo más lamentable es que la continuidad en el pago de este beneficio depende del ingreso petrolero y no de un sistema de seguridad social financieramente sustentable, ya que ni la ley de pensiones se ha dictado.
Recordemos que desde 1948, la seguridad social está reconocida como derecho fundamental en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus mecanismos se concibieron y desarrollaron durante la historia de la humanidad, reconociendo la existencia de estados de necesidad en los que pueden incurrir las personas, e involucrando la responsabilidad del Estado en garantizar medios de subsistencia digna para quienes no pueden continuar en el sistema productivo, bien sea por razones de edad, salud u otras situaciones.
El especialista venezolano en seguridad social, Absalón Méndez, ha señalado que “…Este derecho humano conlleva a un deber del Estado para hacerlo efectivo y en Venezuela, por mandato del artículo 86 de la Constitución, esta garantía implica la creación de sistemas y regímenes de seguridad social, sustentados legalmente…”
La deuda gubernamental por la ausencia de una legislación específica, es inmensa y se agrava si consideramos que desde el 5 de noviembre de 1982,Venezuela es signataria del Convenio 102 emanado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocido como Norma Mínima de Seguridad Social, que establece un mandato para los Estados miembros, en el sentido de legislar internamente para garantizar el acceso a este derecho.
Ahora bien, según estudios de PROVEA, en el período 2009-2013 retrocedieron los indicadores de universalidad y participación debido a la incoherencia y falta de continuidad en las políticas públicas sobre seguridad social y menos aún, un enfoque de derechos humanos.
De hecho, por vía de decretos presidenciales sólo se incorporó en los últimos cinco años a un mayor número de personas no cotizantes en el disfrute de la pensión de vejez. Esto elevó las cifras: de 1.046.949 beneficiarios en 2009, a 2.517.401 en 2013. El gran salto se produjo realmente entre 2011 y 2012 (año de elecciones presidenciales): de 1.406.230 a 2.436.306 nuevos beneficiarios.
Para financiar este chorro de pensiones de vejez, el Sistema de Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV) reportó que el gasto público en seguridad social representó para 2009 el 4,82% del PIB, mientras que para 2010 significó el 4,94%. Lo que significa que en estos 2 años, la seguridad social acaparó en promedio un 29,03% de la inversión social total del Estado, sólo superado por educación. De 2011 en adelante el SISOV no ofrece información.
Por su parte, Transparencia Venezuela, indica que si bien los montos presupuestarios o porcentuales que el Estado destina a la seguridad social son importantes, deben analizarse incorporando los efectos de la inflación.En este sentido, advierte que en 2013 hubo una merma real del 19% en la inversión para este rubro, sólo considerando el IVSS.
Considerando los datos de PROVEA, esta baja podría explicarse por la reducción en el ritmo de otorgamiento de las pensiones de vejez contempladas en la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, que en el año 2012 fueron 147.274 nuevas asignaciones y en 2013 alcanzó 101.354 (26,34% menos)
Lo cierto es que tenemos más pensionados por vejez a punta de decretos presidenciales dictados entre 2009 y 2013, no tenemos ley de pensiones y un ingreso petrolero mermado por la baja en sus precios internacionales. Así las cosas, la seguridad social se pudiera convertir en nuestro nuevo polvorín para 2015, ha señalado responsablemente Absalón Méndez.
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