Por Esperanza Hermida (C-CURA)
Con más de 30 testimonios sobre violaciones concretas a las libertades sindicales de la clase trabajadora venezolana, fue recibida la delegación de la OIT presente en el país, en reunión sostenida con las organizaciones que integran la Unidad de Acción Sindical. Esta sesión de trabajo celebrada el pasado 30 de enero, en horas de la noche, está recogida en la compilación fotográfica que el compañero Leonel Grisett, de Coalición Siderúrgica de SUTTIS, facilitó a Esperanza Hermida para la presente publicación de Deslinde.
Deseamos recordar que del 27 al 31 de enero de
2014, una Misión Especial de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) visitó Venezuela, con motivo de las denuncias por violaciones
a la libertad sindical que fueron formuladas inicialmente por el
sector de los empleadores, y a las cuales progresivamente se incorporaron las del sector de
los trabajadores y trabajadoras.
Uno de los momentos más difíciles de esta diatriba lo representó la
acción de Queja presentada por la Federación
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) ante
el Comité de Libertad Sindical, conocido como el caso 2254. En esa oportunidad, la patronal venezolana argumentó haber sido víctima de limitaciones a sus derechos, lo que mereció una encendida respuesta de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que tildó de falsas las versiones ofrecidas por FEDECAMARAS.
Voceros de la UNT, como Servando Carbone (Programa La Entrevista, de Unión Radio, miércoles 29.01.2014), han declarado que entre 2010 y 2011, esta central sindical logró que no fuera aprobada la visita de la OIT al país, con base a la denuncia de los patronos. Manifestó que, en todo caso, la revisión que debería hacerse era con respecto a la situación de los derechos sindicales de trabajadores y trabajadoras.
No obstante, en 2011, Nicolás Maduro, entonces Canciller venezolano, invitó a la OIT a Venezuela. Dijo en aquella época que el objetivo del gobierno de Chávez con esa invitación, era demostrar a este organismo de la Naciones Unidas, la existencia de amplias libertades para el ejercicio de la libertad sindical por parte de los patronos... Mientras, los sindicatos de trabajadores decidieron aprovechar la presencia de la OIT para hacer otra demostración: la violación de derechos a la clase trabajadora venezolana!
Desde 1999 diversas son las denuncias contra el Estado
venezolano presentadas por organizaciones de trabajadores y trabajadoras del
sector público y del sector privado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Y si bien una de ellas fue suscrita por la Confederación de
Trabajadores de Venezuela, otras han sido presentadas por una variopinta represenación sindical, como es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), Sindicato Único Nacional de
Empleados Públicos del Ministerio de Salud (SUNEP-SAS), la Federación Médica
Venezolana (FMV), Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Sindicato
Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-GUAYANA). Esta última incorpora la situación del dirigente
sindical Rubén González, víctima de encarcelamiento y enjuiciamiento penal por
efectuar una huelga en 2009.
Además, la lista está integrada por la denuncia del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (SINTRAINCES), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Falcón sobre el caso de Iván Freites, y la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo y del Gas, (FUTPV) por el caso de José Bodas, Frank Luna e Iván Freites, discriminados por PDVSA al impedírseles su legítimo derecho a participar en las discusiones de la convención colectiva petrolera.
Una de las más recientes es la denuncia de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), que demuestra las amenazas a la libertad sindical
contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
Hasta 2013, las
denuncias registradas por la OIT incluyen también a la Alianza Nacional de Trabajadores
Cementeros y al Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología;
el caso del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de los Derivados de
Hidrocarburos y Petroquímicosde Carabobo, que fue apoyado por la Federación Unitaria de
Sindicatos Bolivarianos de esa provincia.
Adicionalmente, las
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, denunciaron durante este largo período y de manera
reiterada el incumplimiento del convenio 98 de la
OIT, que ampara el derecho a la negociación colectiva. Por ello, si bien el origen de esta Misión Especial de
la OIT a Venezuela, se ubica en 2003, la realidad en 2014 es que el Estado extendió paulatinamente a una amplia
franja del sindicalismo, los límites a su ejercicio en condiciones libres, como
revelan los casos en curso ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Entre noviembre y
diciembre de 2013, la mayoría de confederaciones, centrales y movimientos
sindicales nacionales del país, bajo la figura de la Unidad de Acción Sindical, a excepción de la oficialista Central
Bolivariana, acudieron a la autoridad administrativa
del trabajo exigiendo suprimir las facultades de una oficina que supervisa la
actividad sindical y demandaron en el Tribunal Supremo de
Justicia, la nulidad de la legislación
del trabajo.
Luego de esta visita, la
OIT presentará en Junio 2014, un informe para la Conferencia Mundial del
Trabajo, sobre la situación de la libertad sindical, la contratación colectiva
y otros derechos laborales en Venezuela. Sin
embargo, el contenido de las recomendaciones emanadas del Comité de Libertad
Sindical en relación a la entrada en vigencia de la nueva ley del trabajo, evidencia retrocesos que deben ser corregidos urgentemente
por el gobierno.
Una de las medidas
inmediatas es la eliminación de las restricciones impuestas por la
autoridad administrativa del trabajo, a través del Registro Ncional de Organizaciones Sindicales (RNOS), para el libre funcionamiento de los sindicatos. El Estado no debe interferir en la actividad sindical y debe cumplir su obligación de abrir las compuertas para la más amplia y
abierta discusión de las convenciones colectivas de condiciones de trabajo, que
en algunos casos, especialmente en el sector público, tiene entre 8 y 6 años de
retraso.
Otro tema pendiente
en la agenda laboral venezolana es la violación al Convenio
144 de la OIT, relativo al diálogo tripartito. Si bien participar en el escenario del tripartismo ha formado parte de un amplio debate entre sectores sindicales, fundamentalmente de la izquierda venezolana, lo cierto es que Venezuela suscribió este convenio 144 y que este tipo de mecanismos de intercambio entre el gobierno,
los empleadores y las organizaciones de trabajadores, eventualmente pudiese permitir la búsqueda de soluciones.
En Venezuela asistimos a una situación donde están presentes múltiples tensiones, especialmente derivadas de la pérdida del poder adquisitivo del salario y a la ausencia de empleo decente. Por otra parte, el país evidencia cifras preocupantes de inflación, y un evidente retroceso en la lucha contra la pobreza, que hacen recaer sobre los hombros de la clase trabajadora, todo el peso de la crisis económica nacional.
El incumplimiento a la garantía de la salud y la
seguridad en el trabajo, contenida en el convenio 155 de la OIT, fue
otro de los temas planteados
a la misión de la OIT, por parte de las organizaciones sindicales de
trabajadores en
Venezuela. Por ello, la voz de los trabajadores y trabajadoras, expresada en las intervenciones de dirigentes sindicales de base y de las propias personas afectadas, debió mover el piso a la representación de la OIT en Venezuela, pues no vino al país de las maravillas, como pintaba el gobierno.
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