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| La zona de seguridad abarca los espacios donde se derrumbaron decenas de comercios y locales Edsaú Olivares |
Ni Pdvsa ni Fiscalía explican
Tras 12 meses de lo que Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, calificó como un "evento catastrófico", la opinión pública todavía no conoce las explicaciones oficiales sobre las causas de la fuga y posterior explosión.
Ernesto J. Tovar
El Universal
25 de agosto de 2013
25 de agosto de 2013
Un año ha transcurrido desde que la explosión de una nube de gas de olefinas en la refinería Amuay matara a 42 personas, dejara cientos de heridos y 5 desaparecidos; además de destruir centenas de viviendas y locales comerciales (incluyendo el arrase del Destacamento 44 de la Guardia Nacional), y causar pérdidas mil millonarias para Pdvsa.
Tras 12 meses de lo que Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, calificó como un "evento catastrófico", la opinión pública todavía no conoce las explicaciones oficiales sobre las causas de la fuga y posterior explosión ocurrida a la 1:10 am del sábado 25 de agosto de 2012.
El mismo día de la explosión Pdvsa informó que hubo "una fuga de olefinas en el Bloque 23 del área de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la refinería Amuay", que no se dispersó por las condiciones ambientales, y que "al hacer contacto con una fuente de ignición, produjo una explosión y posterior incendio, afectando nueve tanques de almacenamiento de naftas y gasolinas, y una esfera de olefinas".
Tras el suceso Ramírez afirmó que habría investigaciones independientes del Ministerio Público, Pdvsa, el Cicpc y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pero a la fecha ninguno de estos organismos ha emitido conclusiones sobre el por qué de la fuga de gases en Amuay.
Esta misma semana Ramírez, quien también es ministro de Petróleo, dijo que "lo que pasó en Amuay hace un año fue un hecho extraordinario que está sometido a investigación, y no me corresponde a mi emitir los resultados de esa investigación porque están actuando otros organismos, tanto de seguridad como la Fiscalía".
Pero la semana pasada la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reconoció que el Ministerio Público aún no tiene respuestas pues "desde el punto de vista técnico esta investigación es muy compleja, no es fácil".
En agosto de 2012 Ortega Díaz había asegurado que el ente que dirige "no sólo cuenta con el recurso humano, sino también técnico para practicar las experticias científicas y técnicas orientadas a demostrar la verdad de los hechos".
A la fecha el Ministerio Público ha movilizado a 50 expertos, ha hecho 412 entrevistas a testigos y expertos, y ha llevado cabo 166 inspecciones y pruebas técnicas.
Por su parte la Asamblea Nacional, facultada constitucionalmente para vigilar y controlar las actuaciones del poder Ejecutivo, se negó el 3 de septiembre de 2012 a realizar una investigación propia.
En la sesión de aquel día la mayoría del PSUV decidió mantener a la AN al margen de la investigación sobre la tragedia de la refinería de Amuay.
La propuesta de la oposición de crear una instancia para averiguar la explosión ocurrida en Falcón fue rechazada por el partido oficialista, alegando que ya la Fiscalía adelantaba una pesquisa para conocer la verdad.
Desde el poder Legislativo solo una comisión de diputados de la Unidad Democrática, agrupados en la Movida Parlamentaria por la Democracia, ha llevado a cabo una investigación con expertos petroleros y exgerentes de Pdvsa, reunidos en el Centro para la Orientación para la Energía (Coener). Este equipo multidisciplinario considera que la "causa más probable (del siniestro) fue el colapso del sello mecánico de una o más de las bombas P-200 A/B/C, ubicadas al pie de las esferas TK-208 y 209, en el área de almacenamiento del Bloque B23 de la Refinería Amuay".
Sabotajes
Aunque en varias oportunidades las autoridades descartaron que el sabotaje fuera el motivo del siniestro, el 10 de abril de este año el entonces candidato presidencial Nicolás Maduro dijo que la explosión fue por "un sabotaje, sin lugar a dudas", agregando que "hacen que parezca un accidente".
Esta semana el ministro Ramírez y el gerente general del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), Jesús Luongo, manifestaron que en los últimos accidentes en las refinerías Amuay y Cardón "hemos detectado sabotajes directos".
En los informes de gestión de Pdvsa de 2012 la única referencia a la explosión en Amuay señala que "las pólizas contratadas por Pdvsa cubren la totalidad de las erogaciones necesarias para restablecer los activos afectados y atender los compromisos por responsabilidad civil, excepto por $87 millones" por el deducible.
Tras 12 meses de lo que Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, calificó como un "evento catastrófico", la opinión pública todavía no conoce las explicaciones oficiales sobre las causas de la fuga y posterior explosión ocurrida a la 1:10 am del sábado 25 de agosto de 2012.
El mismo día de la explosión Pdvsa informó que hubo "una fuga de olefinas en el Bloque 23 del área de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la refinería Amuay", que no se dispersó por las condiciones ambientales, y que "al hacer contacto con una fuente de ignición, produjo una explosión y posterior incendio, afectando nueve tanques de almacenamiento de naftas y gasolinas, y una esfera de olefinas".
Tras el suceso Ramírez afirmó que habría investigaciones independientes del Ministerio Público, Pdvsa, el Cicpc y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pero a la fecha ninguno de estos organismos ha emitido conclusiones sobre el por qué de la fuga de gases en Amuay.
Esta misma semana Ramírez, quien también es ministro de Petróleo, dijo que "lo que pasó en Amuay hace un año fue un hecho extraordinario que está sometido a investigación, y no me corresponde a mi emitir los resultados de esa investigación porque están actuando otros organismos, tanto de seguridad como la Fiscalía".
Pero la semana pasada la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reconoció que el Ministerio Público aún no tiene respuestas pues "desde el punto de vista técnico esta investigación es muy compleja, no es fácil".
En agosto de 2012 Ortega Díaz había asegurado que el ente que dirige "no sólo cuenta con el recurso humano, sino también técnico para practicar las experticias científicas y técnicas orientadas a demostrar la verdad de los hechos".
A la fecha el Ministerio Público ha movilizado a 50 expertos, ha hecho 412 entrevistas a testigos y expertos, y ha llevado cabo 166 inspecciones y pruebas técnicas.
Por su parte la Asamblea Nacional, facultada constitucionalmente para vigilar y controlar las actuaciones del poder Ejecutivo, se negó el 3 de septiembre de 2012 a realizar una investigación propia.
En la sesión de aquel día la mayoría del PSUV decidió mantener a la AN al margen de la investigación sobre la tragedia de la refinería de Amuay.
La propuesta de la oposición de crear una instancia para averiguar la explosión ocurrida en Falcón fue rechazada por el partido oficialista, alegando que ya la Fiscalía adelantaba una pesquisa para conocer la verdad.
Desde el poder Legislativo solo una comisión de diputados de la Unidad Democrática, agrupados en la Movida Parlamentaria por la Democracia, ha llevado a cabo una investigación con expertos petroleros y exgerentes de Pdvsa, reunidos en el Centro para la Orientación para la Energía (Coener). Este equipo multidisciplinario considera que la "causa más probable (del siniestro) fue el colapso del sello mecánico de una o más de las bombas P-200 A/B/C, ubicadas al pie de las esferas TK-208 y 209, en el área de almacenamiento del Bloque B23 de la Refinería Amuay".
Sabotajes
Aunque en varias oportunidades las autoridades descartaron que el sabotaje fuera el motivo del siniestro, el 10 de abril de este año el entonces candidato presidencial Nicolás Maduro dijo que la explosión fue por "un sabotaje, sin lugar a dudas", agregando que "hacen que parezca un accidente".
Esta semana el ministro Ramírez y el gerente general del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), Jesús Luongo, manifestaron que en los últimos accidentes en las refinerías Amuay y Cardón "hemos detectado sabotajes directos".
En los informes de gestión de Pdvsa de 2012 la única referencia a la explosión en Amuay señala que "las pólizas contratadas por Pdvsa cubren la totalidad de las erogaciones necesarias para restablecer los activos afectados y atender los compromisos por responsabilidad civil, excepto por $87 millones" por el deducible.
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