Periódico El Libertario
El pasado martes 1º de noviembre se reinició la campaña de criminalización y hostigamiento contra el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González. Como se recordará, González se hizo conocido cuando, tras la realización de una huelga en la compañía estatal de producción y exportación de mineral de hierro por la exigencia de pago de deudas laborales y cumplimiento de la contratación colectiva, fue detenido en septiembre de 2009 pasando 14 meses en prisión. El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses, una sentencia que despertó una creciente movilización de repudio que motivó a su anulación, permaneciendo el dirigente sindical obligado a presentarse periódicamente en tribunales a la espera de un nuevo juicio.
El pasado 9 de junio durante una asamblea extraordinaria en los portones de la empresa, en un hecho confuso, resultó asesinado el trabajador Renny Rojas. Testigos han identificado al autor material del crimen, pero diversos voceros del gobierno regional bolivariano, así como sindicalistas amarillos, acusan a Rubén González de la autoría intelectual del homicidio. A comienzos de mes González recibió una citación a declarar sobre el hecho, lo cual fue aprovechado por la tendencia oficialista encabezada por Alfredo Spooner para emitir un falso comunicado de la “junta directiva” de Sintraferrominera acusando a González del asesinato. En este punto hay que recordar que Rubén González es Secretario General electo de Sintraferrominera, y ante la proximidad de las elecciones –en donde todo parece indicar que será reelecto en sus funciones- el gobierno ha desplegado diferentes estrategias para controlar, desde arriba y desde afuera, al sindicato; ejemplo de lo cual es la suspensión de dichos comicios por orden del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una muestra más de la injerencia estatal dentro de las funciones inherentes a la libertad sindical.
Lo paradójico de esta situación es que González es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno; sin embargo es un férreo defensor tanto de la autonomía de los sindicatos como de su acción en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, postura honesta que lo cataloga como enemigo para quienes, desde un gobierno autoproclamado revolucionario, adelantan una ofensiva antiobrera y utilizan a las organizaciones gremiales para acumular privilegios de todo tipo. El gobierno sabe queRubén González se ha convertido en un símbolo de la refundación del sindicalismo venezolano, lejos de las podredumbres del pasado y las demagogias del presente, sobre la base de la autonomía y la beligerancia en la defensa de los derechos laborales.
Los hechos concretos reflejan las condiciones de las políticas antiobreras de los patrones bolivarianos. Cada año el 30% promedio de inflación se come las migajas de aumentos decretados unilateralmente por el Ejecutivo. La paralización de la contratación colectiva en el sector público, y una progresiva flexibilización de las condiciones laborales –enmascarada en subterfugios como la promoción por decreto de cooperativas que reemplazan a trabajadores y trabajadoras con estabilidad y beneficios laborales-, han ocasionado que la masa asalariada sea el sector que más protesta en Venezuela, un país con una conflictividad creciente que registra más de 10 protestas diarias, de las cuales 4 son por condiciones de trabajo.
Para El Libertario las iniciativas gremiales de trabajadores y trabajadoras constituyen un espacio más del conjunto de movimientos sociales que, en base a su autonomía y beligerancia, serán los promotores de un verdadero cambio estructural y cultural de las condiciones de pobreza opresoras de la vida cotidiana. Reiteramos que son estos movimientos, en base a valores como la libertad y justicia social, la independencia, el apoyo mutuo y la cooperación sin mando, y no los gobiernos, del signo que sea, los que pueden transformar verdaderamente a la sociedad.
Solidaridad y movilización por Rubén González y todos los luchadores y luchadoras sociales sometidos a procesos de criminalización en Venezuela.
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