Marino
Alvarado Betancourt
Los
recientes enfrentamientos entre trabajadores ocurridos en Guayana deberían
preocupar al alto gobierno y la dirigencia sindical del país. Es un agregado
más a la situación de violencia que hasta la fecha ha dejado desde 2005 más de
250 personas asesinadas por conflictos relacionados a venta de puesto de
trabajo y violencia intersindical.
En el año
2005 por primera vez Provea reflejó en el Informe Anual sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Venezuela los asesinatos en disputas por puesto de
trabajo. En aquella oportunidad señalamos que dos personas habían sido
asesinadas y tres resultaron heridas. Los hechos sucedieron en noviembre de
2004 en el portón I de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)-Alcasa. Las
personas se disputaban un trabajo en la construcción de la Quinta Línea de
Alcasa.
Esa
situación nos indujo a realizar un monitoreo riguroso sobre los conflictos que
se presentaban por la venta de puestos de trabajo. Constatamos que era una
práctica arraigada en los sectores petrolero y construcción. Para diciembre de
2005 la cifra de personas asesinadas por conflictos relacionados a la venta de
puestos de trabajo se elevaba a 45 la mayoría de ellas en el estado Bolívar. Al
año siguiente la cifra aumentó a 48 en todo el país. Para septiembre de 2007
nuestro monitoreo indicó que la cifra bajó a 29homicidios la mayoría bajo la
modalidad de sicariato.
En 2008 se
incrementó de nuevo hasta 46 trabajadores asesinados. Ese año, por primera vez,
el Presidente de la República se refirió a la situación del asesinato de
sindicalistas. No fue la cifra total de homicidios lo que motivó su
pronunciamiento. Fue el asesinato simultáneo de tres dirigentes sindicales de
reconocida trayectoria en el estado Aragua. En aquella oportunidad ordenó se
constituyera una Comisión de Alto Nivel que analizara el problema y adoptara
medidas adecuadas.
La Comisión
integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos
dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al
contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos se incrementó
considerablemente.
De octubre
de 2009 a septiembre 2010 se registraron 68 trabajadores asesinados incluyendo
varios dirigentes sindicales.
Tan grave
problema sigue siendo obviado en los niveles más altos de la estructura del
Estado. Incluso, el presidente Chávez contradiciendo sus palabras de 2008
afirmó en agosto de 2010 que en Venezuela no había sindicalistas asesinados. La
Defensoría del Pueblo en su último Informe no dedica ni una sola línea al
problema. La Fiscal General no se refiere al asunto.
Provea
solicita a los poderes públicos un explícito reconocimiento de la gravedad del
problema y el diseño junto a la dirigencia sindical de políticas de corto,
mediano y largo plazo, para revertir esta situación que ha enlutado a decenas
de familias venezolanas y evitar que la violencia en el sector laboral
continúe, se diversifique y sea aún más dramática.
Marino
Alvarado Betancourt
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