Tras enfrentamiento armado Organización R tomó control de otro yacimiento aurífero en El Callao

La banda delictiva despojó la mina Tomi, restando terreno al Tren de Guayana que controla las minas de Guasipati. En el sitio del enfrentamiento encontraron dos cédulas de menores de edad. | Foto cortesía Germán Dam

@mlclisanchez / Tomado del portal web del diario Correo del Caroní

El fin de semana se registró un enfrentamiento armado entre las bandas delictivas Organización R encabezada por alias Run y el Tren de Guayana, en Tomi, un yacimiento aurífero ubicado en El Callao, estado Bolívar, que es -en teoría- propiedad de CVG Minerven y tiene al menos 500 hectáreas de extensión.

Ambos grupos -también denominados sindicatos mineros- se disputan el control de los yacimientos auríferos de El Callao, municipio El Callao, y Tumeremo, municipio Sifontes.

Tras el enfrentamiento, la Organización R tomó el control de la mina Tomi, restando terreno al Tren de Guayana que mantiene el dominio de las minas de Guasipati, municipio Roscio, según explicó el periodista independiente Germán Dam.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de heridos y fallecidos tras la confrontación. En el sitio había al menos siete cédulas de identidad, dos de estas pertenecientes a menores de edad de 16 y 17 años quienes habrían sido reclutados por la banda del Tren de Guayana.

Dam reseñó que, presuntamente, un exmilitar apodado el Cóndor es el encargado del reclutamiento y entrenamiento de los menores de edad para los enfrentamientos entre el Tren de Guayana y la Organización R.

Hasta el momento, la Organización R tiene el control de Tumeremo y El Callao (excepto el sector minero El Perú).
Violencia en ascenso

En el último reporte de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales en territorios mineros del estado Bolívar, hecho por Correo del Caroní en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y actualizado hasta agosto de 2020, al menos 137 personas murieron en estos territorios entre 2019 y agosto del año pasado.

La cifra es apenas un subregistro de enfrentamientos que no trascienden a los registros oficiales. Los municipios más violentos de acuerdo con el monitoreo son Sifontes y El Callao.

Al menos 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por la brutalidad de los crímenes o por el estado de descomposición en que se encuentran. Funcionarios policiales encontraban los cuerpos en zonas alejadas de los sectores, sin documentos de identidad.

La violencia en las minas del sur de Venezuela incrementó desde que en 2016 entró en vigencia el decreto de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, zona que el régimen de Nicolás Maduro estableció como salvavidas económico para el país, donde se extraerían minerales preciosos bajo la promesa incumplida de estándares de sustentabilidad y protección de derechos humanos.

Con la llegada de empresas mixtas también aumentó la influencia del pranato en los territorios con la complicidad de las Fuerzas Armadas nacionales leales al régimen de Nicolás Maduro.

CVG Minerven, principal estatal aurífera continúa paralizada operativamente, lo que la convierte en una recolectora del oro producido de manera ilegal por mineros sometidos por los grupos armados que trabajan bajo condiciones de violencia y explotación. Las zonas de la empresa denominadas “de seguridad” están custodiadas por bandas armadas, en este caso, la Organización R.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, entre 70 y 90% del oro que se produce en el sur de Venezuela se desvía, y apenas una ínfima parte llena las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para mantener el control de la producción ilegal de oro, las bandas armadas sostienen enfrentamientos entre sí. Un hecho que no puede desligarse de la tolerancia del Estado.

Organizaciones como Human Rights Watch, Crisis Group y Transparencia Venezuela también han documentado casos de reclutamiento forzado, tanto para la producción de oro, como para engrosar las filas de los grupos de poder que se enfrentan por el control de los yacimientos.

Para procurar obediencia, e instaurar una suerte de justicia draconiana los sindicatos mineros suelen aplicar castigos ejemplarizantes como mutilaciones, golpizas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Crímenes reseñados por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de julio 2020.

En este contexto de violencia aumenta un patrón de desapariciones forzadas que el Ministerio Público tampoco reconoce. Correo del Caroní junto a Codehciu contabilizaron 151 desapariciones forzadas desde 2012 hasta agosto de 2021, la mayoría atribuidas a la violencia en las minas.