Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
El pasado martes 29 de septiembre el presidente Maduro presentó ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo, con el cual el gobierno supuestamente intenta hacer frente a las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano.
Después de años sin dar cifras de la situación económica del país, el presidente Maduro en su alocución ante la ANC, al fin proporcionó algunos datos que ponen en evidencia la profundidad de la crisis, cuyas consecuencias son sufridas por el pueblo venezolano.
En su intervención dijo que entre el 2014 y 2019 Venezuela habría perdido el 99 % del volumen de ingresos en divisas. Es decir, que de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Se habría pasado de 56 mil millones de dólares de ingreso en el 2014 a menos de 400 millones de dólares el año pasado. De acuerdo a esto, el país habría dejado de recibir 30.000 millones de dólares anuales desde el año 2015. Maduro aseguró que en los últimos seis años la caída de la producción petrolera en Venezuela es de 66,5 %. Esto equivale a un tercio de lo que se producía en el 2014.
Pero no dijo que mientras se derrumbaba la economía venezolana, y la tragedia social del pueblo venezolano se agudizaba, el gobierno se ufanaba en decir que entre 2013 y 2017 se habían pagado 71.700 millones de dólares por concepto de deuda externa a los buitres financieros imperialistas. Es decir, el gobierno anteponía los intereses transnacionales a las necesidades de alimentación, salud, vivienda y servicios del pueblo venezolano.
Antes de analizar el contenido del proyecto de ley Antibloqueo, creemos necesario dejar en claro una apreciación que nos parece esencial: la crisis económica que atraviesa el país desde hace años, y la catástrofe social que sufren millones de trabajadores, trabajadoras y sus familias son responsabilidad fundamental del gobierno, y no están determinadas por las sanciones criminales y abusivas impuestas por el imperialismo norteamericano. Estas medidas arbitrarias agravan y profundizan la situación que ya vivíamos los venezolanos, mucho antes de que comenzaran a aplicarse contra nuestra economía. Estas sanciones datan fundamentalmente del año 2019, las sanciones impuestas previamente tenían carácter individual y sólo afectaban a determinados funcionarios civiles y militares del gobierno.
Nuestro partido rechaza categóricamente estas sanciones abusivas de EE. UU., la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, y exigimos su inmediata revocación, ya que el que sufre sus consecuencias es el pueblo venezolano con más hambre y penurias.
El gobierno de Maduro aprovecha las sanciones aplicadas por Trump para proponer una ley que estaría por encima de la Constitución, y que le otorgaría poderes extraordinarios al Ejecutivo para manejar los activos del Estado. Con esta ley el gobierno se estaría autoasignando una especie de Ley Habilitante que por adelantado le ataría las manos a la próxima Asamblea Nacional, la cual perdería así buena parte de sus prerrogativas legislativas.
El gobierno una vez más en el marco de la brutal crisis que vivimos las trabajadoras y trabajadores, opta por descargar las consecuencias de la misma sobre los hombros del pueblo trabajador, y le da toda clase de facilidades a las transnacionales y al capital privado nacional para hacer negocios.
Es así como presenta a la ANC un leonino, entreguista y privatizador proyecto de ley, que incluso un intelectual tan chavista como Luis Brito García, no tuvo otra opción que escribir un muy documentado artículo rechazando este adefesio.
Mientras que la oposición patronal no cuestiona la ley Antibloqueo porque expresa su propia visión de privatización al servicio del capital transnacional y local, a lo que denominan “transición económica”.
Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes si no que además pretende “enfrentar” las sanciones imperialistas dándole todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera; modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Aco Minero del Orinoco, así como abrir la comercialización de gasolina al sector privado.
La ley Antibloqueo es continuación y complemento del paquete de ajuste aprobado por el gobierno en agosto del 2018, que denominó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que sólo ha servido para destruir los salarios, las contrataciones colectivas y beneficiar a los patronos privados.
Sin embargo, no dice ni una palabra sobre cómo acabar con los salarios de hambre, nada sobre la necesidad de aumentar los sueldos igualándolos a la canasta básica. Nada sobre la recuperación de los servicios de agua, electricidad, gas y gasolina. Tampoco dice nada sobre la necesidad de recuperar los hospitales que están por el suelo en plena pandemia. Sólo concesiones a empresarios y trasnacionales.
El proyecto de ley Antibloqueo le conferiría facultades discrecionales al Ejecutivo para «desaplicar» normas legales y decisiones judiciales que no estime pertinentes. Es decir, suspender la vigencia de leyes, y tener las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro manejados con independencia del Presupuesto Público.
Todo el espíritu de la ley busca privilegiar la inversión privada nacional e internacional, otorgándole plenas garantías. El Estado renunciaría al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional; se podría revertir nacionalizaciones, devolviendo a sus supuestos propietarios bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones, además establece la confidencialidad o secretismo de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información, y limitando la divulgación y la libre expresión sobre los actos o procedimientos que sean declarados confidenciales.
Esta ley de aprobarse, entregaría todos los recursos naturales, la infraestructura del país y nuestra soberanía a las transnacionales y al capital privado nacional.
Desde el Partido Socialismo y Libertad llamamos a todos los sectores democráticos del país, a los sindicatos, organizaciones comunitarias, organismos de derechos humanos, a las universidades, academias de ciencias nacionales, a las organizaciones de la oposición de izquierda, así como a los partidos y colectivos agrupados en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), a crear un gran movimiento nacional de repudio a esta aberrante ley que el gobierno pretende hacer aprobar por la ANC.
Caracas, 4 de octubre de 2020
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