Por Laura Clisánchez / @mlclisanchez / Tomado de la Web Correo del Caroní
Clima 21 y Todos por el Futuro explicaron que la minería en el territorio trajo consigo violencia, corrupción militar, acaparamiento y especulación de bienes de primera necesidad y problemas de salud asociados al mercurio, además de malaria y desnutrición.
Las organizaciones no gubernamentales Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos y Todos por el Futuro exhortaron al Estado venezolano -a través de un pronunciamiento difundido este 28 de agosto- a desalojar toda la cuenca del río Caura de mineros ilegales y de grupos guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para garantizar la eliminación permanente de la explotación minera en esta zona de riqueza biológica y sociocultural de la región Guayana.
Denunciaron que estos grupos guerrilleros se desplazan con más frecuencia hacia el bajo Caura y que, de acuerdo con testimonios y denuncias, son custodios de las embarcaciones en construcción para la explotación minera en dragas.
Por ello exigen al Estado no solo garantizar la vida y los derechos de los habitantes del Caura, sino consultar previamente a las comunidades indígenas y que consideran su territorio como una herencia ancestral que está siendo destruida con la tolerancia del Estado venezolano sobre toda acción que se realice en la zona.
La minería ilegal en el río Caura se remonta a 2002. Sin embargo, la actividad extractivista se aceleró a partir del 2016, cuando Nicolás Maduro nombró el Arco Minero del Orinoco como una Zona de Desarrollo estratégico y cuando en abril del 2020 Maduro decretó la extracción de oro y diamante en seis ríos de la Amazonía, incluyendo el Caura.
Hoy, del Caura se pretende extraer oro y diamantes a través de dragas, cuyo daño ambiental ha sido denunciado por distintas organizaciones ambientales.
Clima 21 elaboró una serie de exigencias orientadas a recuperar el desarrollo sostenible de la región y reparar a las poblaciones indígenas afectadas por la extracción de oro en la cuenca:
ONG exigen al Estado que establezca planes sanitarios que respondan a la contaminación por mercurio y al aumento de malaria en comunidades del Caura
1. Nos solidarizamos con los habitantes del Caura y apoyamos sus luchas en función del logro del reconocimiento y satisfacción plena de sus derechos humanos.
2. Exigimos al Estado venezolano garantizar la vida y derechos de los habitantes del Caura.
3. Exigimos la derogatoria inmediata de la Resolución Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica del 8 de abril de 2020 y del Decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
4. Reivindicamos que toda acción que se realice en la zona debe estar basada en procesos amplios de consulta previa, libre e informada y participación efectiva de todas las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes en la región. Estos procesos deben evitar profundizar las divisiones y desconfianzas generadas por las manipulaciones y distorsiones generadas por los intereses mineros.
5. Exhortamos al Estado venezolano a que en el menor tiempo posible se reanuden las acciones para el reconocimiento y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caura, tomando en cuenta las diversas situaciones y comunidades existentes en la región.
6. Exigimos al Estado venezolano desalojar de toda la cuenca y en particular en el territorio demarcado como Parque Nacional Caura de todos los mineros ilegales existentes, incluyendo los grupos guerrilleros, así como garantizar la eliminación permanente de esa forma de explotación minera en la zona.
7. Exhortamos a desarrollar un Plan de Ordenamiento del Parque Nacional Caura que compatibilice de manera consensuada los objetivos de conservación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, tal como se ha venido realizando en otras partes del mundo.
8. Exigimos al Estado venezolano el desarrollo de políticas públicas y programas económicos basados en la diversidad cultural del Caura, en el conocimiento y prácticas propias de sus habitantes y en el potencial que ofrece la cuenca para el desarrollo sostenible, con participación directa de sus pobladores. Asimismo, exhortamos al Estado venezolano y a organizaciones internacionales a dar apoyo para la continuación de los programas dirigidos a establecer actividades que permitan desarrollar una economía sustentable, justa y equitativa que beneficie a todos los pobladores de la región.
9. Exigimos que se establezcan planes de salud que den respuestas a los problemas derivados de la contaminación por mercurio y la malaria, así como otras enfermedades existentes en la región. Estos beben incluir programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo a las personas afectadas.
10. Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, academias y medios de comunicación a dar el apoyo a las comunidades del Caura y hacerle seguimiento permanente a esta situación.
11. Pedimos a las organizaciones internacionales ambientales y organismos de derechos humanos a hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y criollas de la Amazonía venezolanas amenazadas por la minería ilegal, el abandono y la exclusión.
La minería en este territorio perjudica principalmente a las comunidades indígenas Yekuana y Sanema cuyos estilos de vida y cultura estaban directamente relacionados con la cuenca del río Caura.
Clima 21 y Todos por el Futuro explicaron que la minería en el territorio trajo consigo violencia, corrupción militar, acaparamiento y especulación de bienes de primera necesidad y problemas de salud asociados al mercurio, además de malaria y desnutrición.
Las organizaciones no gubernamentales Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos y Todos por el Futuro exhortaron al Estado venezolano -a través de un pronunciamiento difundido este 28 de agosto- a desalojar toda la cuenca del río Caura de mineros ilegales y de grupos guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para garantizar la eliminación permanente de la explotación minera en esta zona de riqueza biológica y sociocultural de la región Guayana.
Denunciaron que estos grupos guerrilleros se desplazan con más frecuencia hacia el bajo Caura y que, de acuerdo con testimonios y denuncias, son custodios de las embarcaciones en construcción para la explotación minera en dragas.
Por ello exigen al Estado no solo garantizar la vida y los derechos de los habitantes del Caura, sino consultar previamente a las comunidades indígenas y que consideran su territorio como una herencia ancestral que está siendo destruida con la tolerancia del Estado venezolano sobre toda acción que se realice en la zona.
La minería ilegal en el río Caura se remonta a 2002. Sin embargo, la actividad extractivista se aceleró a partir del 2016, cuando Nicolás Maduro nombró el Arco Minero del Orinoco como una Zona de Desarrollo estratégico y cuando en abril del 2020 Maduro decretó la extracción de oro y diamante en seis ríos de la Amazonía, incluyendo el Caura.
Hoy, del Caura se pretende extraer oro y diamantes a través de dragas, cuyo daño ambiental ha sido denunciado por distintas organizaciones ambientales.
Clima 21 elaboró una serie de exigencias orientadas a recuperar el desarrollo sostenible de la región y reparar a las poblaciones indígenas afectadas por la extracción de oro en la cuenca:
2. Exigimos al Estado venezolano garantizar la vida y derechos de los habitantes del Caura.
3. Exigimos la derogatoria inmediata de la Resolución Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica del 8 de abril de 2020 y del Decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
4. Reivindicamos que toda acción que se realice en la zona debe estar basada en procesos amplios de consulta previa, libre e informada y participación efectiva de todas las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes en la región. Estos procesos deben evitar profundizar las divisiones y desconfianzas generadas por las manipulaciones y distorsiones generadas por los intereses mineros.
5. Exhortamos al Estado venezolano a que en el menor tiempo posible se reanuden las acciones para el reconocimiento y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caura, tomando en cuenta las diversas situaciones y comunidades existentes en la región.
6. Exigimos al Estado venezolano desalojar de toda la cuenca y en particular en el territorio demarcado como Parque Nacional Caura de todos los mineros ilegales existentes, incluyendo los grupos guerrilleros, así como garantizar la eliminación permanente de esa forma de explotación minera en la zona.
7. Exhortamos a desarrollar un Plan de Ordenamiento del Parque Nacional Caura que compatibilice de manera consensuada los objetivos de conservación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, tal como se ha venido realizando en otras partes del mundo.
8. Exigimos al Estado venezolano el desarrollo de políticas públicas y programas económicos basados en la diversidad cultural del Caura, en el conocimiento y prácticas propias de sus habitantes y en el potencial que ofrece la cuenca para el desarrollo sostenible, con participación directa de sus pobladores. Asimismo, exhortamos al Estado venezolano y a organizaciones internacionales a dar apoyo para la continuación de los programas dirigidos a establecer actividades que permitan desarrollar una economía sustentable, justa y equitativa que beneficie a todos los pobladores de la región.
9. Exigimos que se establezcan planes de salud que den respuestas a los problemas derivados de la contaminación por mercurio y la malaria, así como otras enfermedades existentes en la región. Estos beben incluir programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo a las personas afectadas.
10. Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, academias y medios de comunicación a dar el apoyo a las comunidades del Caura y hacerle seguimiento permanente a esta situación.
11. Pedimos a las organizaciones internacionales ambientales y organismos de derechos humanos a hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y criollas de la Amazonía venezolanas amenazadas por la minería ilegal, el abandono y la exclusión.
La minería en este territorio perjudica principalmente a las comunidades indígenas Yekuana y Sanema cuyos estilos de vida y cultura estaban directamente relacionados con la cuenca del río Caura.
Reclaman al Estado venezolano desarrollar políticas públicas y programas económicos basados en la diversidad cultural del Caura
Problemas de salud en auge
Clima 21 y Todos por el Futuro explicaron que la minería en el territorio trajo consigo un extenso conjunto de consecuencias negativas, como la violencia de los mineros, la corrupción militar, el acaparamiento y especulación de bienes de primera necesidad y una de las más preocupantes: problemas de salud relacionados a la intoxicación por el uso del mercurio, un metal líquido cuya venta está prohibida en la mayoría de los países de Suramérica pero que cuenta con una red de contrabando cuya puerta es Guyana.
Otras implicaciones para la salud de quienes habitan en la cuenca es el aumento de los casos de malaria y desnutrición.
“De no ser atendidas urgentemente estas realidades, se producirán efectos cada vez más destructivos sobre las personas, culturas y ambiente en toda la región. Circunstancias que no sólo afectarán a los habitantes locales, sino que incidirán en la pérdida de oportunidades y potencial para el desarrollo sustentable nacional y la superación de los graves problemas actuales que sufrimos todos los venezolanos”, versó el documento.
Los daños ambientales como la contaminación por mercurio, la deforestación y el daño de los cauces de los ríos impactará negativamente en el desarrollo sostenible de toda la región Guayana, de acuerdo con las organizaciones.
Clima 21 y Todos por el Futuro denunciaron la aparición de nuevas formas de esclavitud, prostitución, tráfico de drogas, migración forzada y destrucción de las organizaciones indígenas a raíz del aumento de la minería en la cuenca del Caura.
“La explotación de oro en el Caura, al igual que en el resto de Guayana, no ha cumplido sus promesas de desarrollo regional y local, ni mucho menos con su pretendido respeto por el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, ha sido realizada a costa del sufrimiento, empobrecimiento y el daño a la salud y cultura de la población, así como la destrucción ambiental. Ningún beneficio económico que pueda obtenerse de los mismos podrá compensar estos daños”, sentenció el documento.
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