El parlamentario opositor Julio Borges se reunió el 22 de julio en Buenos Aires con el senador argentino Miguel Pichetto, político ex kirchnerista que actualmente es candidato a vicepresidente en la fórmula para la reelección de Macri. Llamó la atención que Borges se reuniera con uno de los voceros más estridentes de la xenofobia en la política argentina. Pero no es casual, ello forma parte de una orientación de la oposición patronal venezolana, que no denuncia la xenofobia que castiga a muchos de los más de 4 millones de emigrados venezolanos, sino que procura sacar provecho de ella.
Ya Borges, el 6 de abril de 2017, durante una visita a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había declarado a la cadena CNN que los emigrantes estaban infectando al resto de Latinoamérica con los problemas de Venezuela: “es una enfermedad contagiosa que se ha expandido a toda la región… (el problema de la migración) se ve acompañado por otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas, incluso el tema del terrorismo”.
En un artículo titulado “El costo de no actuar en Venezuela ya”, del 30 de junio de este año, la dirigente derechista María Corina Machado insiste en la misma línea: “Para los países vecinos, el incremento exponencial de la llegada de venezolanos no significa sólo una demanda casi inmanejable en los servicios públicos, también representa el riesgo de la llegada de enfermedades no controladas en nuestro país, y la infiltración de agentes del régimen”. Borges y Machado concluyen que la emigración venezolana es un problema para los países vecinos, que justifica la intervención de esos gobiernos en la política interna venezolana, incluso militarmente en la argumentación de Machado.
Así, la oposición parlamentaria procura una convergencia de sus intereses con las políticas xenófobas de los gobiernos de la región que integran el Grupo de Lima, que cada vez imponen más restricciones al ingreso de refugiados venezolanos. En todos esos países hay un aumento de los linchamientos y las expulsiones de inmigrantes venezolanos.
Además, por su subordinación a EEUU, Guaidó y la Asamblea Nacional callan ante las deportaciones de venezolanos por parte del gobierno racista de Trump o ante el reciente rechazo del Estatuto de Protección Especial para los inmigrantes venezolanos. Todos esos gobiernos que rechazan a los inmigrantes venezolanos, incluido EEUU, durante más de una década recibieron cuantiosos capitales extraídos de Venezuela por burócratas y empresarios corruptos.
La legitimación de la xenofobia contra los venezolanos por parte de la oposición de derecha complementa al discurso gubernamental chavista que estigmatiza y criminaliza a los emigrantes, calificándolos de “indignos”, “apátridas”, “privilegiados”, etc. El gobierno venezolano niega la crisis de refugiados venezolanos, que es consecuencia de su política criminal de ajuste económico hiperinflacionario. El régimen cívico-militar ha reducido el salario mínimo a unos 5 dólares mensuales y millones de venezolanos dependen de las remesas que envían familiares que viven y trabajan en el exterior.
Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL), como oposición de izquierda, hemos venido exigiendo que se reconozca como refugiados a todos los emigrantes venezolanos que huyen del hambre impuesta por el ajuste capitalista de Maduro, que se abran las fronteras y cese la persecución, la criminalización y las políticas xenófobas. En julio de 2018, la UIT-CI emitió una declaración en el mismo sentido.
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