Rafael Ramírez, el príncipe de la corrupción

Por Simón Rodríguez Porras

A comienzos de febrero, un tribunal de Houston condenó al ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa Harvest Natural Resources, luego de un proceso judicial que duró un año, en ausencia del acusado. De acuerdo con el fallo, Ramírez habría solicitado en 2012 a la empresa yanqui, a través empresas de maletín de Juan García Mendoza, un pago de diez millones de dólares para autorizar la venta de su participación de 40% en la empresa mixta Petrodelta. La venta de la participación privada en la empresa mixta, constituida en 2007 con mayoría accionaria de la Corporación Venezolana de Petróleo, requería por ley la aprobación del gobierno venezolano. Requerimiento que habría sido aprovechado por Ramírez y Eulogio del Pino para aplicar un esquema de extorsión.

La transnacional alegó que no pudo concretar la venta de sus acciones con una oferta de 725 millones de dólares en 2013, debido a la no autorización del gobierno venezolano, vendiendo sus acciones finalmente por 255 millones de dólares a Delta Petroleum NV, propiedad del capitalista venezolano Oswaldo Cisneros, en el año 2017. Según la demanda, PlusPetrol y Pertamina, otras dos empresas involucradas en la empresa mixta, también fueron extorsionadas.

Este es apenas uno entre muchos casos de corrupción que rodean a Ramírez, quien se desempeñó como Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa entre 2002-2013 y 2004-2013 respectivamente. Luego de su remoción fungió brevemente como canciller y luego como representante de Venezuela ante la ONU entre diciembre 2014 y diciembre 2017, cuando fue removido del cargo y no regresó más al país.

Luego de su ruptura con el gobierno de Maduro, ha realizado una campaña para intentar posicionarse como legítimo heredero del “legado de Chávez”. Efectivamente lo es, tanto como Maduro o Cabello, encarnando las peores políticas antiobreras, de entreguismo y corrupción que han caracterizado al chavismo. Durante más de una década fue el administrador de una política de entrega de la industria petrolera al capital transnacional, incluso fue uno de sus diseñadores, en tanto corredactor de la ley de empresas mixtas.

Un rabioso enemigo de los trabajadores

Además de voraz corrupto, Ramírez fue el artífice de la destrucción de las condiciones laborales en la industria petrolera y de la desinversión que llevaría a la ruina a las refinerías e incluso generaría una caída importante de la producción petrolera. Como relata el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, en su artículo Las mentiras de Rafael Ramírez (2018), la declaratoria de una “Pdvsa roja-rojita”, sin espacio para críticas o independencia política, sin tolerancia para la autonomía sindical, fue uno de los rasgos característicos de la gestión de Ramírez: “muchos trabajadores, simplemente por defender la industria, denunciar la desinversión y la corrupción, por exigir un salario acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, por realizar asambleas en las áreas petroleras denunciando la entrega de nuestro principal recurso natural a las empresas transnacionales, hemos sido detenidos en múltiples ocasiones… La industria se militarizó y se proscribió el derecho a huelga”. Durante la gestión de Ramírez, mientras grandes transnacionales como Chevron saqueaban los yacimientos petroleros venezolanos, los salarios de los trabajadores fueron reducidos a unos 20 dólares mensuales, los más bajos del sector a nivel mundial. Actualmente, en la mayoría de los casos son inferiores a 10 dólares mensuales.

En la imposición de condiciones de trabajo de semiesclavitud en la industria, Ramírez jugó un papel protagónico. Manipuló las elecciones sindicales de 2009, con una virulenta campaña contra los revolucionarios de C-cura, encabezados por José Bodas, declarando que nunca discutiría la contratación colectiva con trabajadores que no fueran de su partido, además de patrocinar abiertamente a la plancha VOS, fabricada en los laboratorios del gobierno mediante la conjunción de burócratas sindicales abiertamente propatronales como Wills Rangel, reciclado de la CTV y el buró sindical de AD; Eudis Girot, Raúl Párica y Argenis Olivares, entre otros. El clientelismo, la presión patronal, el ventajismo, el financiamiento y finalmente el fraude electoral le permitieron a la plancha del chavismo imponerse en la elección, aunque C-cura triunfó en todas las refinerías.

Luego, esa burocracia sindical sería cómplice del mayor retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores petroleros desde el nacimiento del sindicalismo venezolano. Ramírez no solo incumplió sistemáticamente alrededor del 80% de las cláusulas contractuales, sino que ideó novedosas fórmulas para la destrucción de las conquistas obreras, como un fantasmagórico “salario social” que compensaría las desmejoras salariales. De la prometida construcción de miles de viviendas para trabajadores petroleros, no se realizó ni las maquetas. Las condiciones de trabajo retrocedieron horriblemente, Pdvsa dejó de dotar a los trabajadores de implementos de seguridad elementales como bragas, botas de seguridad, guantes. En los hechos se destruyó la contratación colectiva.

El saqueo dejó a una industria en ruinas

El descalabro operativo de la industria llegó al punto en que Venezuela empezó a importar más productos refinados de petróleo que los que exportaba, por primera vez en décadas. La devastadora explosión de la refinería de Amuay en agosto de 2012 fue otro ícono de la destrucción de la industria. Aunque el gobierno alegó un año después que se trató de un “atentado terrorista”, la fecha no ha sido conmemorada oficialmente por el chavismo. En realidad se trató de una tragedia anunciada por los trabajadores a través de numerosas denuncias sobre los problemas en las refinerías, así como los numerosos accidentes que antecedieron al desastre. La corriente C-cura presentó en el año 2010 un voluminoso informe con decenas de denuncias detalladas sobre problemas operativos en toda la industria, fallas en materia de seguridad y deficiencias en el mantenimiento. Ramírez y su equipo ignoraron las advertencias, con consecuencias fatales.

Con Ramírez, Pdvsa se convirtió en la barra libre de la boliburguesía. La importación de alimentos por parte de la filial Pdval sirvió para esquemas de sobrefacturación que quedaron en evidencia con el hallazgo de más de 130 mil toneladas de alimentos descompuestos durante el año 2010, el escándalo conocido como “Pudreval”. Contratos fraudulentos, entre ellos los de la plataforma petrolera Aban Pearl y el del barco de perforación Petrosaudi Saturn, implicaron el pago de miles de millones de dólares por la compra o alquiler de chatarra, así como servicios no prestados al Estado venezolano.

Nada más en la Banca Privada de Andorra se habrían movilizado unos 4,2 mil millones de dólares por parte de familiares y altos funcionarios corruptos de Pdvsa y del gobierno venezolano allegados a Ramírez: Javier Ochoa, Nervis Villalobos, Francisco Jiménez (ex directivo de Pdvsa), Carlos Aguilera (ex director del Sebin), Alcides Rondón (ex viceministro del Ministerio del Interior), Omar Farías, Fidel Ramírez (hermano de Ramírez), Diego Salazar (primo de Ramírez), Luis Mariano Rodríguez, Miguel Ángel Gómez (ex embajador en Nicaragua), Albino Ferreras y Sarah Moya (directivos de filiales de Pdvsa). Salazar incriminó a Ramírez en operaciones de compra venta e intermediación de petróleo.

Los fondos de Petrocaribe fueron también terreno fértil para el saqueo. En Haití un informe parlamentario calcula en dos mil millones de dólares los fondos con un destino desconocido. Pero las autoridades de Pdvsa elogiaron el manejo del gobierno haitiano como “ejemplar”, un claro indicio de que participaban de la corrupción.
En relación con todos estos manejos corruptos, Ramírez exhibe un cinismo gangsteril: “Tendría muchas cosas qué decir con relación a las operaciones de la revolución, pero yo soy un revolucionario y son secretos de Estado”. Y por si fuera poco, el ex zar petrolero se postula, desde el exilio, como aspirante a candidato presidencial del chavismo. Hasta ahora solo ha cosechado el apoyo de Heinz Dieterich.

Cayó Ramírez pero no su modelo

En 2018 el gobierno de Maduro purgó a Ramírez y a más de un centenar de altos funcionarios de Pdvsa, como parte de una redistribución de las cuotas de poder y de captación de renta petrolera por parte de la nomenclatura chavista en el marco de una mengua importante de los precios internacionales del petróleo. Incluso en 2019 la Fiscalía inició un procedimiento legal contra Ramírez. Pero la corrupción continúa más campante que nunca.

No existe la menor posibilidad de parar el saqueo o de que el dinero saqueado por Ramírez, sus allegados y en general la boliburguesía, retorne al país y se invierta en la recuperación de la industria petrolera, en salud y educación, en salarios y alimentos, entre tantas urgentes necesidades del pueblo trabajador, mientras continúe Maduro en el poder.

Uno de los elementos fundamentales del programa alternativo popular que defendemos es la confiscación de las cuentas y propiedades de los sobrefacturadores de importaciones y ladrones de cuello blanco que participaron en el mayor festín corrupto de nuestra historia. Es indispensable nacionalizar la industria petrolera que Ramírez, bajo las órdenes de Chávez, entregó a las transnacionales. Claramente, no es posible recuperar la industria petrolera mientras los salarios sean de miseria y miles de trabajadores se vean forzados a emigrar para sobrevivir. El piso salarial tiene que ser equivalente a la canasta básica. Para todo ello hay que reconstruir al movimiento obrero que el chavismo destruyó, y ello solo se puede lograr al calor de la lucha autónoma contra el gobierno.