Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
La profundización del ajuste antipopular y antiobrero de Maduro, en el marco de un decadente y cada vez más salvaje capitalismo, obliga a emigrar a un número cada vez mayor de trabajadores venezolanos, huyendo del hambre y la miseria. Las imágenes del ataque de una turba xenofóbica en la localidad de Paracaima, en el norte de Brasil, contra centenares de refugiados venezolanos que fueron expulsados de vuelta a territorio venezolano, así como los anuncios recientes de medidas restrictivas en contra de los refugiados venezolanos por parte de los gobiernos de Ecuador y Perú, demuestran que las condiciones de por sí durísimas del desplazamiento forzado del que es víctima ya cerca del 7% de la población nacional, amenazan con empeorar aún más.
Los gobiernos de Perú y Ecuador claramente están cediendo a la presión de sectores xenofóbicos. Sin embargo en esos países, así como en Colombia y Brasil, han abundado las expresiones de solidaridad espontánea de la población hacia los desplazados venezolanos, que en muchos casos recorren miles de kilómetros a pie y duermen en refugios improvisados. Hay que organizar y profundizar la solidaridad de los trabajadores y los pueblos latinoamericanos con los desplazados, para hacer frente al gobierno venezolano y a los gobiernos de la región que intentan cerrar aún más el cerco y agravar la crisis humanitaria.
El gobierno corrupto de Maduro ni brinda asistencia a los venezolanos en el exterior ni cumple con su obligación de otorgar documentos de identidad como los pasaportes, generando un mercado paralelo donde se venden estos documentos en cientos de dólares. Millones de venezolanos no pueden acceder a su pasaporte debido a esta orientación corrupta y antidemocrática de Maduro. Por lo tanto repudiamos el anuncio de los gobiernos de Ecuador y Perú de que exigirán la presentación del pasaporte, en los hechos es una decisión dirigida a impedir el ingreso de desplazados venezolanos. Un tribunal ecuatoriano ha revertido la decisión, pero el gobierno insiste en exigir la apostilla de la cédula de identidad.
La población desplazada por el ajuste hambreador y la represión del gobierno chavista puede superar el próximo año a Colombia y Siria para convertir a Venezuela en el país con mayor población desplazada del mundo. El gobierno de Maduro no solo ha destruido el salario de millones de trabajadores venezolanos, estableciendo condiciones laborales de semiesclavitud, también ha destruido los servicios públicos y la infraestructura del país, mediante una política criminal de recorte de las importaciones y la producción nacional para sostener los pagos de la deuda externa. Reprime las luchas de los trabajadores y los sectores populares, ya son cientos de trabajadores y pobladores de los sectores populares quienes se encuentran presos por luchar. El más emblemático y antiguo de los presos políticos del movimiento obrero y popular es el trabajador Rodney Álvarez, de Ferrominera del Orinoco, quien lleva 7 años secuestrado por el gobierno, sin derecho a juicio.
Como parte de la descomposición social en curso, grandes sectores del territorio nacional son controlados por mafias del crimen organizado articuladas a los centros penitenciarios, aumentando la presión sobre los sectores asalariados.
En la desesperación por obtener ingresos que les permitan sobrevivir y enviar remesas a sus familias, más de dos millones de venezolanos han salido del país en los últimos cuatro años. Maduro humilla a estos trabajadores, calificándolos de “mendigos” y emite declaraciones demenciales en las que llama a los emigrados a regresar al país porque la economía mejorará con su paquete de medidas, mientras la realidad es que estas medidas antipopulares, como la decisión de no cobrar impuesto sobre la renta a las transnacionales petroleras y el cambio del cono monetario, han acelerado aún más la hiperinflación y el hundimiento del país. En otra declaración grotesca, propia de la descomposición del gobierno chavista, el presidente de la ANC plenipotenciaria, Diosdado Cabello, ha dicho que las imágenes de grandes grupos de venezolanos recorriendo kilómetros a pie en las carreteras de Colombia, Ecuador y Perú, no son auténticas sino “montajes”.
Por su parte, la oposición patronal no dice absolutamente nada ante la terrible situación de los desplazados venezolanos. Pese a que tiene una relación política estrecha con gobiernos patronales de la región a los que exige adoptar sanciones contra el gobierno venezolano, nunca intercede ante ellos por los desplazados venezolanos. Repudiamos esas posiciones reaccionarias, que guardan continuidad con las posiciones xenófobas alentadas en el pasado por el gobierno de Maduro contra los inmigrantes colombianos y por la oposición de derecha contra los profesionales y técnicos cubanos y de otras nacionalidades en el país.
Reiteramos la exigencia que hemos hecho a través de una declaración de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI): “es imposible subsistir con el salario promedio, los trabajadores migrantes venezolanos deben ser considerados refugiados, desplazados forzados por la debacle económica, y los países que los reciben deben brindarles toda la asistencia necesaria, incluso recibirlos aunque no dispongan de pasaporte, en vista de que el gobierno de Maduro le niega la documentación a sus ciudadanos”.
La profundización del ajuste antipopular y antiobrero de Maduro, en el marco de un decadente y cada vez más salvaje capitalismo, obliga a emigrar a un número cada vez mayor de trabajadores venezolanos, huyendo del hambre y la miseria. Las imágenes del ataque de una turba xenofóbica en la localidad de Paracaima, en el norte de Brasil, contra centenares de refugiados venezolanos que fueron expulsados de vuelta a territorio venezolano, así como los anuncios recientes de medidas restrictivas en contra de los refugiados venezolanos por parte de los gobiernos de Ecuador y Perú, demuestran que las condiciones de por sí durísimas del desplazamiento forzado del que es víctima ya cerca del 7% de la población nacional, amenazan con empeorar aún más.
Los gobiernos de Perú y Ecuador claramente están cediendo a la presión de sectores xenofóbicos. Sin embargo en esos países, así como en Colombia y Brasil, han abundado las expresiones de solidaridad espontánea de la población hacia los desplazados venezolanos, que en muchos casos recorren miles de kilómetros a pie y duermen en refugios improvisados. Hay que organizar y profundizar la solidaridad de los trabajadores y los pueblos latinoamericanos con los desplazados, para hacer frente al gobierno venezolano y a los gobiernos de la región que intentan cerrar aún más el cerco y agravar la crisis humanitaria.
El gobierno corrupto de Maduro ni brinda asistencia a los venezolanos en el exterior ni cumple con su obligación de otorgar documentos de identidad como los pasaportes, generando un mercado paralelo donde se venden estos documentos en cientos de dólares. Millones de venezolanos no pueden acceder a su pasaporte debido a esta orientación corrupta y antidemocrática de Maduro. Por lo tanto repudiamos el anuncio de los gobiernos de Ecuador y Perú de que exigirán la presentación del pasaporte, en los hechos es una decisión dirigida a impedir el ingreso de desplazados venezolanos. Un tribunal ecuatoriano ha revertido la decisión, pero el gobierno insiste en exigir la apostilla de la cédula de identidad.
La población desplazada por el ajuste hambreador y la represión del gobierno chavista puede superar el próximo año a Colombia y Siria para convertir a Venezuela en el país con mayor población desplazada del mundo. El gobierno de Maduro no solo ha destruido el salario de millones de trabajadores venezolanos, estableciendo condiciones laborales de semiesclavitud, también ha destruido los servicios públicos y la infraestructura del país, mediante una política criminal de recorte de las importaciones y la producción nacional para sostener los pagos de la deuda externa. Reprime las luchas de los trabajadores y los sectores populares, ya son cientos de trabajadores y pobladores de los sectores populares quienes se encuentran presos por luchar. El más emblemático y antiguo de los presos políticos del movimiento obrero y popular es el trabajador Rodney Álvarez, de Ferrominera del Orinoco, quien lleva 7 años secuestrado por el gobierno, sin derecho a juicio.
Como parte de la descomposición social en curso, grandes sectores del territorio nacional son controlados por mafias del crimen organizado articuladas a los centros penitenciarios, aumentando la presión sobre los sectores asalariados.
En la desesperación por obtener ingresos que les permitan sobrevivir y enviar remesas a sus familias, más de dos millones de venezolanos han salido del país en los últimos cuatro años. Maduro humilla a estos trabajadores, calificándolos de “mendigos” y emite declaraciones demenciales en las que llama a los emigrados a regresar al país porque la economía mejorará con su paquete de medidas, mientras la realidad es que estas medidas antipopulares, como la decisión de no cobrar impuesto sobre la renta a las transnacionales petroleras y el cambio del cono monetario, han acelerado aún más la hiperinflación y el hundimiento del país. En otra declaración grotesca, propia de la descomposición del gobierno chavista, el presidente de la ANC plenipotenciaria, Diosdado Cabello, ha dicho que las imágenes de grandes grupos de venezolanos recorriendo kilómetros a pie en las carreteras de Colombia, Ecuador y Perú, no son auténticas sino “montajes”.
Por su parte, la oposición patronal no dice absolutamente nada ante la terrible situación de los desplazados venezolanos. Pese a que tiene una relación política estrecha con gobiernos patronales de la región a los que exige adoptar sanciones contra el gobierno venezolano, nunca intercede ante ellos por los desplazados venezolanos. Repudiamos esas posiciones reaccionarias, que guardan continuidad con las posiciones xenófobas alentadas en el pasado por el gobierno de Maduro contra los inmigrantes colombianos y por la oposición de derecha contra los profesionales y técnicos cubanos y de otras nacionalidades en el país.
Reiteramos la exigencia que hemos hecho a través de una declaración de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI): “es imposible subsistir con el salario promedio, los trabajadores migrantes venezolanos deben ser considerados refugiados, desplazados forzados por la debacle económica, y los países que los reciben deben brindarles toda la asistencia necesaria, incluso recibirlos aunque no dispongan de pasaporte, en vista de que el gobierno de Maduro le niega la documentación a sus ciudadanos”.
¡No a la xenofobia!
¡Que se reconozca como refugiados a los venezolanos
desplazados por el hambre y la miseria!
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