Centenares de detenidos son sometidos a tribunales militares

Por: Laclase.info

En más de un mes de protestas populares, saqueos y marchas, la represión ha cobrado más de veinte víctimas fatales, centenares de heridos y más de dos mil detenidos. Dentro de este balance de la violencia represiva y paramilitar contra las movilizaciones y expresiones de protesta, se destaca la utilización de tribunales militares por parte del gobierno de Maduro en contra de manifestantes y personas involucradas en saqueos, como parte del operativo militar denominado “Plan Zamora”.

A finales de abril el gobierno madurista detuvo a cuatro indígenas wayúu y dos criollos, uno de ellos el trabajador de Corpoelec y activista de izquierda Alexis Valbuena, en el pueblo de El Caparo en La Guajira, en la frontera noroccidental con Colombia. Los acusó de “terrorismo”, según denuncian miembros del medio alternativo La Guarura. Luego en Villa del Rosario de Perijá, también en el estado Zulia, dos detenidos fueron llevados a tribunales militares por derribar una estatua de Hugo Chávez, el 5 de mayo. Dos días después, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, Jesús Suárez Chourio, acompañado de autoridades policiales y militares, dio un balance de la represión en el estado Carabobo. Luego de numerosos operativos y allanamientos, así como ataques a manifestaciones y saqueos, el gobierno detuvo a 780 personas, de las cuales 251 fueron pasadas a tribunales militares por delitos de “rebelión” y “ataque al centinela”. Chourio calificó a los detenidos de “anarquistas”, mientras que el ministro del interior, el militar Néstor Reverol, se refirió a ellos como “terroristas contratados por la derecha” a través de su cuenta de twitter. Las imputaciones se están realizando en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en “Ciudad Chávez”, un urbanismo del sur de la ciudad de Valencia.

El diputado de la MUD Juan Miguel Matheus dijo estar de acuerdo con que se enjuicie a las personas involucradas en saqueos, aunque criticó el Plan Zamora y el uso de tribunales militares. Voceros de la MUD se han referido a las protestas espontáneas en los sectores populares como “vandalismo”.

Miguel Angel Hernández, secretario general del Partido Socialismo y Libertad (PSL), en cambio, repudió la represión policial, militar y paramilitar, así como el uso de tribunales civiles y militares contra personas que han participado en las protestas y saqueos. “Exigimos la libertad plena para los indígenas, trabajadores de la prensa, manifestantes y pobladores de los sectores más pobres que han sido llevados a la desesperación por el ajuste reaccionario del gobierno de Maduro y han participado en saqueos. Todos sin distinción deben ser liberados y debe establecerse una comisión independiente que investigue los asesinatos llevados a cabo por policías, militares y civiles en el marco de las actuales protestas”, declaró.