Un llamado crítico a la solidaridad de los intelectuales invitados a La I Escuela Ecosocialista y de Pensamiento Crítico Descolonial

Por: Abajo firmantes

Un grupo de venezolanos y venezolanas, militantes de movimientos políticos y sociales vinculados a las luchas de las clases populares del país, aprovechamos su visita para reclamar su respaldo público a la defensa de la vida en Venezuela, que en la actualidad se encuentra deteriorada y amenazada debido a la aplicación de un conjunto de medidas regresivas por parte del gobierno del Presidente Nicolás Maduro; estas disposiciones profundizan las características más anti-populares, anti-obreras, anti-indígenas y heteropatriarcales del capitalismo dependiente, extractivista y ecocida.

Desde nuestra perspectiva, su participación en la I Escuela Ecosocialista y de Pensamiento Crítico Descolonial (convocada y financiada por el aparato del Estado venezolano para la autopromoción gubernamental), en caso de que se mantengan el silencio y aplaudan de forma acrítica las políticas gubernamentales ejecutadas como respuesta a la crisis del capitalismo dependiente y extractivista de Venezuela, las y los hacen cómplices de las terribles consecuencias derivadas del plan de ahorro de divisas desplegado para financiar el pago de la deuda estatal, el desarrollo del megaproyecto del Arco Minero del Orinoco y la concreción de prácticas autoritarias de instituciones estatales que cercenan los derechos de los pueblos indígenas, dirigentes laborales, mujeres, profesores universitarios y militantes de las luchas populares.

En un contexto económico caracterizado por la reducción del precio del petróleo, en el período comprendido entre los años 2013 y el 2016, el gobierno nacional decide contraer los dólares destinados a las importaciones de bienes de consumo final e insumos productivos necesarios para producir alimentos y medicinas esenciales, con la finalidad de ahorrar divisas con las cuales asumir vencimientos de la deuda externa y pasivos de PDVSA. En el año 2012, los recursos asignados por el aparato estatal a las importaciones fueron 71083 millones de dólares, en cambio en el 2013, 2014 y en los tres primeros trimestres del 2015 solo fueron respectivamente 61591 millones de dólares, 51391 millones de dólares y 30216 millones de dólares. Un ahorro de divisas que entre otros factores permitió cancelar pasivos de PDVSA y vencimientos de la deuda externa. Por ejemplo, en el 2013 el pasivo total de PDVSA era 146634 millones de dólares, al contrario cuando finalizó el 2015 era solo 111064 millones de dólares. Es decir, el gobierno nacional pagó 35570 millones de dólares de los pasivos de PDVSA. Igualmente, el gobierno nacional canceló vencimientos de la deuda externa que supusieron pagos de 7097 millones de dólares en el 2013, 7047 millones de dólares en el 2014, 6091 millones de dólares en el 2015 y 3916 millones de dólares hasta agosto del 2016. 

El fraude en las importaciones y la contracción de la importación de bienes de consumo final e insumos intermedios, acompañada con un aumento de la liquidez monetaria por encima de las necesidades de circulación, creó las condiciones para que las distintas fracciones de la burguesía y la alta burocracia estatal impusieran a través de su monopolio de los medios de producción y la distribución mercantil un incremento brutal de los precios y la escasez de alimentos, bienes de higiene personal y medicinas. Circunstancia que provocó una crisis económica histórica que implica un retroceso de dos décadas de del PIB per cápita, un declive de la producción y de la productividad, un deterioró del salario real de la clase trabajadora de Venezuela, que afecta de modo evidente las condiciones de vida del pueblo venezolano. En ese sentido, le solicitamos que se pronuncien ante reclamo de las clases populares venezolanas que demandan la suspensión del pago de la deuda externa estatal, efectuando una auditoría pública y popular de los recursos adeudados, que fueron empleados mayoritariamente para garantizar la fuga de capital de la burguesía local y la corrupción de la alta burocracia del Estado. 

La moratoria de la deuda externa se realizaría con la finalidad de destinar las divisas que ingresan a la economía nacional, a la inversión productiva en empresas e industrias públicas y a la importación de bienes indispensables para la producción local bajo control de las y los trabajadores y la satisfacción de necesidades de las clases populares. 

Entre las consecuencias más alarmantes de la reducción de las importaciones y la priorización del pago de la deuda estatal, podemos resaltar la escasez e inaccesibilidad a los métodos anticonceptivos y de barrera, que evitan las infecciones de transmisión sexual y permiten la planificación de la natalidad. Esta situación incide poderosamente en la calidad de vida de las mujeres, especialmente en aquellas que pertenecen a las clases populares, atentando contra el derecho a decidir y controlar la sexualidad.

En correspondencia con los objetivos mineros del denominado Plan de la Patria el 24 de febrero del año 2016, a través del Decreto Nº 2248 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.855, el gobierno de Nicolás Maduro impulsó la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, que implica 112.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía venezolana. La creación sin consulta previa del llamado “Arco Minero del Orinoco”, en un territorio donde habitan 12 pueblos indígenas, es parte de la profundización y diversificación del extractivismo venezolano. 

En esta zona, el gobierno venezolano ha pactado con 150 empresas transnacionales y locales (como Gold Reserve y Barrick Gold) para la ejecución de proyectos a gran escala de minería a cielo abierto, que afectan la vida. El gobierno venezolano ha priorizado la extracción de oro antes que la defensa de todos los seres vivos, la tierra, el agua y el aire. Como consecuencia de la referida situación, un conjunto de organizaciones revolucionarias y militantes populares, el 31 de mayo del año 2016, introdujeron en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad del Decreto Nº 2248, que todavía no recibe una respuesta por parte del máximo tribunal del país. Por ello, en tanto son intelectuales relacionados al pensamiento decolonial y a la ecología política, les solicitamos su adhesión al referido recurso de nulidad y apoyo público a las acciones desarrolladas por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, los Comités de Acción contra el Arco Minero y otras organizaciones ecologistas y ecofeministas venezolanas.

Ante los cuestionamientos realizados por dirigentes obreros, militantes populares, indígenas y profesores universitarios denunciando la violación de los derechos laborales de la clase trabajadora, los constantes hechos de corrupción de la alta burocracia estatal y de la burguesía importadora, la aplicación de medidas reaccionarias como el ajuste económico que supone el ahorro de divisas para cancelar la deuda estatal y la ejecución del llamado Arco Minero del Orinoco, diversas instituciones estatales han desarrollado un conjunto de prácticas autoritarias entre las cuales se encuentra el despido injustificado y la proscripción académica. 

Por ejemplo, fueron despedidos de manera arbitraria, entre otros dirigentes obreros, Gustavo Martínez de Café Fama de América, Bladimir Carvajal de PDVSA y Jorge Álvarez de El Metro de Caracas. Igualmente, un grupo de profesores universitarios ante sus planteamientos críticos han sufrido la exclusión de universidades estatales como la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca y la Universidad Bolivariana de Venezuela, entre ellos Santiago Arconada Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Manuel Sutherland y Omar Vázquez Heredia. Un caso muy preocupante es la desaparición forzada del compañero Alcedo Mora, desde el 27 de febrero del año 2015. El militante popular se encontraba amenazado por denunciar actos de corrupción cometidos en PDVSA, específicamente en la sede ubicada en El Vigía. 

En ese sentido, demandamos que ustedes demuestren su solidaridad pronunciándose ante los despedidos arbitrarios y la proscripción académica, que sufren aquellos dirigentes obreros, militantes populares y profesores universitarios que han cuestionado las políticas y prácticas reaccionarias del gobierno nacional. 

Además, solicitamos que exijan la aparición con vida y el esclarecimiento por parte de las instituciones estatales de la desaparición forzada del compañero Alcedo Mora. Otro caso alarmante es el asesinato de indígenas wayuu en el Estado Zulia, que se los estigmatiza como contrabandistas para encubrir los negocios ilegales de algunos militares en el tráfico de mercancías en la frontera colombo-venezolana. 

Ante dicha realidad requerimos su solidaridad para presionar a las instituciones competentes para esclarecer los crímenes cometidos contra miembros del referido pueblo originario.

Sin más nada que decir, nos despedimos esperando la respuesta solidaria de los intelectuales decoloniales Héctor Alimonda, Juan José Bautista Segales, Enrique Dussel Ramón Grosfoguel y Karina Ochoa.

• José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
• Ángel Arias, sociólogo, militante de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo y activista de los Comités de Acción contra el Arco Minero.
• Colectivo Ecofeminista, La Danta Lascanta.
• Angellis Crespi, comunicadora visual.
• Miguel Denis, militante estudiantil en la Universidad de Central de Venezuela.
• Francisco Denis, actor y director de artes escénicas y cine.
• César Escalona Díaz, antropólogo.
• Fausto Domínguez, profesor de ingeniería de la sede de Cagua de la Universidad Central de Venezuela, militante de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo.
• Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma.
• Antonio Espinoza, profesor de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua y dirigente del Partido Socialismo y Libertad.
• Frente Marxista-Leninista.
• Alejandro Gallardo, trabajador del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua.
• Darío Gómez Suarez, Doctorante en Ciencias Sociales.
• Armando Guerra, profesor de la Universidad Politécnica Territorial de los Alto Mirandinos y dirigente del Partido Socialismo y Libertad.
• Yorluis Guzmán, politólogo.
• Miguel Ángel Hernández, profesor en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, Secretario General del Partido Socialismo y Libertad.
• Víctor Jiménez Pugliese, estudiante de la Universidad de Carabobo.
• Juan Carlos La Rosa, coordinador de la guarura.net.ve y miembro de la organización indígena Wainjirawa.
• Robzayda Marcos Vera de la Escuela Conuco Pueblo, profesora de sociología rural de la Universidad Experimental Simón Rodríguez de Los Teques y redactora de laguarura.net.ve
• Alicia Moncada, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia.
• Carlos Novella, militante estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.
• María Nuñez, estudiante del Colegio Universitario de Caracas.
• Aquarela Padilla, activista feminista.
• José Quintero Weir, miembro de la organización indígena Wainjirawa, profesor de la Universidad del Zulia, escritor y lingüista.
• Ángel Ramírez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela.
• Sathya Rengifo, activista feminista.
• Guillermo Rodríguez, militante estudiantil de la Universidad de Carabobo.
• María Laura Salcedo Vidal, activista feminista.
• David Vázquez Heredia, músico.
• Omar Vázquez Heredia, profesor universitario y militante comunista.
• Humberto Zavala Guerrero, profesor de literatura, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo.