Los estallidos del hambre

Por: Simón Rodríguez Porras

En todas las regiones del país hay decenas de protestas contra la escasez de alimentos semanalmente, en un fenómeno que se ha extendido y generalizado en los últimos meses. Mientras que en los primeros dos meses del año se registraron unos sesenta saqueos, nada más en mayo ya se superó esa cifra, y en junio se vieron grandes estallidos sociales como el de la ciudad de Cumaná a mediados del mes. Hierve el descontento popular, al cabo de dos años de recortes importantes en las importaciones de alimentos, en un marco de caída de la producción nacional estatal y privada, lo que ha llevado al país a niveles insoportables de escasez. Se trata de una política criminal de ajuste que ha sumido en el hambre a millones de hogares.

Veamos las dimensiones del ajuste, que el gobierno encubre alegando que es víctima de una “guerra económica” por parte de la burguesía. Si en el primer semestre de 2014 las importaciones fueron de diecisiete mil trescientos millones de dólares, el ministro de economía Pérez Abad ha dicho que se estima que las importaciones totales para todo el año 2016 se recorten a quince mil millones de dólares. El brutal recorte al consumo busca sostener el pago de la deuda externa, por cuyo concepto ya se han erogado más de treinta y cinco mil millones de dólares en lo que va de este año.

El término “capitalismo salvaje” sirve para describir el régimen económico desquiciado que impone el chavismo. Desde hace poco más de dos años, para comprar productos de consumo básico como arroz, azúcar, leche, harina de maíz, o artículos de limpieza, la población debe hacer kilométricas colas ante comercios privados y estatales. La situación se ha deteriorado vertiginosamente en el último año. La inflación, espoleada por la impresión desaforada de dinero por parte del Banco Central y por los recortes a la oferta, ha destruido los salarios y obligado a millones de trabajadores a depender de los precios subsidiados oficiales de productos que en el mercado paralelo pueden venderse a precios entre veinte y cien veces más caros.

Coincidiendo con la aplicación de un plan de racionamiento eléctrico y la reducción de los días laborables en el sector público a dos por semana, en los últimos tres meses las confiscaciones populares de alimentos se han extendido por todo el país. Desde las grandes ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo o Puerto La Cruz, hasta pequeñas poblaciones del interior, la población estalla en acciones colectivas espontáneas para apropiarse de los alimentos que no puede adquirir por sus precios prohibitivos y la destrucción de sus salarios e ingresos. El gobierno ha respondido con centenares de detenciones y una represión que ha dejado decenas de heridos y asesinados. Maduro aseguró, luego del estallido de Cumaná, que construiría una cárcel específicamente para encerrar a saqueadores.

La boliburguesía gobernante, en su delirio reaccionario, estigmatiza las confiscaciones populares de alimentos como acciones de “la oposición”. Repite el esquema del gobierno asesino de Carlos Andrés Pérez, que justificó la represión contra El Caracazo alegando que se trataba de un desorden provocado por conspiradores (en aquel entonces se culpaba a la izquierda). Pero, tal y como ocurrió en 1989 cuando el gobierno decidió aplicar a rajatabla un paquete del FMI, hoy estamos ante un agravamiento brutal de las condiciones de miseria y hambre del pueblo venezolano, por una política del gobierno de total sometimiento del país a los acreedores internacionales, sin ninguna consideración por las consecuencias sociales.

El Estado de excepción decretado en mayo por Maduro, anticipaba el agravamiento del descontento social. Ningún mecanismo clientelar de distribución de alimentos en manos del partido de gobierno, el Psuv, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) va a contrarrestar esta situación. Por eso el gobierno ha respondido con brutalidad asesina en la localidad oriental de Cariaco, disparando con armas de guerra contra la población el 10 de junio. Por eso militarizó Cumaná. Otras víctimas fatales de la represión cayeron en Táchira y Mérida. En la localidad merideña de Lagunillas, la población respondió al asesinato de un manifestante quemando la sede del Psuv.

Paralelamente a esta escalada represiva, el gobierno impide el ejercicio del derecho constitucional a convocar un referendo revocatorio, y no convoca las elecciones regionales previstas legalmente para este año. Maduro no solo neutraliza al parlamento mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le impiden legislar o interpelar a ministros, sino que ya abiertamente plantea la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Irónicamente, este giro reaccionario es presentado por el gobierno como la respuesta a un supuesto “golpe suave” en su contra.

Mientras tanto, la MUD oscila entre denunciar la “permisividad” gubernamental con las confiscaciones de alimentos, llamamientos a la “prudencia” en la represión, y responsabilizar al gobierno de promover saqueos. Como voceros del empresariado y aspirantes a administrar el Estado venezolano, no pueden reconocer la legitimidad de estas acciones extremas a las que recurren miles de venezolanos en todas las regiones del país desde hace meses. Los medios de comunicación privados y estatales, la mayoría de ellos aliados al gobierno actualmente, censuran las noticias relacionadas con protestas por falta de comida si incluyen apropiación de alimentos en los comercios. Tal y como ocurrió el 27 de febrero de 1989, se configura contra las acciones del pueblo desesperado un heterogéneo frente de defensa de la propiedad privada y el orden capitalista que incluye al gobierno, la MUD, Fedecámaras, los medios de comunicación, a todas las instituciones y los partidos del régimen político venezolano.

Desde la izquierda que se opone al gobierno, seguimos reivindicando El Caracazo de 1989, en tanto respuesta legítima del pueblo empobrecido al paquete de CAP, Fedecámaras y el FMI. Entendemos que las actuales confiscaciones de alimentos por parte de la población son una respuesta legítima, si bien insuficiente, a la política hambreadora de Maduro. Por eso repudiamos totalmente la militarización de las ciudades y la represión asesina de Maduro contra el pueblo. No es saqueador quien toma los alimentos que desesperadamente necesita para sobrevivir; saqueadores son las transnacionales y la boliburguesía que han arruinado al país, saqueadores son los que entregan la industria petrolera y el Arco Minero del Orinoco al imperialismo.

Está claro que los estallidos espontáneos no son suficientes para enfrentar y derrotar la política del gobierno. Necesitamos una respuesta organizada. Hay que exigir a las organizaciones sindicales y populares genuinas que se articulen acciones de lucha contra el ajuste. Tal y como plantea la reciente declaración de la “Plataforma del pueblo en Lucha y del chavismo crítico”, debemos exigir la derogación del Estado de excepción, el no pago de la deuda y la eliminación de los CLAP; un plan de emergencia de importación de alimentos y medicinas, y la confiscación de los activos de las empresas de maletín que saquearon al país con fraudes de importaciones. Es necesario impulsar un plan de lucha para exigir que la crisis la paguen quienes la generaron, no el pueblo trabajador sometido al hambre y la miseria.