Corpoelec entrega cartas de despido a trabajadores que firmaron a favor de revocatorio

Foto William Urdaneta

Con especial interés se sugiere la lectura de este Art. a la 

militancia del PSUV y a la diputada Tania Díaz, quien en el 

programa de Bladimir Villagas, negó que esto pueda 

suceder y se ofreció como mediador de estos casos 

si se presentaban. 

El revocatorio y el trabajo son derechos constitucionales. 

Correo del Caroní
Clavel A. Rangel Jiménez

Las protestas en Corpoelec en contra de despidos han sido frecuentes desde su creación. Los distintos presidentes han acusado a trabajadores de “saboteadores” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

Me dirijo a usted, en la oportunidad de notificarle que el Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en uso de las facultades conferidas en los Estatutos de la Empresa y mediante punto de cuenta N° PCP-TTHH-443-2016 de fecha 28 de junio de 2016, aprobó la culminación de la relación de trabajo que usted mantiene con esta corporación en su condición de titular del cargo de asesor mayor”. Así empieza la comunicación entregada el jueves. 

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) entregó cartas de despido, sin explicación alguna, a trabajadores con 10 y hasta 20 años de servicio. Todos tienen como denominador común que firmaron a favor de la activación de un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro.

Las comunicaciones las entregó la Gerencia de Talento Humano y, al menos a tres de ellos, con los que Correo del Caroní conversó, se les dijo que era una instrucción superior por ser ellos parte de la nómina de confianza y dirección de la empresa.

Primer caso

A Omaira Delia Franco, una socióloga con 18 años de servicio en la antigua Edelca y ahora Corpoelec, no le dijeron nada. Solo la llamaron a la oficina de Talento Humano y sin argumentos le entregaron la comunicación firmada por el gerente general, José A. Torrealba T.

“Me dirijo a usted, en la oportunidad de notificarle que el Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en uso de las facultades conferidas en los Estatutos de la Empresa y mediante punto de cuenta N° PCP-TTHH-443-2016 de fecha 28 de junio de 2016, aprobó la culminación de la relación de trabajo que usted mantiene con esta corporación en su condición de titular del cargo de asesor mayor”. Así empieza la comunicación entregada este jueves.

Aunque Omaira está en la nómina de confianza, asegura que desde hace meses no tiene personal a su cargo ni ejerce un cargo superior. Pertenecía a la Gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional y jamás la habían amenazado.

Lo único que alcanzó a hacer fue firmar la carta y escribir un pie de página. “Dejo constancia que no estoy conforme debido a que no me dan razones para el despido”.

Para Omaira la única razón es haber firmado. “Escuchamos en televisión los comentarios pero nunca me habían amenazado directamente, ni nada. Pueden revisar mi expediente, ha sido excelente en 18 años ininterrumpidos”.

Actualmente ejercía como coordinador de estudios ambientales y sociales, y aunque la comunicación dice que su cargo era de Asesor Mayor, “puedo probar que no tenía responsabilidades de este tipo, pero bueno, ya sabemos cómo está el país”.

“Quisiera irme por la puerta grande y no así por la puerta trasera. Aspiramos que se reconozcan nuestros derechos”.

“Por la Venezuela posible”

Víctor Acosta llegó hace 20 años a la antigua Electrificación de Caroní (Edelca). Es arquitecto y a él nadie le contó las potencialidades de Guayana, de sus técnicos y de sus proyectos porque estuvo al frente de muchos.

Por ejemplo, recuerda, el diseño del Ecomuseo del Caroní (Ecomuseo), Plaza el Agua, los famosos jeroglíficos de Caruachi -por mencionar algunos- y actualmente en la remodelación de las turbinas I a la VI de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (antigua Raúl Leoni), en Guri.

Ejercía como coordinador de la parte civil y arquitectónica en la Gerencia de Proyectos Mayores.

El lunes, sin embargo, el presidente de Corpoelec, mayor general Luis Motta Domínguez, decidió dar por terminada su relación laboral a través de un punto de cuenta; seis meses antes de su derecho a jubilación.

Otros siete empleados también tienen comunicaciones similares en Corpoelec-Bolívar. Los despedidos buscan organizarse para defenderse legalmente

“No me dieron ninguna explicación, les pedí que me permitieran terminar mi proceso hasta llegar a la jubilación, que me cambiaran de gerencia. Les dije que como no estaba la causa yo no iba a firmar, pero luego me dijeron que iban a levantar un acta y que no me darían copia del documento. Entonces preferí acceder, para tener comunicación”.

Acosta sabía que algo como esto podía pasar. La convocatoria a referendo le recordaba la famosa Lista Tascón, con la cual el gobierno de Hugo Chávez limitó el empleo a miles de venezolanos que firmaron en su contra en un proceso de referendo revocatorio en 2004.

“La mayoría de la gente que está trabajando en Corpoelec tenemos una mística de trabajo que viene de ese portafolio. Son pocos los que quedamos de esa mística de continuar, así con crisis y todo, a pesar de la falta de profesionalismo, de la falta de visión, de todo”.

El arquitecto con 59 años de edad explicó, incluso, la importancia de terminar el proyecto de la remodelación, cuyo contrato se extiende a 2018. Pero tampoco eso importó. “Lo que te quiero transmitir es que mucha gente se ha ido, y que los que quedamos en esos cargos, son parte de esa gerente con mística, somos solicitados pero creemos en este proyecto”.

Pese a las amenazas explícitas de funcionarios del Gobierno y coordinadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Acosta decidió asistir a la activación de firmas “por la enorme consciencia que tengo de la nación, porque yo vine aquí (a Guayana) a apuntar a la Venezuela posible, lo he visto en las manos y en los ojos de la gente con toda la que he trabajado”.

Esa voluntad, resalta, la ha visto “intrínseca -en todos los niveles- de que podíamos lograr las obras que se lograron. Esa Venezuela sí se construyó, es la que me hace confiar a que podemos ejercer el cambio, que el cambio se dé pese al enorme deterioro económico y social que estamos viviendo”.

Ahora que recibió esta carta, no está dispuesto a ceder. Primero, porque no se puede aguantar más, “es un derecho constitucional que no se negocia, todo el mundo firmó por esa Constitución, no podemos permitir que amedrenten nuestros derechos”.

Denunciar y dejar constancia

Melissa Antunez es una de las despedidas esta semana de Corpoelec y también es de las que cree que hay que denunciar y dejar constancia. En septiembre cumpliría 10 años en Corpoelec, y nueve directamente en la administración pública.

Como administradora y parte de la Gerencia de Generación de Corpoelec manejaba información confidencial. Pero nunca, defiende, cometió alguna falta. “Siempre fui muy profesional, incluso porque recientemente manejaba los datos de la cota de Guri”.

Ahora es parte de los más de 200 trabajadores en Venezuela que, hasta este viernes 1 de julio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tenía contabilizados solo por participar en la activación de referendo revocatorio.

En Guayana el caso más reciente fue el pasado 20 de junio, cuando tres funcionarios especialistas en aduana del Seniat fueron notificados de despido después de 15, 25 y 32 años de servicio, respectivamente. Todos firmaron y validaron su firma a favor del referendo revocatorio.

Los despidos por razones políticas representan discriminación laboral y una violación a los derechos humanos.

Violación de derechos humanos

Los despidos por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela.

También están prohibidos en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió en el mes de mayo la promoción del apartheid político por parte de funcionarios gubernamentales en el marco del proceso de recolección de firmas para la convocatoria al mecanismo constitucional de referendo revocatorio.

Las medidas guardan parecido con el caso de Lista Tascón, mediante el cual se cercenó el derecho al empleo a miles de venezolanos por haber participado en un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Recientemente, en marzo de 2016, el caso de Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang, llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.