Pronunciamiento estudiantil en contra de la explotación del Arco Minero del Orinoco

No al decreto N°2.248

Por: Vinculo

Esc. de Sociología

Desde que oficialmente fue anunciada la promulgación del Decreto N° 2.248 por el Ejecutivo, en los pasillos de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela se comenzó a escuchar un revuelo de sentimientos, comentarios de indignación e interrogantes acerca de lo que llamaron “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco”, territorio que fue supuestamente protegido en el año 2004 por el entonces Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

El 24 de febrero del presente año fue publicado en Gaceta Oficial este decreto, en medio de la agonizante crisis económica, política y social que actualmente vive Venezuela, bajo las pretensiones de un gobierno que decide sin consulta alguna a los pueblos originarios, además de incumplir con las obligaciones constitucionales y legales de realizar estudios ambientales previos. Con este decreto se hace entrega de concesiones que explotarán y devastarán el 12,2 % del territorio nacional ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas, con la participación de 150 “empresas mixtas” de las cuales se tiene poca información. Esta exploración y explotación pretende extraer minerales como bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita. Otro elemento importante es que de las empresas transnacionales mineras que pretende aprovechar de acuerdos bilaterales, ha sido enjuiciada a nivel mundial por malas prácticas ambientales: tenemos el caso de la Gold Reserve, empresa canadiense vetada en su propio país por los fuertes daños que ocasionó al ecosistema, producto de actividades extractivas.

El Movimiento Estudiantil invita a la población a conocer y sensibilizarse con las que podrían ser consecuencias irreparables, con la vulneración sin precedentes de los recursos naturales de esa zona del país. Estas consecuencias solo tardaría unos pocos años en deteriorar el entorno de la caída de agua más alta a nivel mundial, El Salto Ángel -monumento natural de la humanidad- como parte del parque Roraima, el cual para el año 2012 recibió alrededor de 80.000 turistas, y que progresivamente ha reducido a menos de la mitad sus visitantes, producto de los altos índices delictivos, secuestros, y deterioro institucional que actualmente coartan el desarrollo de las actividades sociales y económicas tradicionales de la entidad. Sumado a los graves sucesos ocurridos el 4 de marzo en Tumeremo, Edo. Bolívar, con la conocida desaparición y asesinato de 28 mineros de una mina de oro llamada “Atenas”.

Es evidente que el gobierno venezolano, ha olvidado las banderas en contra del indiscriminado desplazamiento y violación de los derechos de los pueblos originarios de la zona sur del país (pemones, yekuana, sanemá, panares, hotis y piaroas), quienes han sido afectados tanto por la minería ilegal como por la propuesta del Arco Minero de Orinoco. Es por eso que el pasado martes 31 de mayo el Movimiento Vínculo –junto a diversos sectores de la población: estudiantes y activistas independientes, organizaciones indígenas, ecofeministas, Marea Socialista, LTS, PSL, y Barricada- acompañó una protesta en la inmediaciones del TSJ con la entrega de un documento en solicitud de nulidad del Decreto N° 2.248. Decreto que, además, viola los derechos humanos de miles de personas y amenaza nuestro inigualable capital natural de la zona sur del país, considerando que múltiples ríos que serán afectados, entre ellos el Caroní, que alimenta a la Represa Hidroeléctrica “El Guri” -catalogada como una de las 3 más grandes del mundo-, cuya producción hidroeléctrica abastece al 75% de la población venezolana.

Con este comportamiento se ponen al descubierto las irresponsables y desesperadas medidas del Gobierno venezolano, que reproducen el extractivismo de la cuestionada política minera de la llamada “democracia representativa” como modelo de desarrollo, que han implementado en Venezuela marcando su economía desde hace varias décadas, poniendo en relieve las claras contradicciones en su discurso con el “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” -en donde el Quinto Objetivo establece “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.”

Finalmente, denunciamos la falta grave a la soberanía en el cual incurre el gobierno nacional, al no respetar ni tomar en cuenta los derechos de los ciudadanos a la protesta y denuncia legítima de actos que atentan en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queda claro que los actuales dirigentes priorizan el negocio de cúpulas y mafias por encima de la principal riqueza humana del país, representada en el devenir de la juventud cuyo futuro quedará hipotecado. Sabemos que el Estado recurre a este tipo de medidas destructiva para intenta cubrir la crisis económica actual que ha desajustado el presupuesto nacional, como consecuencia de múltiples factores tales como, la corrupción, ineficientes gestiones administrativas, y ausencia de acuerdos entre el gobierno nacional y el sector productivo del país. Y en lo próximo el Movimiento Estudiantil, promoverá y apoyará protestas, documentos y manifestaciones que se pronuncien en contra del decreto para la afectación de las riquezas naturales ubicadas en cualquier territorio de la población.