Clavel Rangel Jimenez
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) restringe el ejercicio de la libertad sindical a más de 25 mil afiliados a organizaciones sindicales en el estado Bolívar Foto ArchivoLa restricción a las comicios sindicales bajo la administración de Maduro iguala las condiciones de los trabajadores a la Venezuela de finales de los años 40, cuando los sindicatos fueron disueltos por la Junta de Gobierno presidida por el general Delgado Chalbaud.
El Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) pasó a engrosar la lista de organizaciones cuyas elecciones han sido suspendidas por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Poder Judicial se abroga la supuesta protección de los trabajadores para impedir la elección sindical en Ferrominera con argumentos similares a los que expuso para detener los comicios en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) en enero de 2015, como asuntos de forma en la conformación de la comisión electoral .
Lo ocurrido en Sidor, donde un año y medio después los trabajadores siguen sin elecciones, o en Comsigua donde también esperan una decisión de la Sala Electoral, no es un buen augurio para sus homólogos en Ferrominera.
El sindicato Sutiss se ha convertido en el emblema de los alcances del poder interventor del Estado contra la libertad sindical, garantizada en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y en los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La decisión deja a los sindicatos más grandes e importantes del estado Bolívar, con más de 25 mil afiliados, desmovilizados e intervenidos.
Intervencionismo
El escenario también iguala las condiciones de los trabajadores a la Venezuela de finales de los 40, cuando los sindicatos fueron disueltos por la Junta de Gobierno presidida por el general Delgado Chalbaud.
Fue una política continuada por Marcos Pérez Jiménez y que, posteriormente, en el intento de consolidación de la democracia adquirió maneras más novedosas, como la intervención del sindicato de Sutiss en 1981 por parte de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos, mineros, Mecánicos y sus Similares de Venezuela (Fetrametal), la Federación de Trabajadores del Estado de Bolívar (Fetrabolívar) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) entonces dominado por el buró de Acción Democrática (AD).
Aunque con métodos distintos, el resultado ha sido la intromisión del Estado en los asuntos internos de los trabajadores y que -más recientemente con el proyecto personalista de Hugo Chávez- adquirió unos matices particulares con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El doctor en Ciencias del Trabajo, Rafael Marín, lo resume en el análisis La estatización de las elecciones sindicales publicado en la revista Sic del Centro Gumilla.
Pasando por la convocatoria a referendo hecha por el CNE en 2001, hasta su papel de árbitro en 2009, la constante ha sido el monitoreo del Gobierno respaldado con un reciente refuerzo del TSJ.
Erosión popular
Mas la caída de la popularidad de Nicolás Maduro, como sucesor del proyecto chavista, ha reforzado las limitaciones a la libertad sindical como la elaboración de un registro obligatorio de sindicatos, retrasos en la legalización de las organizaciones, más detenciones de dirigentes sindicales y ahora impedimentos a la celebración de elecciones.
Y aunque las normas del CNE y la interferencia del TSJ son contrarias al Convenio 87 sobre Libertad Sindical suscrito por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ejecutivo ha desoído los exhortos del organismo para la eliminación del intervencionismo.
Para la coordinadora nacional de Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, la respuesta es simple: “El Gobierno tiene perdidas todas las bases de los sindicatos y saben que van a perder”.
En momentos donde está sobre la mesa la solicitud de activación de un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, unas elecciones sindicales adversas puede desencadenar un efecto dominó que desestabilice aún más al Ejecutivo.
El gobierno de Maduro necesita contener cualquier consulta que permita medir la popularidad de la revolución.
Por eso otras elecciones cruciales, como la de los sindicatos petroleros afiliados a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, han sido dilatadas.
Recientemente el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón, Iván Freites, denunció que se prepara un megafraude con la inclusión de más de 40 mil supuestos trabajadores en los sindicatos para que estos mejoren el posicionamiento del Gobierno.
Sería una estrategia más a la que ya han aplicado en estados como Carabobo, donde el registro de organizaciones sindicales representa un porcentaje ínfimo de las solicitudes consignadas.
Sobre la libertad sindical
El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en su artículo 3 que las “organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción”.
Asimismo, es claro al señalar que “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
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