El gobierno chavista contra la izquierda: una persecución silenciada

Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

Prohibido criticar

A comienzos de este año fueron despedidos los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland, por realizar públicamente críticas a la política económica del gobierno. Los jóvenes intelectuales y activistas de izquierda venían cuestionando a través de artículos e intervenciones públicas el ajuste aplicado por Maduro y las grotescas mentiras de la propaganda oficial en torno a una “guerra económica”. Vázquez Heredia también se pronunció, ante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por el apoyo a candidaturas de la izquierda anticapitalista no alineada al gobierno ni a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los despidos como retaliación política no solo resultan sintomáticos de la precarización de derechos laborales en los centros educativos controlados por el gobierno, como la UBV, donde no hay derecho a la organización sindical, gremial o estudiantil. Más allá de lo que revelan sobre la inexistencia de las más elementales garantías para la actividad docente y la investigación en estas instituciones “bolivarianas”, estos despidos forman parte de la persecución contra la izquierda independiente en el país.

Contra el sindicalismo revolucionario

Varios dirigentes sindicales de izquierda han sido despedidos como retaliación política. Los dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino y Bladimir Carvajal fueron despedidos de Pdvsa en 2007 y 2015 respectivamente, Armando Guerra de la misma organización fue despedido de Hidrocapital en 2007, en todos los casos por defender los derechos de los trabajadores y oponerse a los manejos de la burocracia. Por denunciar corrupción también fue despedida la dirigente sindical de izquierda Osmary Escalona, trabajadora del Seguro Social (IVSS) en el estado Lara. La lista es muy larga y no puede ser agotada en este breve escrito.

Los ataques empleando el aparato administrativo y represivo del Estado, o incluso el sicariato, contra toda posición que desde la izquierda independiente o incluso desde el mismo movimiento chavista interpelara al gobierno, fueron un recurso decisivo del gobierno para avanzar hacia una nueva gobernabilidad burguesa e imponer sus medidas de ajuste y restricción de las libertades democráticas. De esta manera, el gobierno no solo usó a sus agentes de la burocracia sindical para dividir a la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) en 2006 y así abortar el proceso de refundación del movimiento sindical, sino que incluso se apoyó en el sicariato para asesinar Richard Gallardo, el único presidente de una federación regional de la UNETE electo democráticamente, la UNETE-Aragua, así como a los dirigentes sindicales revolucionarios Luis Hernández y Carlos Requena, todos ellos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda, organización antecesora del PSL. La Unete-Aragua contaba con el hito de haber realizado la única huelga general regional del período chavista en 2007, y de haber sido parte de la emblemática lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay, en la cual más de seiscientos trabajadores realizaron una experiencia de producción autogestionada durante más de nueve meses, pese a la represión militar y policial.

Sicariato y represión

Así como el gobierno apeló al sicariato para aplastar a la vanguardia revolucionaria de los trabajadores en Aragua, llegando a asesinar a siete dirigentes del sindicalismo de clase, también empleó métodos similares contra la principal experiencia de recuperación de tierras indígenas, la encabezada por el cacique yukpa Sabino Romero en la Sierra de Perijá. Luego de un intento fallido de asesinar a Sabino Romero a finales del año 2009 por parte de agentes indígenas del Ministerio del Interior y Justicia, el gobierno procedió a encarcelarlo mediante un montaje judicial, junto con el joven dirigente indígena Alexander Fernández. Luego de año y medio como presos políticos, Romero y Fernández fueron liberados gracias a una campaña nacional de protesta y denuncia. No obstante, ambos serían asesinados, Fernández en 2012 y Romero en 2013, sin que hayan sido enjuiciados y condenados los autores intelectuales de ambos crímenes. En el caso del asesinato de Sabino Romero, tampoco se ha investigado y castigado la participación de militares en el crimen, cubriendo la retirada de los policías que actuaron como sicarios.

En enero de 2009, el gobierno regional de Anzoátegui, encabezado por el actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, atacó con su policía una huelga de trabajadores automotrices, asesinando a balazos a dos trabajadores. La huelga era encabezada por una organización adscrita al chavismo que exigía la nacionalización de una planta ensambladora de la Mitsubishi. Otro dirigente sindical crítico que fue asesinado por su enfrentamiento con mafias del chavismo fue Argenis Vázquez, de Toyota.

Criminalización de las luchas y censura

La criminalización de las protestas populares y las huelgas también se convirtió en un recurso cada vez más corriente luego de 2007. Centenares de procesos judiciales contra trabajadores y dirigentes sindicales, campesinos e indígenas se abrieron para aplastar el proceso de luchas sociales en auge. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, referente nacional del PSL, ha sido objeto de varias detenciones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana por participar en asambleas sindicales o incluso por repartir volantes en las instalaciones petroleras. Luego de que en el año 2006 una marcha de trabajadores petroleros encabezada por Bodas en Puerto La Cruz fue atacada a balazos por los cuerpos represivos, dejando a un obrero gravemente herido, el gobierno fue sistematizando sus ataques contra el sindicalismo de clase petrolero. En febrero de 2014, Bodas fue detenido por repartir volantes en la Refinería de Puerto La Cruz, junto con ocho trabajadores petroleros por más de 24 horas hasta que una masiva protesta obrera frente a los tribunales logró su liberación. En Petrocasa, Vtelca, Sidor y otras empresas estatales, el gobierno ha encarcelado y llevado a juicio a trabajadores identificados con el chavismo, pero con posiciones críticas hacia la burocracia del Psuv y el gobierno.

En 2009 fue encarcelado Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco y concejal por el partido de gobierno, por encabezar una huelga reivindicativa en su empresa. Al cabo de año y medio de encarcelamiento fue condenado a más de siete años de prisión, pero la masiva protesta logró que se anulara el aberrante fallo judicial, y en un nuevo juicio González fue absuelto, en 2014. Ya para entonces, González había abandonado las filas del chavismo y se había incorporado a la MUD.

En marzo de 2010, el gobierno chavista del estado Aragua reprimió una protesta contra el ajuste económico de Chávez convocada por la Unete-Aragua, deteniendo en la sede de la policía en Maracay a 25 activistas de sindicatos, organizaciones de izquierda y de derechos humanos. Muchas otras protestas de sectores sindicales combativos fueron reprimidas y objeto de detenciones masivas entre 2007 y 2013, destacándose las detenciones masivas en el marco de la huelga que culminó con la nacionalización de Sidor en 2008.

En este marco, el portal www.laclase.info, fundado en 2008, y uno de los principales medios alternativos de difusión de las luchas obreras en Venezuela, ha sido el blanco durante años de ataques informáticos y bloqueos en empresas estatales como Pdvsa.

Marea Socialista

Un movimiento amplio chavista con diversas tendencias, que abarcan desde el apoyo incondicional al gobierno de Maduro y a sectores de la burocracia sindical en el estado Carabobo, hasta posiciones más críticas del gobierno y que llaman a conformar una alternativa revolucionaria al Psuv, Marea Socialista (MS) ha sido objeto de numerosos ataques oficiales, desde acusaciones de servir a la derecha o al imperialismo, hasta maniobras para impedir que inscriban una tarjeta electoral en el Consejo Nacional Electoral. Mientras que el dirigente sindical Gustavo Martínez, identificado con MS, fue despedido de la empresa estatal Café Fama de América por criticar la gestión corrupta de la empresa. Sin compartir la posición de MS de invocar un supuesto legado chavista originario para contraponerlo a las “desviaciones” del gobierno de Maduro, es importante que los revolucionarios repudiemos los ataques antidemocráticos del gobierno en su contra. A la par que se desarrolla un debate público sobre el contenido del llamado “legado de Chávez”, y los elementos de continuidad que hay entre los gobiernos de Chávez y Maduro, hay que procurar la unidad en el terreno de la movilización contra el ajuste del gobierno y contra las restricciones a las libertades democráticas.

Unidad contra los ataques del gobierno

¿Por qué ha quedado a la sombra esta cruenta historia de persecución, represión y asesinatos por parte del gobierno chavista contra la izquierda, e incluso contra sectores de la propia base chavista? No hay una sola razón detrás de ello. Durante muchos años una parte del chavismo justificó estos crímenes como expresiones de la existencia de una “derecha endógena”, infiltrada en el gobierno del presidente Chávez, en vez de denunciarlos como parte de una política deliberada del gobierno para acallar a los luchadores radicalizados. La mayor parte de la izquierda latinoamericana, de inspiración socialdemócrata o filo estalinista, ha representado estos crímenes como parte de una supuesta lucha contra la derecha, capitulando al discurso oficial que presenta toda oposición al gobierno como de inspiración imperialista o burguesa. Mientras tanto, la MUD ha avalado silenciosamente estas persecuciones y represiones, cuando no ha colaborado activamente en ellas, como en el caso de la criminalización de las luchas indígenas y campesinas por recuperación de tierras, pues obviamente coincide con los objetivos del gobierno. Sus únicas críticas, cuando se han efectuado, han apuntado a lo tardía o insuficiente que desde su perspectiva resulta la represión oficial.

Una campaña unitaria por el reenganche de Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland en la UBV, Gustavo Martínez en Café Fama de América, Osmary Escalona en el IVSS y Bladimir Carvajal en Pdvsa, sería una oportunidad para plantar cara a la política gubernamental de criminalización de las opiniones políticas de izquierda y de la actividad sindical. Formaría parte de los necesarios esfuerzos por enfrentar la restricción de los derechos democráticos y por levantar una fuerza política y social que enfrente el despiadado ajuste con el que el gobierno castiga a la mayoría trabajadora de la población. Es una necesidad urgente.