POR DANIELA MEJÍA B. / @DaniMejiaB / FOTOGRAFÍAS: DANIELA MEJÍA | MAPA: ANDREA TOSTA
Ni un decreto que lo certifica como Parque Nacional, ni ser considerado zona protegida por el Estado, evita que El Ávila caiga postrado ante la miseria y la desidia. Invasiones por doquier y hasta un vertedero de basura son el rostro del Waraira Repano frente al mar de Vargas
En el sector 4 del Barrio Aeropuerto, 12 familias viven en ranchos construidos a partir de tablas de madera y latón. Sus propietarios han erigido estas precarias casitas más arriba de los 120 metros sobre el nivel del mar (msnm), cota de la montaña que ya pertenece al extremo oeste del Parque Nacional El Ávila en Vargas. Algunos de los moradores no se han enterado que ocupan un territorio bajo régimen de protección. Otros simplemente no le dan importancia.
Belitze Farías, de 16 años de edad, ya es madre. Junto a Yunior José, de 19 años, es la dueña de uno de los nuevos habitáculos de pobreza. Con su bebé de meses en brazos, la mujer explica que allí encontraron techo propio y privacidad. Antes, compartían una habitación de una precaria vivienda cercana con siete personas más: la mamá de ella, dos sobrinas, dos hermanos y el marido de su hermana recién fallecida de cáncer. Todos pobladores del Parque Nacional. Ilegalidad en familia.
Yunior José sabe que está prohibido construir en el lugar y, más aún, hacerlo más arriba en el mismo cerro. Se lo advirtieron en Inparques durante una visita reciente. Pero la necesidad puede más.
Y no está solo. Daniel Lugo se resguarda de la intemperie con las tablas de madera azules que sostienen su inmueble, si puede llamarse así la “casita” que lo alberga junto a su esposa y dos hijas. Desde hace un año que llegó, paga alquiler a la dueña de la bienhechuría, aunque el terreno sea del Estado, como supo hace poco cuando se enteró que formalmente es un invasor del Ávila. Pero él sigue pagando el arrendamiento porque “ella puso los materiales” que le dan refugio a su familia.
Daniel y Belitze esperan lo mismo: que el gobierno les otorguen casa. Ninguno quiere vivir un desagradable desalojo a la fuerza sino un traslado a una vivienda digna. Por ahora esperan y viven, con temor a una arremetida de la Guardia Nacional pero con otras prioridades: conseguir agua y evitar que algún alacrán pique a los pequeños. “Me ha tocado matar dos culebras aquí. Yo rocío gasoil todas las noches antes de dormir para que no lleguen los bichos”, explica Daniel recordando que a una de sus niñas la picó un alacrán, no venenoso.
Ausentes los servicios públicos, los moradores de la montaña han activado procedimientos para hacerse de agua. La recolectan en el punto más cercano, un grifo solitario en plena Avenida Aeropuerto, varios metros más abajo en la empinada. Un recorrido largo y accidentado los separa de la boca de la tubería que puede pasar semanas desértica. Hay sed de agua, y hambre de justicia.
Por: Laclase.info
Caracas, 27 de diciembre.- La industria más importante de nuestro país se encuentra en ruinas. Las inversiones necesarias para el mantenimiento mayor en todas las plantas a nivel nacional no se realizan. Esa es la causa de los graves accidentes que se experimentan en las instalaciones de forma casi diaria, y que significan lesiones y muertes de trabajadores. Cuando los trabajadores denuncian esta situación extremadamente grave, deben sufrir persecución y despidos, como en el caso del reciente despido del dirigente sindical Bladimir Carvajal, de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura).
“Tenemos una empresa que no recibe inversiones para operar en óptimas condiciones, no recibe inversiones para las mejoras tecnológicas, mientras sirve de caja chica de las campañas electorales del gobierno y una fuente de negocios turbios, como los que se han revelado con la detención en EEUU del contratista Roberto Rincón Fernández, cuyas actuaciones deberían ser investigadas y sancionadas en nuestro país. Cada vez se contrata a más operadores políticos, encargados de hacer campañas a favor del gobierno al interior de la empresa, sin puesto definido en el trabajo, mientras se mantiene el trabajo tercerizado de miles de trabajadores”, explicó José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), quien atribuyó el despido de Carvajal a la lucha del sindicalismo autónomo y revolucionario contra esta situación.
Maduro criminaliza la lucha sindical
“Para someter al trabajador petrolero, el gobierno ha impuesto un estado de terror, privándonos del contrato, desconociendo la trayectoria laboral, criminalizando la actividad sindical con despidos. Se ha desmejorado de manera drástica las condiciones salariales y laborales de los petroleros. La situación de los trabajadores petrolero no escapa a una política del Estado de acabar con las conquistas en los contratos colectivos y específicamente en petróleo donde hay una federación liderada por Wills Rangel sus aliados del Psuv, que en los últimos contratos colectivos han entregado los beneficios sociales, culturales y económicos de los trabajadores y sus familias. Actualmente se está discutiendo el contrato entre miembros del Psuv, sin la participación de los miembros del Comité Ejecutivo de la Futpv que son de nuestra corriente revolucionaria y autónoma, como una nueva maniobra del gobierno para impedir que se escuche la voz de los trabajadores en la definición de las cláusulas del nuevo contrato”, denunció Bodas.
