La llamada “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), es un conjunto de acciones de gran envergadura en las que participan centenares de agentes de todos los cuerpos represivos, militares y policiales, supuestamente dirigidas a enfrentar la delincuencia y la reventa de alimentos y productos básicos, denominada “bachaqueo” por el gobierno, actividad que ha crecido paralelamente al agravamiento de la escasez.
En el país ha habido un importante auge del crimen organizado, facilitado por la corrupción policial y judicial, la entrega de los centros penitenciarios a mafias, y la creación de zonas liberadas de presencia policial llamadas “zonas de paz”, todo ello en un contexto de creciente desigualdad y pobreza. Incluso gran parte de la clase media y de los sectores populares piden medidas represivas contra la delincuencia, al no ver medidas gubernamentales que le pongan freno a la criminalidad.
No obstante, desde el primer momento quedó en evidencia que la llamada OLP implicaba violaciones a los derechos humanos. Su método es el de sitiar barrios completos y detener a centenares de jóvenes al azar, de los cuales muy pocos son posteriormente imputados con algún delito. En cada operación, varias personas son asesinadas en supuestos enfrentamientos con los represores, sin que se presenten militares o policías fallecidos o heridos. Hasta la fecha hay alrededor de un centenar de muertos en estos operativos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos recogieron denuncias de los pobladores de los barrios sitiados, referidas a detenciones arbitrarias y robos sufridos a manos de los policías y militares, ejecuciones extrajudiciales y desalojo de viviendas. El gobierno negó estos atropellos hasta que se hizo público el video de la ejecución de un joven en Maracay por parte de la policía de Aragua. Cinco agentes policiales fueron detenidos por esta ejecución, sin embargo el gobierno se niega a abrir investigaciones sobre los demás operativos de la OLP. El crimen de Maracay mostró en toda su brutalidad la política del gobierno de criminalizar la pobreza bajo la pantalla de atacar a las bandas delincuenciales.
También el despliegue de la OLP en el estado Bolívar como respuesta a los saqueos de supermercados en la ciudad de San Félix, sirvió para ilustrar que al gobierno le interesa emplear sus grandes despliegues represivos para amedrentar a la población para que no proteste o perturbe el “orden”. A pocos meses de unas elecciones que el gobierno reconoce difíciles de ganar, y con un clima social que presagia posibles estallidos sociales, es doblemente útil diseminar sus agentes policiales y militares por las calles del país, y la OLP es la forma que ha adoptado para ello. Amedrentar a la población, al tiempo que se desata la demagogia oficial sobre el tema de la delincuencia, cuyas causas estructurales permanecen sin ser reconocidas.
En ese contexto, la ofensiva xenófoba contra los inmigrantes y refugiados colombianos en la frontera, con deportaciones, desplazamiento forzado y demolición de centenares de viviendas, también es parte de la criminalización de la pobreza y el ataque a los derechos democráticos de la población. Aunque el discurso del gobierno apunta a un supuesto combate al paramilitarismo y al contrabando, la suspensión de las garantías constitucionales en varios municipios fronterizos es el reconocimiento formal de la suspensión de derechos fundamentales que en la práctica la OLP ha vulnerado con sus operativos en todas las regiones del país.
Ante esta situación, la posición de quienes nos reclamamos revolucionarios y socialistas no puede ser sino de una categórica condena a las acciones del gobierno. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) ha condenado desde el primer momento las violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares a través de la OLP.
Marea Socialista: ¿Dos políticas ante la OLP?
La juventud de Marea Socialista, organización con la cual el PSL presenta candidatos comunes en los estados Mérida, Trujillo y Guárico, ha denunciado la política represiva del gobierno. Ante el asesinato del joven Geiverson Acosta en Caracas, declararon que los asesinatos policiales “son las consecuencias previsibles de una política de ¨seguridad¨ compulsiva y demagógica como lo son las OLP y la ¨mano dura¨, cuando sabemos que estas mismas recetas han tenido consecuencias nefastas en otros países donde la juventud y la pobreza son las principales víctimas de estas ¨tropas especiales¨ o las mismas son utilizadas para intereses mafiosos como mecanismos de eliminación de la competencia de los carteles de drogas y otras actividades delictivas” (http://web.laclase.info/content/ante-el-vil-asesinato-de-geiverson-acosta-perpetrado-por-la-policia-nacional/).
Igualmente, Yasmeli Pernía, candidata a diputada de Marea Socialista en la tarjeta del PSL en el estado Mérida, ha explicado en un artículo que ” la Operación Liberación del Pueblo (OLP) es la aplicación de un estado de excepción silencioso a nivel nacional, pero no en defensa de la Constitución , sino en contra de ella… En ningún caso vamos a observar que ésta OLP va a liberar al pueblo de los grandes corruptos rojitos, azulitos, burócratas sindicales, grandes empresarios explotadores, grandes ganaderos y latifundistas, grandes mercaderes del erario público y altos rangos de la Guardia Nacional “. (http://web.laclase.info/content/la-olp-es-un-mecanismo-de-estado-de-excepcion-silencioso/). Quienes militamos en la izquierda autónoma de este país, vemos con simpatía estas claras denuncias.
En cambio, resulta preocupante que Stalin Pérez, dirigente nacional de Marea Socialista, y Christian Pereira, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futaac), y dirigente de Marea Socialista en el estado Carabobo, hayan emitido una declaración apoyando las medidas adoptadas en la frontera y la OLP. “Recientemente se han tomado medidas importantes en materia de frontera y respecto a la seguridad con las denominadas OLP… consideramos que ambas medidas están en la dirección correcta y debieran formar parte de un paquete de medidas mucho más amplio que fortalezca el papel del estado venezolano… Consideramos que la xenofobia solo nos divide y que tenemos que estar muy alerta contra estas prácticas. No obstante, todos esos riesgos no oscurecen la correcta orientación de las medidas, por lo cual creemos importante subrayar nuestro apoyo a estas iniciativas que adelanta el Presidente Maduro y el Ejecutivo”, se puede leer en el comunicado. (http://www.aporrea.org/trabajadores/n276597.html)
¿Las principales víctimas de la OLP son los jóvenes y los pobres, o se trata de una política que está orientada en la dirección correcta y que amerita el apoyo de todo el pueblo? ¿Las ejecuciones y demás violaciones a los derechos humanos, denunciadas en todos los operativos de la OLP, son sólo responsabilidad de algunos efectivos policiales y militares, o son consustanciales a la política represiva del gobierno? ¿Es posible desmarcarse de la xenofobia si al mismo tiempo se apoya una campaña del gobierno que viola los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados colombianos? Este debate es de una enorme importancia para todo el movimiento popular, la izquierda y los sectores que en algún momento albergaron expectativas en que el gobierno chavista rompería con las tradiciones antidemocráticas y represivas del pasado puntofijista. Ahora que vuelven con fuerza las redadas y la represión indiscriminada en los barrios, que se vuelve a suspender las garantías constitucionales, que se criminaliza el hambre y la pobreza, que se aplica un ajuste terrible contra la mayoría trabajadora para hacernos pagar la crisis generada por los capitalistas y burócratas corruptos, resulta crucial que construyamos una alternativa política verdaderamente revolucionaria, y ello sólo es posible si nos oponemos de manera contundente a la orientación represiva y el ajuste del gobierno. No hay espacio para un “apoyo crítico” a los crímenes represivos del gobierno.
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