Ni incluidas, ni iguales: la representación femenina no es un juego

Igualdad para explotar en el mercado capitalista

Por: María Esperanza Hermida*

La anunciada decisión del CNE de elevar la representación femenina en las próximas elecciones parlamentarias, se desconoce en su contenido exacto y aún no ha entrado en vigencia. Ello contribuye a crispar el clima político favoreciendo la polarización. Además, la opacidad con que se manejó la medida aunada a la tensión que rodeó la definición de la fecha para estos comicios, evidencia que el objetivo de la medida no es precisamente garantizar a las venezolanas una representación igualitaria en el poder político. Como mujer, luchadora social y defensora de derechos humanos, claramente asumo que la primera crítica ineludible a esta decisión del CNE, sin entrar a considerar todavía su contenido, es la oportunidad del anuncio: se hace pública a escasos 5 meses y 2 semanas de las elecciones parlamentarias, y a un mes del inicio del lapso para postular las 167 candidaturas que se someterán a consulta popular el 6/12/15.

Si bien encontramos antecedentes de esta decisión en 2005, 2008 y 2010 (Resoluciones del CNE No. 050401-179, No. 080721 y N° 100208-0011, respectivamente), ninguna de esas medidas administrativas garantizó paridad en el acceso de las mujeres al ejercicio del poder político, en términos de su participación en cargos de representación popular. A ello debe agregarse, sin pretender un balance histórico de la participación política femenina, que la presencia nominal de mujeres en cargos públicos no garantiza por sí sola la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, la disminución de la pobreza y el acceso de la población que vive en condiciones vulnerables a bienes y servicios básicos indispensables. La inclusión va más allá de la representación femenina decorativa.

En el caso de las mujeres que aspiren a postularse en las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela, no cuentan con las condiciones mínimas indispensables que requiere el libre ejercicio de este legítimo derecho político, pues estando a menos de un mes para la inscripción de candidaturas, se desconoce el criterio de proporcionalidad que regirá específicamente para las listas, y su relación con las diputaciones uninominales. A ello agregamos que las candidatas pugnarán por sus espacios en organizaciones partidistas mayoritariamente dirigidas por hombres con una visión machista de la participación política y esa óptica no varía con actos administrativos del CNE.

Por su parte, el anuncio tardío del CNE violenta normas de orden público establecidas constitucionalmente incumpliendo el lapso para cambiar las reglas del juego electoral, que es de 6 meses antes de las elecciones. Aunque este aspecto formal pudiera ser despachado por cualquier voz feminista del oficialismo -señalando que lo importante es la intención del CNE-, necesario es decir que la representación parlamentaria de la mitad de la población votante del país, que además es la más pobre y la que lleva sobre sus hombros responsabilidades fundamentales en una sociedad donde impera la familia mono maternal, merece respeto. En ese sentido, el CNE pudo y debió informar antes, y motivar a todas las mujeres del país a participar en el debate de las reglas electorales, pero sólo escuchó –según dijo la misma Tibisay Lucena- a las mujeres del PSUV, que parecen ser las que contarán con probables garantías de participación política.

Entonces, la supuesta inclusión debe desmenuzarse. No ayuda en su materialización la manera extemporánea y poco transparente como se decidió, la forma como se anunció y las reservas que genera una -muy probable- arbitraria implementación. Y si bien no todas las organizaciones partidistas fueron consultadas, el asunto es que el anuncio del CNE toma por sorpresa al país que vota y en especial, a las mujeres no polarizadas, que somos las que decidimos.

La buhonera, la educadora, la señora que limpia, la que vende café, la que maneja el transporte escolar, la obrera, la indígena, la campesina, la gerente, la estudiante, la que está privada de libertad, la que trabaja y la desempleada, la sindicalista, la profesional, la que está enferma y la que goza de buena salud, la joven, la madre, la soltera, la de tercera edad, la prostituta, y mayoría de las mujeres, no cuenta con acceso a la representación femenina dentro de las postulaciones, pues la principal limitación la ha impuesto históricamente el mismo CNE, que nunca la ha garantizado la representación proporcional, sino que la usa para beneficiar al PSUV.

A esa falta de perspectiva de género del CNE, se suma el velo de silencio que cubrió el anuncio de la fecha para las elecciones parlamentarias este año, lo que deja mucho que desear acerca del verdadero fin que persigue el tardío anuncio sobre la supuesta ampliación del ejercicio de los derechos políticos de la mujer en Venezuela. Ello en un contexto de represión a las luchas de la clase trabajadora, pueblos indígenas y diversos sectores populares y sociales en el país, donde destacan las cifras de sindicalistas y estudiantes con juicios penales por protestar, hacer huelga y exigir sus derechos, que son una muestra de la política de discriminación de un gobierno que no respeta los derechos políticos ni sociales y económicos de la población más pobre.

Esta actuación del CNE exige tanto a las mujeres como al resto de la población invisibilizada electoralmente, profundizar su organización en la lucha por sus derechos políticos. La anunciada decisión nos invita a rescatar la importancia de involucrarnos en la toma de decisiones políticas que determinan la distribución de las diputaciones. La representación de la mujer, personas de la tercera edad, diversidad sexual e indígena, no debe seguir siendo objeto de maniobras para favorecer a la polarización.

*Defensora DDHH, Integrante de C-CURA