El Idenna no reportó ningún acogimiento familiar en 2014. Los tribunales están saturados para formalizar familias sustitutas y hacer visibles a menores sin padres
Isayen Herrera
26 Abril 2015
El Nacional
La familia Pérez Bracho decidió adoptar luego de dos años de intentos por tener un hijo. La esposa no pasó por una sala de parto, sino por la Casa Hogar Bambi y de allí tiene el primer recuerdo de algo parecido a su primer dolor de contracción que no sintió en el vientre, sino en el corazón. Asistió por primera vez con una insignia en la camisa que la identificaba como “referente afectivo” para vincularse con el niño que posiblemente podría adoptar. Los niños de la institución, aunque no sabían leer, gritaban con desesperación apenas veían el carnet: “Llévame a mí”.
En la Gran Caracas hay 64 casas hogares donde viven por lo menos 3.000 niños que en Navidad piden una familia. En la Memoria y Cuenta del Despecho de la Presidencia de 2014, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, organismo adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad encargado de tramitar colocaciones familiares, no reportó ni un solo decreto de adopción.
Carlos Trapani, experto en Derechos de los Niños, explica que la saturación de los tribunales y del Idenna dificulta que se cumpla el derecho de los pequeños a crecer en un hogar y no en una institución. Mientras que las trabas legales prolongan el trámite por el cual las familias sustitutas, que quieren adoptar, dan finalmente su apellido a niños sin familia.
Este año, Unicef desarrolló la campaña #Hablapormí con el lema “Por cada año en una institución pierdo cuatro meses de desarrollo” para instar a evitar que los niños menores de tres años sean criados en una institución. Sin embargo, José Gregorio Fernández, presidente de Proadopción, denuncia que la deuda pendiente de la sociedad y el gobierno es visibilizar a esos niños que crecen institucionalizados.
En un informe de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes se destacan inconsistencias en la poca data que ha ofrecido el gobierno sobre las políticas para esta población. Para el período de 2002 a 2006 el Idenna indicó que registraron 2.925 niños y 993 adolescentes en Entidades de Atención. En 2011, la Defensoría del Pueblo reportó en su Memoria y Cuenta que existe un total de 244 Entidades de Atención a nivel nacional, con 3.147 niños. La cifra en instituciones no deja de crecer.
“El Idenna señala que en 2010 se realizaron 341 evaluaciones de adoptabilidad, pero no especifica el resultado de esas evaluaciones ni su impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Eso indica que se mantiene estructuralmente la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes desprovistos de cuidados parentales e institucionalizados”, cita el informe de la red.
En la reciente Memoria y Cuenta del Idenna tampoco se especifica cuál es la población de niños que están en instituciones como medida de protección, solo se reporta que en 2014 se dio protección a 698 infantes que fueron separados de su familia de origen donde sus derechos eran vulnerados. En el mismo reporte de gestión aseguran que en la Oficinas de Adopción del país se evaluaron 298 niños y se determinó que 113 de ellos son adoptables y pueden ser incorporados al Plan Nacional de Inclusión Familiar. De ese total de evaluaciones, 67 niños fueron incorporados a una familia sustituta, 54 resultaron susceptibles de ser acogidos por algún miembro de su familia biológica y 61 estaban bajo medidas de colocación familiar.
El Ministerio Público reporta en su informe de actuaciones de 2014, 1.359 casos de colocaciones familiares y 761 demandas de colocación familiar. En ambas categorías no especifican si los niños están en una institución, en familias que podrían adoptarlos o con familias sustitutas.
Se conoció que personal técnico del Idenna y Unicef sostuvieron una reunión en marzo para iniciar un censo que diagnostique el problema en el país. Sin embargo, una fuente del Idenna informó que no hubo compromisos formales adquiridos en esa reunión.
Colocación familiar. En la encrucijada de la adopción hay dos caminos enrevesados donde los derechos del niño podrían quedar en entredicho: crecer en un instituto a la espera del proceso legal para entrar en una familia o ser objeto de una colocación familiar que no derive en una adopción y mantenga al pequeño en un limbo.
Bajo la luz de la ley prevalece el derecho del niño a crecer con su familia biológica, por lo que el Idenna debe agotar todas las instancias para conseguirla antes de optar a darle la patria potestad a otra persona o pareja.
Anselia Bervi, coordinadora del Programa de Colocación Familiar Fundafe, explica que la colocación familiar no se ejerce de manera masiva. En 2 años ha logrado 50 abrigos en hogares y 3 adopciones. “Hay niños que están en un limbo legal que no van a una reinserción familiar y no se les ha hecho abordaje para ser adoptados”, explica Bervi.
El presidente de Proadopción explica que para que un niño pueda ser adoptado la ley establece tres mecanismos: el primero, que los padres biológicos den el consentimiento. El segundo se llama “la inexigibilidad del consentimiento” que se da cuando el Idenna y los defensores inician una búsqueda de los padres biológicos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad. Si estas personas no piden una reinserción familiar el niño puede ser acogido por otra familia; y el tercero, que se prive la patria potestad de los padres biológicos y vivan con familias temporales que podrían tener la prioridad para darles su apellido.
La lucha, agrega el activista, además de lograr las adopciones es reducir la cantidad de niños institucionalizados que puedan ser acogidos de manera temporal por familias altruistas. Posterior al paso de abrigo temporal se puede lograr la adopción.
Pocos programas. En Caracas hay solo cuatro programas de colocación familiar que visibilizan a los niños sin hogar: las ONG Mi Familia, Fundana, Fundafe y, por parte del Estado, el Programa de la Alcaldía Libertador. Pese a que están en la capital tienen incidencia nacional.
“El niño tiene derecho vivir en familia con procesos expeditos, apegados a la norma, y se debe eliminar la discrecionalidad del funcionario para sentenciar adopciones. Hay que tener cuidado en no usar la colocación familiar temporal como una pseudoadopción, porque con esa medida los niños quedan en un estatus transitorio en el que no hay reintegro a sus familias ni adopción. Eso termina siendo una desviación del proceso jurídico”, advirtió Trapani.
La familia Pérez Bracho decidió adoptar luego de dos años de intentos por tener un hijo. La esposa no pasó por una sala de parto, sino por la Casa Hogar Bambi y de allí tiene el primer recuerdo de algo parecido a su primer dolor de contracción que no sintió en el vientre, sino en el corazón. Asistió por primera vez con una insignia en la camisa que la identificaba como “referente afectivo” para vincularse con el niño que posiblemente podría adoptar. Los niños de la institución, aunque no sabían leer, gritaban con desesperación apenas veían el carnet: “Llévame a mí”.
En la Gran Caracas hay 64 casas hogares donde viven por lo menos 3.000 niños que en Navidad piden una familia. En la Memoria y Cuenta del Despecho de la Presidencia de 2014, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, organismo adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad encargado de tramitar colocaciones familiares, no reportó ni un solo decreto de adopción.
Carlos Trapani, experto en Derechos de los Niños, explica que la saturación de los tribunales y del Idenna dificulta que se cumpla el derecho de los pequeños a crecer en un hogar y no en una institución. Mientras que las trabas legales prolongan el trámite por el cual las familias sustitutas, que quieren adoptar, dan finalmente su apellido a niños sin familia.
Este año, Unicef desarrolló la campaña #Hablapormí con el lema “Por cada año en una institución pierdo cuatro meses de desarrollo” para instar a evitar que los niños menores de tres años sean criados en una institución. Sin embargo, José Gregorio Fernández, presidente de Proadopción, denuncia que la deuda pendiente de la sociedad y el gobierno es visibilizar a esos niños que crecen institucionalizados.
En un informe de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes se destacan inconsistencias en la poca data que ha ofrecido el gobierno sobre las políticas para esta población. Para el período de 2002 a 2006 el Idenna indicó que registraron 2.925 niños y 993 adolescentes en Entidades de Atención. En 2011, la Defensoría del Pueblo reportó en su Memoria y Cuenta que existe un total de 244 Entidades de Atención a nivel nacional, con 3.147 niños. La cifra en instituciones no deja de crecer.
“El Idenna señala que en 2010 se realizaron 341 evaluaciones de adoptabilidad, pero no especifica el resultado de esas evaluaciones ni su impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Eso indica que se mantiene estructuralmente la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes desprovistos de cuidados parentales e institucionalizados”, cita el informe de la red.
En la reciente Memoria y Cuenta del Idenna tampoco se especifica cuál es la población de niños que están en instituciones como medida de protección, solo se reporta que en 2014 se dio protección a 698 infantes que fueron separados de su familia de origen donde sus derechos eran vulnerados. En el mismo reporte de gestión aseguran que en la Oficinas de Adopción del país se evaluaron 298 niños y se determinó que 113 de ellos son adoptables y pueden ser incorporados al Plan Nacional de Inclusión Familiar. De ese total de evaluaciones, 67 niños fueron incorporados a una familia sustituta, 54 resultaron susceptibles de ser acogidos por algún miembro de su familia biológica y 61 estaban bajo medidas de colocación familiar.
El Ministerio Público reporta en su informe de actuaciones de 2014, 1.359 casos de colocaciones familiares y 761 demandas de colocación familiar. En ambas categorías no especifican si los niños están en una institución, en familias que podrían adoptarlos o con familias sustitutas.
Se conoció que personal técnico del Idenna y Unicef sostuvieron una reunión en marzo para iniciar un censo que diagnostique el problema en el país. Sin embargo, una fuente del Idenna informó que no hubo compromisos formales adquiridos en esa reunión.
Colocación familiar. En la encrucijada de la adopción hay dos caminos enrevesados donde los derechos del niño podrían quedar en entredicho: crecer en un instituto a la espera del proceso legal para entrar en una familia o ser objeto de una colocación familiar que no derive en una adopción y mantenga al pequeño en un limbo.
Bajo la luz de la ley prevalece el derecho del niño a crecer con su familia biológica, por lo que el Idenna debe agotar todas las instancias para conseguirla antes de optar a darle la patria potestad a otra persona o pareja.
Anselia Bervi, coordinadora del Programa de Colocación Familiar Fundafe, explica que la colocación familiar no se ejerce de manera masiva. En 2 años ha logrado 50 abrigos en hogares y 3 adopciones. “Hay niños que están en un limbo legal que no van a una reinserción familiar y no se les ha hecho abordaje para ser adoptados”, explica Bervi.
El presidente de Proadopción explica que para que un niño pueda ser adoptado la ley establece tres mecanismos: el primero, que los padres biológicos den el consentimiento. El segundo se llama “la inexigibilidad del consentimiento” que se da cuando el Idenna y los defensores inician una búsqueda de los padres biológicos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad. Si estas personas no piden una reinserción familiar el niño puede ser acogido por otra familia; y el tercero, que se prive la patria potestad de los padres biológicos y vivan con familias temporales que podrían tener la prioridad para darles su apellido.
La lucha, agrega el activista, además de lograr las adopciones es reducir la cantidad de niños institucionalizados que puedan ser acogidos de manera temporal por familias altruistas. Posterior al paso de abrigo temporal se puede lograr la adopción.
Pocos programas. En Caracas hay solo cuatro programas de colocación familiar que visibilizan a los niños sin hogar: las ONG Mi Familia, Fundana, Fundafe y, por parte del Estado, el Programa de la Alcaldía Libertador. Pese a que están en la capital tienen incidencia nacional.
“El niño tiene derecho vivir en familia con procesos expeditos, apegados a la norma, y se debe eliminar la discrecionalidad del funcionario para sentenciar adopciones. Hay que tener cuidado en no usar la colocación familiar temporal como una pseudoadopción, porque con esa medida los niños quedan en un estatus transitorio en el que no hay reintegro a sus familias ni adopción. Eso termina siendo una desviación del proceso jurídico”, advirtió Trapani.
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