miércoles, 22 de abril de 2015

El eterno retorno de la impunidad



Por: Rafael Uzcátegui (*)

La teniente Yendry Velásquez, en su faceta civil, es la vocera más conocida del llamado “Comité contra la Guarimba y el Golpe Continuado”. Y cómo muchas víctimas de delitos en el país, el fondo de su peregrinación es la impunidad que rodea su caso. Su esposo, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, fue asesinado por arma de fuego el 12 de marzo de 2014 cuando había acudido a una protesta que se realizaba en Valencia. La esposa de Bracho tiene el derecho de que se cumpla la justicia en su caso, y que los responsables materiales e intelectuales, sean detenidos, procesados y sentenciados, respetando el debido proceso.

Sin embargo, es una triste paradoja que esta víctima del delito de homicidio haya sido, a su vez, un victimario en un caso impune de violación al derecho a la vida. El 4 de marzo del año 2004, con el grado de Subteniente, Ramzor Bracho actuó como jefe de la Comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que acudió a una movilización que se realizaba en Machiques, estado Zulia. Los funcionarios dispararon gases lacrimógenos para reprimir la manifestación y detonaron armas de fuego contra los manifestantes, siendo asesinada la dirigente del partido Acción Democrática Evangelina Carrizo, de 50 años de edad, de un disparo en la espalda. Su hijo Alejandro Carrizo se encontraba con ella en aquel momento: “Vi su espalda ensangrentada pero nunca pensé que estaban disparando balas, mi mamá caminó unos 4 metros y se desplomó porque no podía respirar”. Según relató varios efectivos los alcanzaron y mientras Alejandro trataba de acercase a su madre moribunda, varios uniformados lo sujetaron para que otro lo golpeaba, luego lo metieron en el vehículo militar estacionado al lado de su madre, sin que ninguno hiciera algo para socorrerla.


Según consta en el acta de presentación de imputado, emitida por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 29 de noviembre de 2004, fue imputado el funcionario Juan Carlos Casaña Rivero por los delitos de homicidio culposo y uso indebido de arma de fuego, tras demostrar las pruebas balísticas que el disparo homicida había salido de su arma de reglamento. Casaña dejó constar en el expediente que ese día no participó en la comisión de la GNB asignada a la manifestación, ni tampoco estuvo en el sitio. Allí, revela que cómo le dijo el distinguido de la GNB Richard Pargas, el autor de los disparos había sido el subteniente Ranzor Bracho Bravo, y que el había asistido en apoyo a la Fiscal Vigésima del Ministerio Público para una inspección ocular en el sitio del crimen. Según su relato, Casaña al no encontrarse en comisión había dejado su arma de reglamento en el parque de armas del destacamento de la GNB, por lo que suponía que había sido tomada por Bracho Bravo para acudir al operativo.

Esta versión era corroborada por el hijo de la víctima y testigo presencial del hecho, Alejandro Carrizo, quien desde el primer momento señaló a Ramzor Bracho como autor de los disparos. Esto quedó registrado, oficialmente, en la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, correspondiente al 10 de octubre del año 2006: “-Alejandro Carrizo- manifestó en la audiencia preliminar que Ramzor Bracho fue la persona que mató a su mamá por la espalda y que éste iba en un convoy de la Guardia disparando, lo que junto con la mencionada experticia practicada al proyectil extraído a la víctima y a la experticia practicada al libro del parque de armas del Destacamento N° 36 de la Guardia Nacional, conllevaron a determinar que efectivamente la persona que iba disparando en el estribo del convoy señalado por la víctima era Ramzor Bracho, sin embargo, el proyectil al cual se hizo referencia no pertenece al arma de fuego asignada a Ramzor Bracho sino al arma de fuego asignada a Juan Carlos Lasaña”. Videos que circularon por esa fecha mostraban al Subteniente disparando contra la multitud.

El resultado de esta situación fue que el subteniente Bracho, quien estuvo algunos meses detenido en su destacamento, recibió libertad plena en el 2006, mientras que Juan Carlos Casaña, fue privado de su libertad en Destacamento de la GNB No. 3 esperando un juicio que nunca se realizó. La misma impunidad que hoy protesta Yendry Velásquez.juicio

Al divulgarse sobre el asesinato de Bracho, Alejandro Carrizo afirmó “No me alegra que el guardia nacional haya sido asesinado, a pesar de que él le quitó la vida a mi madre. Yo perdoné y hoy pido a Dios que lo perdone”. Si hubiera sido responsabilizado por la muerte de Evangelina, un Ramzor privado de libertad hoy se encontrara vivo y fuera visitado por sus familiares, incluyendo su esposa la teniente Yendry Velásquez.

(*) Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve
coordinacion.general@derechos.org.ve
@fanzinero

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