Aumento de la gasolina: el mismo paquete, los mismos argumentos

Inti Rodríguez
derechos.org.ve 

“Ya las condiciones están dadas para aumentar el precio de la gasolina” informó el Presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes el 14 de febrero de este año.

Todo comenzó el pasado 31 de julio de 2014 cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de un debate nacional para acordar el nuevo sistema de precios de la gasolina y el resto de los combustibles en el mercado nacional. El 30 de diciembre de ese mismo año el Presidente informó que el Gobierno Nacional había descartado un aumento en el precio del combustible en el corto plazo, “hay que esperar el momento en que estabilicemos los factores especulativos para plantearle al país el esquema, no dependemos de un aumento de la gasolina para que se cumpla el presupuesto 2015” dijo en una rueda de prensa en Miraflores.

Finalmente el 21 de enero de 2015 el primer mandatario, contradiciendo sus propias declaraciones, convocó a todos los sectores del país a debatir un esquema de precios justos de la gasolina y a comienzos de febrero se lanzó una costosa campaña de spots televisivos y anuncios en periódicos para promover el incremento. Sin embargo, el debate sobre las consecuencias negativas del aumento de la gasolina sigue sin producirse y apenas 24 días después del anuncio presidencial pareciera que el Gobierno ya tiene listo el incremento.

Las consecuencias de adoptar medidas similares a las aplicadas en el pasado son previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres

El precio de la gasolina en Venezuela no ha sido aumentado desde el año 1997 cuando -durante el mandato del ex Presidente Rafael Caldera- se aprobó un ajuste de 27%, apenas 3 años después de un anterior aumento que sextuplicó el valor del combustible. El 27 de junio de 2008 el ex Presidente Hugo Chávez descartó la posibilidad de aumentar el precio de la gasolina argumentando que el subsidio era un tema de soberanía nacional.

En nuestro país el aumento del precio de la gasolina tiene un peso político y social de primer orden y ha estado históricamente vinculado a la regresividad de derechos sociales y a la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera recurrieron al aumento de la gasolina y a la reducción de subsidios en medio de profundas recesiones económicas, como un mecanismo para tapar el déficit fiscal.

En febrero de 1989 el ex Presidente Carlos Andrés Pérez anunció al país un paquete de medidas económicas recetadas por el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas contemplaba un aumento de 94% en el precio de la gasolina, lo que finalmente incidió en las tarifas de transporte público y en los precios de productos de la cesta básica. Asimismo, el ajuste contempló el aumento de las tarifas de servicios públicos como la electricidad y la telefonía.

El 16 de febrero de 1989 CAP afirmó: “el proceso de distribución regresiva del ingreso que dominó la década de los ochenta será revertido, para incorporar a las mayorías a la prosperidad económica y social. Se reorientará el gasto público, con el propósito de favorecer a los sectores de menores ingresos, impulsándose el logro de niveles de empleo y productividad más elevados”. Con ello, el mandatario justificó la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a aumentar el ingreso fiscal, reduciendo la demanda y el consumo interno mediante la depreciación real del salario de las y los trabajadores.

En 1996 el ex Presidente Rafael Caldera anunció el paquete de medidas conocido como la “Agenda Venezuela” que entre otras medidas de corte neoliberal, contemplaba un aumento del precio de la gasolina en 500% y la devaluación de la moneda en más de un 100%. A pesar de alcanzarse algunas de las metas macroeconómicas propuestas tales como el crecimiento de las reservas internacionales y la estabilización del tipo cambiario, ello se logró sacrificando los derechos sociales y generando la dramática caída de los niveles de vida de los sectores más pobres del país. Durante el primer año de ejecución de la Agenda Venezuela la inflación en Venezuela se ubicó en 103%.

Hoy como ayer el posible aumento del precio de la gasolina forma parte de un conjunto de medidas económicas antipopulares que el Gobierno ha venido aplicando paulatinamente y que lesionan la calidad de vida de los venezolanos.

En febrero de 2013 la creación del SICAD II se tradujo en una devaluación de la moneda en más de 380%. En febrero de 2015 la creación del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) y la oficialización de tres tipos de cambio estableció que el tipo de cambio más alto (170 Bs por dólar) sea 27 veces superior al tipo de cambio más bajo (6,30 Bs. por dólar) añadiendo más distorsiones a una economía gobernada por la especulación, la incertidumbre y los hechos de corrupción asociados al mercado de divisas. Estas medidas han reducido considerablemente el poder adquisitivo de las y los trabajadores, causando un incremento de la inflación que es insoportable para los sectores de la población más desfavorecidos.

En 2014 la inflación en Venezuela se ubicó en 68,5% y 102% en alimentos. Estas cifras superan la registrada en 2013 (56,2 %) y son las más altas desde el año 1996. El aumento de 15% para el salario mínimo anunciado en enero de este año es insuficiente para cubrir los costos de la canasta alimentaria que según el Instituto Nacional de Estadística se ubicaba en 6.382,62 Bs. para el mes de noviembre de 2014.

En mayo de 2014 se acordó un incremento en las tarifas de servicios públicos como electricidad, transporte y telefonía. En febrero de 2015 se anunció un aumento de 40% en la tarifa de pasajes para las rutas suburbanas y extraurbanas. A ello se suma la oficialización de aumentos en productos de la cesta básica, las constantes fallas en la prestación de servicios básicos y la escasez de alimentos que ya en agosto de 2014, según cifras oficiales, superaba el 35%.

Las consecuencias de las medidas de ajuste y la ausencia de medidas efectivas para proteger el ingreso han tenido un impacto en el aumento de las cifras de pobreza. El INE registró en 2013 un incremento de 6,1% de la pobreza en Venezuela, lo que refleja el retroceso de los logros alcanzados en años anteriores. Sobre 2014 aún no han sido publicadas las cifras oficiales.

Carlos Andrés Pérez dijo en 1989: “Hemos previsto que parte importante de los ingresos que va a recibir el fisco se destinen a un adecuado programa de gasto social”. Al igual que su predecesor, el Presidente Maduro justifica un posible aumento del precio de la gasolina señalando que el propósito del mismo sería favorecer a los más pobres.

En este punto debemos cuestionarnos: ¿Cuál fue el resultado del plan de ajustes de CAP en 1989?; ¿los ingresos provenientes del aumento del precio de la gasolina serán empleados para favorecer a los más pobres o correrán la misma suerte de 1989?. Con 36 misiones sociales y cuantiosos ingresos producto de una cesta petrolera por encima de los 95$ no se evitó que durante el primer año de gobierno del Presidente Nicolás Maduro los programas sociales sufrieran importantes retrocesos, entonces ¿cuál será el destino de los ingresos provenientes del aumento de la gasolina en un contexto signado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la ausencia de mecanismos de contraloría?

Las medidas y programas de ajuste imponen una pesada carga a los ingresos de los trabajadores y las familias más pobres. En 1989 Provea advirtió que el paquete económico de CAP violaría por sus efectos, a corto y mediano plazo, los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y acentuaría la pobreza y la exclusión social. El aumento de la gasolina es una medida más entre las muchas que lentamente ha venido aplicando el gobierno y que se traducen en un paquete antipopular. Los mismos argumentos usados en el pasado para justificar estas medidas son empleados ahora por el Gobierno del Presidente Maduro y las consecuencias de seguir descargando la crisis en los ciudadanos son previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres.