La criminalización de la actividad sindical nos presenta varias situaciones que conviene precisar. Por un lado la que deriva de la acción del Estado al promover un conjunto de regulaciones que restringen la actividad sindical, particularmente las acciones de reclamo y de protesta. Habría que destacar el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad que descansan en una concepción militarizada de asuntos de naturaleza más civil, como es el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Son regulaciones que entran en colisión con conceptos vinculados con la libertad sindical, necesaria para el ejercicio de la organización de los trabajadores y sus acciones propias de representación que incluyen la protesta. Organizaciones no gubernamentales -Provea y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social- llevan registros de la cantidad de dirigentes sindicales y trabajadores criminalizados por acciones de protesta y reclamo ante sus patronos.
