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| Trabajadores tienen 36 días detenidos en la sede del Sebin; hace dos semanas fueron trasladados a la sede del mismo organismo pero en Maturín Foto Archivo |
27.10.2014
Correo del Caroní
A los abogados de los tres trabajadores de Sidor (Leinis Quijada, Rederick Bastardo y Heberto Bastardo), imputados el pasado 21 de septiembre, les extraña cómo a sus defendidos se les acusa de tráfico de armas y asociación para delinquir, cuando un día antes -tres hombres indocumentados con un arsenal- quedaron en libertad bajo régimen de presentación por el delito de porte ilícito de armas.
El hecho, señala la abogada Yubiry Quijada, constituye una violación del principio de igualdad que supone que ante un mismo hecho la ley dé un trato igualitario.
Por esa razón el pasado 7 de octubre la defensa introdujo un recurso de apelación en el Tribunal de Primera Instancia de Control en la que solicitan una revisión de los delitos imputados.
Quijada señaló que la contestación del fiscal auxiliar en la Fiscalía Segunda, Miguel Medina, revela deficiencia en los argumentos y, además, un intento de modificar los delitos imputados en el caso comparado con el fin de justificar la detención de los sidoristas.
De acuerdo al escrito, el titular del despacho de la Fiscalía Primera del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial solicitó, el pasado 14 de octubre, fijar una fecha para un nuevo acto de imputación en el caso de los indocumentados, “en razón de circunstancias que no quedaron advertidas en la primera audiencia”.
Los tres hombres detenidos, pese a que se les acusa de tener más armas y estaban indocumentados, el mismo Tribunal Primerio de Control les dictó una medida cautelar y el delito menor de porte ilícito.
Los trabajadores, que son parte del equipo del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) fueron detenidos tres días después de que el Gobierno terminara bajo coacción la huelga en Sidor por una transparente firma del contrato colectivo.
El próximo 5 de diciembre se cumplen los 45 días que dicta la ley para presentar los actos conclusivos y determinar si hay elementos suficientes para que los tres trabajadores permanezcan detenidos o queden en libertad.
Correo del Caroní
A los abogados de los tres trabajadores de Sidor (Leinis Quijada, Rederick Bastardo y Heberto Bastardo), imputados el pasado 21 de septiembre, les extraña cómo a sus defendidos se les acusa de tráfico de armas y asociación para delinquir, cuando un día antes -tres hombres indocumentados con un arsenal- quedaron en libertad bajo régimen de presentación por el delito de porte ilícito de armas.
El hecho, señala la abogada Yubiry Quijada, constituye una violación del principio de igualdad que supone que ante un mismo hecho la ley dé un trato igualitario.
Por esa razón el pasado 7 de octubre la defensa introdujo un recurso de apelación en el Tribunal de Primera Instancia de Control en la que solicitan una revisión de los delitos imputados.
Quijada señaló que la contestación del fiscal auxiliar en la Fiscalía Segunda, Miguel Medina, revela deficiencia en los argumentos y, además, un intento de modificar los delitos imputados en el caso comparado con el fin de justificar la detención de los sidoristas.
De acuerdo al escrito, el titular del despacho de la Fiscalía Primera del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial solicitó, el pasado 14 de octubre, fijar una fecha para un nuevo acto de imputación en el caso de los indocumentados, “en razón de circunstancias que no quedaron advertidas en la primera audiencia”.
Los tres hombres detenidos, pese a que se les acusa de tener más armas y estaban indocumentados, el mismo Tribunal Primerio de Control les dictó una medida cautelar y el delito menor de porte ilícito.
Los trabajadores, que son parte del equipo del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) fueron detenidos tres días después de que el Gobierno terminara bajo coacción la huelga en Sidor por una transparente firma del contrato colectivo.
El próximo 5 de diciembre se cumplen los 45 días que dicta la ley para presentar los actos conclusivos y determinar si hay elementos suficientes para que los tres trabajadores permanezcan detenidos o queden en libertad.
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