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| Secretarios generales de Sidetur, Carbonorca, Ferrominera, Alcasa y sidoristas cerraron filas con los trabajadores presos y calificados de despido Foto Clavel Rangel |
Correo del Caroní
Clavel A. Rangel Jiménez
24.09.2014
La judicialización de la lucha sindical no es una novedad del gobierno de Nicolás Maduro. Durante el mandato de Hugo Chávez el dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga. Precisamente, González y un grupo de dirigentes sindicales de Sidetur, Carbonorca, Ferrominera y Alcasa alertan sobre el incremento de la represión en las empresas básicas y rechazan la privativa de libertad contra tres sidoristas.
Una arbitrariedad. Un exabrupto. Doble discurso. Intimidación. Y una medida represiva. Los secretarios generales de los sindicatos de Ferrominera, Sidetur, Alcasa, Carbonorca no vacilan en afirmar que la detención de tres sidoristas el pasado viernes es eso y mucho más.
Defienden la inocencia de Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada y alegan que el procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el que supuestamente se les incautó un arma, “se le ven las costuras”.
Acompañado de sus homólogos, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, exigió al Gobierno que “¡dejen la persecución en contra de los compañeros siderúrgicos!”.
“Si el contrato es la excelencia que ellos están hablando cómo es que no han tenido la valentía de llevarlo a las asambleas generales de los trabajadores”, inquirió González.
El pronunciamiento de este sector sindical de Guayana se produce a dos días de que el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz dictara privativa de libertad en contra de los tres sidoristas por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.
El fallo, afirmó González, persigue acallar el reclamo por la discusión del contrato. “Yo creo que el Gobierno debe pensarlo, esto es un ardid de mentira total en contra de los compañeros ¡Eso no se puede permitir!”, agregó el líder ferrominero.
El secretario general de Sintraferrominera estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga, fue condenado a ocho años de prisión y luego declarado inocente en un nuevo juicio que terminó en 2014.
Plan consensuado
Con esa antesala de criminalización de la protesta, los dirigentes lamentaron que quienes compartieron con ellos el nacimiento del movimiento sindical en Guayana se hayan sumado a la persecución de los trabajadores.
Los sindicatos coinciden en responsabilizar al Gobierno del amedrentamiento y, en particular, al movimiento 21 de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), cuya génesis el presidente Nicolás Maduro acompañó.
“Esos compañeros se criaron con nosotros y por eso el llamado al compañero Ángel Marcano, porque yo sé que Ángel Marcano tiene mucho que ver en esta persecución. Nosotros conocemos bien, tanto así, que ahí está el compañero Rodney Álvarez (trabajador de Ferrominera) preso aun cuando es inocente”, esbozó Ramón Espino, de Sutracarbonorca.
En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, exhortó al Gobierno a que recupere la capacidad de negociación.
Destacó que “ha sido imposible reunirse con el presidente de la CVG, imposible que haya una autoridad que pueda reunir a los trabajadores como lo hizo Carlos Osorio (ex presidente de CVG) sin distinción de partido político, a discutir hacia dónde va Guayana. Esas discusiones se acabaron, ahora lo que viene es represión”.
Esa persecución, comentaron, también se repite en CVG Venalum donde un grupo de trabajadores está en proceso de calificación de despido. “¿Por qué calificación? Por haber peleado contra un presidente que, supuestamente, estaba sumergido en hechos de corrupción. Nosotros estamos casi convencidos de que ese amedrentamiento contra los trabajadores siderúrgicos, contra los de Venalum, también viene contra los de Alcasa y Carbonorca”.
Y para eso, acotó González, están usando todos los métodos: persecución, calificaciones, congelación de salarios e intimidación con los cuerpos de seguridad.
Los grupos armados
La dirigencia evalúa convocar una movilización con las dirigentes nacionales para hacer frente a la crisis.
Aunque no tienen fecha, dijeron que están en fase de organización. No sólo para rechazar la criminalización sino para decir que sí hay mafias en las empresas, sólo que esas “mafias”, comentó el secretario general del sindicato de Sidetur, Alejandro Álvarez, son grupos armados que usa el gobierno.
“Ellos están bien armados. Un sector del Gobierno tiene grupos armados y los ha utilizado desde 2011 para quebrar las luchas en distintas empresas”, denunció Álvarez al recordar -con lista en mano y números de cédulas- los hombres que en su oportunidad fueron contratados para romper una protesta en la siderúrgica. Casi todos, subrayó, con prontuario policial. “A nosotros nos llevaron esos hombres armados, y fue el PSUV, tenemos los nombres”.
Ante eso, sostiene que hay un doble discurso, acotó González, para justificar la “arremetida”. “Ahora dicen que van a acabar con las mafias y resulta que tienen que acabarse ellos mismos porque ellos mismos son los que están implementado todo esto”.
Clavel A. Rangel Jiménez
24.09.2014
La judicialización de la lucha sindical no es una novedad del gobierno de Nicolás Maduro. Durante el mandato de Hugo Chávez el dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga. Precisamente, González y un grupo de dirigentes sindicales de Sidetur, Carbonorca, Ferrominera y Alcasa alertan sobre el incremento de la represión en las empresas básicas y rechazan la privativa de libertad contra tres sidoristas.
Una arbitrariedad. Un exabrupto. Doble discurso. Intimidación. Y una medida represiva. Los secretarios generales de los sindicatos de Ferrominera, Sidetur, Alcasa, Carbonorca no vacilan en afirmar que la detención de tres sidoristas el pasado viernes es eso y mucho más.
Defienden la inocencia de Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada y alegan que el procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el que supuestamente se les incautó un arma, “se le ven las costuras”.
Acompañado de sus homólogos, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, exigió al Gobierno que “¡dejen la persecución en contra de los compañeros siderúrgicos!”.
“Si el contrato es la excelencia que ellos están hablando cómo es que no han tenido la valentía de llevarlo a las asambleas generales de los trabajadores”, inquirió González.
El pronunciamiento de este sector sindical de Guayana se produce a dos días de que el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz dictara privativa de libertad en contra de los tres sidoristas por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.
El fallo, afirmó González, persigue acallar el reclamo por la discusión del contrato. “Yo creo que el Gobierno debe pensarlo, esto es un ardid de mentira total en contra de los compañeros ¡Eso no se puede permitir!”, agregó el líder ferrominero.
El secretario general de Sintraferrominera estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga, fue condenado a ocho años de prisión y luego declarado inocente en un nuevo juicio que terminó en 2014.
Plan consensuado
Con esa antesala de criminalización de la protesta, los dirigentes lamentaron que quienes compartieron con ellos el nacimiento del movimiento sindical en Guayana se hayan sumado a la persecución de los trabajadores.
Los sindicatos coinciden en responsabilizar al Gobierno del amedrentamiento y, en particular, al movimiento 21 de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), cuya génesis el presidente Nicolás Maduro acompañó.
“Esos compañeros se criaron con nosotros y por eso el llamado al compañero Ángel Marcano, porque yo sé que Ángel Marcano tiene mucho que ver en esta persecución. Nosotros conocemos bien, tanto así, que ahí está el compañero Rodney Álvarez (trabajador de Ferrominera) preso aun cuando es inocente”, esbozó Ramón Espino, de Sutracarbonorca.
En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, exhortó al Gobierno a que recupere la capacidad de negociación.
Destacó que “ha sido imposible reunirse con el presidente de la CVG, imposible que haya una autoridad que pueda reunir a los trabajadores como lo hizo Carlos Osorio (ex presidente de CVG) sin distinción de partido político, a discutir hacia dónde va Guayana. Esas discusiones se acabaron, ahora lo que viene es represión”.
Esa persecución, comentaron, también se repite en CVG Venalum donde un grupo de trabajadores está en proceso de calificación de despido. “¿Por qué calificación? Por haber peleado contra un presidente que, supuestamente, estaba sumergido en hechos de corrupción. Nosotros estamos casi convencidos de que ese amedrentamiento contra los trabajadores siderúrgicos, contra los de Venalum, también viene contra los de Alcasa y Carbonorca”.
Y para eso, acotó González, están usando todos los métodos: persecución, calificaciones, congelación de salarios e intimidación con los cuerpos de seguridad.
Los grupos armados
La dirigencia evalúa convocar una movilización con las dirigentes nacionales para hacer frente a la crisis.
Aunque no tienen fecha, dijeron que están en fase de organización. No sólo para rechazar la criminalización sino para decir que sí hay mafias en las empresas, sólo que esas “mafias”, comentó el secretario general del sindicato de Sidetur, Alejandro Álvarez, son grupos armados que usa el gobierno.
“Ellos están bien armados. Un sector del Gobierno tiene grupos armados y los ha utilizado desde 2011 para quebrar las luchas en distintas empresas”, denunció Álvarez al recordar -con lista en mano y números de cédulas- los hombres que en su oportunidad fueron contratados para romper una protesta en la siderúrgica. Casi todos, subrayó, con prontuario policial. “A nosotros nos llevaron esos hombres armados, y fue el PSUV, tenemos los nombres”.
Ante eso, sostiene que hay un doble discurso, acotó González, para justificar la “arremetida”. “Ahora dicen que van a acabar con las mafias y resulta que tienen que acabarse ellos mismos porque ellos mismos son los que están implementado todo esto”.
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