Luis Fuenmayor
Aunque el Gobierno lo niegue y se empeñe en ocultar la grave situación económica existente, la misma existe objetivamente y es percibida por la mayoría de la población, incluyendo a los simpatizantes y seguidores del llamado socialismo del siglo XXI. El propio Gobierno sabe la gravedad de la situación, pero sus diferencias internas, sobre todo las existentes entre el vicepresidente Arreaza y Rafael Ramírez, así como las resueltas administrativamente con la salida de Giordani, le impiden actuar en forma oportuna y coherente. Las causas del caos económico son parte del legado del comandante eterno, quien parece eternizarse en las dificultades dejadas, en la inflación más grande del continente americano, en la escasez de productos de todo tipo, la inseguridad que sigue secuestrando y asesinando venezolanos, los apagones eléctricos, el deterioro hospitalario y el inmenso despojo hecho al país por los elevados grados de corrupción, negligencia e incapacidad.
El gobierno debe recurrir a medidas fiscales, monetarias y cambiarias, para las cuales no tiene suficiente piso político, además de vivir perseguido por el temor de perder las próximas elecciones parlamentarias de finales de 2015. Luego de la dilapidación de casi un billón de dólares en 15 años, el Ejecutivo nacional acaricia a escondidas acuerdos internacionales de carácter financiero muy similares a los llevados adelante por Carlos Andrés Pérez en 1989, situación que ha sido explotada políticamente por el chavecismo desde su llegada con la conmemoración del Caracazo y la reivindicación permanente de aquella explosión social, la cual incluso han señalado como determinante en la decisión del MBR-200 de dar el golpe de 1992. Hoy se enfrentan a la contradicción de tener que hacer lo mismo que han anatemizado durante décadas. Ya el pueblo avizora lo que viene y ha dado en llamar al paquete de medidas neoliberales antipopulares, hoy calificado como revolucionario y socialista del siglo XXI, como el “Madurazo”.
Según las declaraciones de voceros oficiales, las cuales se han venido efectuando desde hace tanto como dos años, el “Madurazo”, entre otras medidas fiscales y monetarias, incluye el aumento del precio de la gasolina, la elevación de las tarifas eléctricas, que el Gobierno muestra como una reducción del subsidio a la producción eléctrica; la devaluación del cambio de 6,30 bolívares por dólar, exhibida como una sinceración del valor de nuestra moneda, con el objeto de lograr la unificación cambiaria, mediante la instrumentación de un sistema de bandas entre 25 y 30 bolívares por dólar; la reducción de los gastos sociales, presentada como una reorganización eficiente del gasto, situación que ya ha comenzado a producirse y que posiblemente es la responsable del aumento en 6 puntos porcentuales de la pobreza, detectado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El Gobierno, sin embargo, duda en relación a los efectos inflacionarios que pueda generar la devaluación del cambio de 6,30 bolívares por dólar, pues el mismo es el que se utiliza en las importaciones gubernamentales de alimentos y medicinas. Para algunos el efecto inflacionario sería muy grande, mientras otros consideran que estos impactos ya se produjeron con la aparición del SICAD II. Se discute también si las medidas deben ser instrumentadas de una sola vez o si deben ser aplicadas en forma progresiva, pues algunos economistas consideran que su aplicación paulatina reduce la efectividad esperada. En cualquier caso, la efectividad de las medidas depende de la confianza que el Gobierno pueda transmitir nacional e internacionalmente, algo no tan fácil de producirse en el corto plazo y menos aún con un gobierno que se ha caracterizado por la falta de transparencia en sus ejecutorias, el uso permanente de la mentira muchas veces descarada y la generación de desconfianza.
Hay que recordar que a finales de 2015, habrá unas elecciones para la integración de la próxima Asamblea Nacional, que regirá hasta 2020, por lo que acompañará a Nicolás Maduro durante la mayor parte de su gestión presidencial. Este compromiso es importante pues influye en la toma de medidas por el Gobierno, quien preferiría que cualquier impacto en el costo de la vida se produzca lo más lejos de los comicios señalados, para reducir un efecto negativo en los resultados de los mismos. En todo caso, cualquier decisión gubernamental se efectuaría luego de finalizar el Congreso del PSUV. Amanecerá y veremos.
[Publicado inicialmente en el semanario La Razón, Caracas, 27/7/2014.]
Aunque el Gobierno lo niegue y se empeñe en ocultar la grave situación económica existente, la misma existe objetivamente y es percibida por la mayoría de la población, incluyendo a los simpatizantes y seguidores del llamado socialismo del siglo XXI. El propio Gobierno sabe la gravedad de la situación, pero sus diferencias internas, sobre todo las existentes entre el vicepresidente Arreaza y Rafael Ramírez, así como las resueltas administrativamente con la salida de Giordani, le impiden actuar en forma oportuna y coherente. Las causas del caos económico son parte del legado del comandante eterno, quien parece eternizarse en las dificultades dejadas, en la inflación más grande del continente americano, en la escasez de productos de todo tipo, la inseguridad que sigue secuestrando y asesinando venezolanos, los apagones eléctricos, el deterioro hospitalario y el inmenso despojo hecho al país por los elevados grados de corrupción, negligencia e incapacidad.
El gobierno debe recurrir a medidas fiscales, monetarias y cambiarias, para las cuales no tiene suficiente piso político, además de vivir perseguido por el temor de perder las próximas elecciones parlamentarias de finales de 2015. Luego de la dilapidación de casi un billón de dólares en 15 años, el Ejecutivo nacional acaricia a escondidas acuerdos internacionales de carácter financiero muy similares a los llevados adelante por Carlos Andrés Pérez en 1989, situación que ha sido explotada políticamente por el chavecismo desde su llegada con la conmemoración del Caracazo y la reivindicación permanente de aquella explosión social, la cual incluso han señalado como determinante en la decisión del MBR-200 de dar el golpe de 1992. Hoy se enfrentan a la contradicción de tener que hacer lo mismo que han anatemizado durante décadas. Ya el pueblo avizora lo que viene y ha dado en llamar al paquete de medidas neoliberales antipopulares, hoy calificado como revolucionario y socialista del siglo XXI, como el “Madurazo”.
Según las declaraciones de voceros oficiales, las cuales se han venido efectuando desde hace tanto como dos años, el “Madurazo”, entre otras medidas fiscales y monetarias, incluye el aumento del precio de la gasolina, la elevación de las tarifas eléctricas, que el Gobierno muestra como una reducción del subsidio a la producción eléctrica; la devaluación del cambio de 6,30 bolívares por dólar, exhibida como una sinceración del valor de nuestra moneda, con el objeto de lograr la unificación cambiaria, mediante la instrumentación de un sistema de bandas entre 25 y 30 bolívares por dólar; la reducción de los gastos sociales, presentada como una reorganización eficiente del gasto, situación que ya ha comenzado a producirse y que posiblemente es la responsable del aumento en 6 puntos porcentuales de la pobreza, detectado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El Gobierno, sin embargo, duda en relación a los efectos inflacionarios que pueda generar la devaluación del cambio de 6,30 bolívares por dólar, pues el mismo es el que se utiliza en las importaciones gubernamentales de alimentos y medicinas. Para algunos el efecto inflacionario sería muy grande, mientras otros consideran que estos impactos ya se produjeron con la aparición del SICAD II. Se discute también si las medidas deben ser instrumentadas de una sola vez o si deben ser aplicadas en forma progresiva, pues algunos economistas consideran que su aplicación paulatina reduce la efectividad esperada. En cualquier caso, la efectividad de las medidas depende de la confianza que el Gobierno pueda transmitir nacional e internacionalmente, algo no tan fácil de producirse en el corto plazo y menos aún con un gobierno que se ha caracterizado por la falta de transparencia en sus ejecutorias, el uso permanente de la mentira muchas veces descarada y la generación de desconfianza.
Hay que recordar que a finales de 2015, habrá unas elecciones para la integración de la próxima Asamblea Nacional, que regirá hasta 2020, por lo que acompañará a Nicolás Maduro durante la mayor parte de su gestión presidencial. Este compromiso es importante pues influye en la toma de medidas por el Gobierno, quien preferiría que cualquier impacto en el costo de la vida se produzca lo más lejos de los comicios señalados, para reducir un efecto negativo en los resultados de los mismos. En todo caso, cualquier decisión gubernamental se efectuaría luego de finalizar el Congreso del PSUV. Amanecerá y veremos.
[Publicado inicialmente en el semanario La Razón, Caracas, 27/7/2014.]
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