Venezuela ante el fantasma del estallido social

Por: Simón Rodríguez Porras 

Partido Socialismo y Libertad (PSL)*
15/05/2014

Agobiados por la inflación más alta del hemisferio y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, sobre todo de alimentos, millones de venezolanos enfrentamos perspectivas sombrías, mientras el gobierno prepara un recrudecimiento del ajuste. El descalabro económico, político y social del país cada vez más trae a la memoria los eventos de El Caracazo, el poderoso levantamiento popular que en 1989 estalló contra el paquete económico de Carlos Andrés Pérez, Fedecámaras y el Fondo Monetario Internacional.

El gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no solamente hereda el guión retórico de Chávez y su afán de presentarse como socialista, también es heredero de sus métodos, y ante la crisis aplica las recetas clásicas de ajuste para reducir el hueco fiscal, tal y como ocurriera en 2009, ante la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. En lo que va de año, el gobierno ha implementado un nuevo sistema cambiario en el que está implícita una devaluación monetaria de más del 650%, ha aumentado los precios de los alimentos sujetos a regulación en alrededor de un 300%, aumentó el transporte público en 40%, está anunciando el incremento de las tarifas eléctricas, en un país que ha venido atravesando una grave crisis en ese sector, con apagones frecuentes en el interior del país, y viene realizando una campaña para aumentar el precio de la gasolina. Estos golpes brutales contra el salario real de la mayoría trabajadora, junto con el aumento de los subsidios al sector empresarial, constituyen un nuevo intento de mantener a flote el dependiente y semicolonial capitalismo venezolano sobre la base de empobrecer aún más a la mayoría de la población.

“Guerra económica” del gobierno y los empresarios contra el pueblo

La incapacidad del chavismo para superar la dependencia es evidente. Entre 1999 y 2013, la inflación acumulada fue superior al 2300% y la depreciación de la moneda superior al 2000%; la deuda pública escaló a alrededor de $200 millardos, y el pago de intereses y capital consume ya el 20% del presupuesto del 2014, una cifra mucho mayor a las destinadas a salud y educación sumadas. Hoy el país depende más del petróleo: en 1999, 68% de las exportaciones eran petroleras, en el 2013 esa proporción alcanzó el 96%. En el mismo período las importaciones anuales crecieron en 236%, pasando de $16,7 millardos a $39,4 millardos. Más de la mitad de los asalariados del país, y unas tres cuartas partes de los trabajadores del sector público, ganan entre uno y dos salarios mínimos, ni siquiera pueden cubrir la canasta básica. Al cambio oficial del Sicad II, el salario mínimo es de menos de $90 mensuales, uno de los más bajos de América Latina.

El gobierno ha pretendido explicar la altísima inflación atribuyéndola a una supuesta “guerra económica” por parte de los empresarios. Más allá de las prácticas extorsivas del gran comercio, fue el gobierno el que a través del Banco Central de Venezuela (BCV) aumentó en 2013 en un 70% la cantidad de bolívares que circulan en la economía, un aumento que no se corresponde con la producción y por lo tanto incide directamente en la inflación, que alcanzó el 56,3% el año pasado, pulverizando los ingresos de los más pobres. La caída de la producción no petrolera, combinada con una disminución de las reservas internacionales del 29% durante el año 2013, ha limitado las importaciones, aumentando la escasez, cuyo índice se ubicó según el BCV en 29,4% en marzo. En el caso de alimentos como el aceite, el azúcar, la leche, el café o la harina de maíz, la escasez ronda el 90%. Miles de personas tienen que aguantar filas de horas en las puertas de los comercios para poder adquirir una cantidad limitada de alimentos. Las redes estatales de distribución de alimentos subsidiados acusan la misma situación.

La conflictividad aumenta

La situación cada vez más precaria de millones de personas se ha reflejado en un auge de las luchas, expresado en más de 15 mil protestas entre 2011 y 2013. En este fenómeno se inscribe la conflictividad posterior al 12 de febrero de este año, en cuya base está el descontento con la crisis económica, un malestar capitalizado parcialmente por el sector más a la derecha de la coalición partidista de la oposición patronal, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Aunque con un peso importante de la clase media influenciada por ese sector de la MUD que agitaba consignas como “la salida está en la calle”, las protestas llegaron en su momento de mayor intensidad durante el mes de febrero a extenderse a sectores populares de Caracas y otras ciudades, en la forma de cacerolazos. La impronta de la dirigencia de la MUD, dividida entre el sector que negocia con el gobierno y el que propugna su “salida”, se ha hecho sentir en las protestas, no sólo porque las exigencias socioeconómicas no han estado reflejadas en sus movilizaciones, sino también por su aventurerismo. Más allá del intenso rechazo del que se ha hecho merecedor el gobierno de Maduro, por su política económica y la represión a través de la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos parapoliciales, también es cierto que las acciones vandálicas y en algunos casos terroristas por parte de activistas de los partidos que propugnan “la salida”, así como la saludable desconfianza de millones de trabajadores y habitantes de las comunidades populares hacia la dirigencia de la MUD, han impedido que las protestas se extiendan con mayor fuerza en los sectores populares, en ausencia de una dirección política alternativa revolucionaria con una influencia significativa.

Recorte de las libertades democráticas al servicio de la “paz”

La criminalización de la protesta es una política de Estado que se ha profundizado los últimos siete años. Más de cuatro mil personas tienen juicios abiertos por participar en protestas, entre ellas unos doscientos trabajadores. Un ejemplo es el caso de José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv) y dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL), así como otros nueve petroleros, quienes fueron detenidos el 3 de febrero por realizar una asamblea sindical en los portones de la refinería de Puerto La Cruz, y luego acusados por resistencia a la autoridad.

Escudándose en el discurso de la búsqueda de la “paz”, Maduro pacta con los empresarios de Fedecámaras nuevas medidas de ajuste y les otorga todo género de beneficios, mientras participa en negociaciones con el ala mayoritaria de la MUD bajo la mediación de El Vaticano y Unasur, tirando al basurero sus anteriores denuncias de “guerra económica” y “golpe suave”, a las que en su momento claudicaron algunos sectores de la izquierda a nivel internacional. Al mismo tiempo, sigue criminalizando la protesta e imponiendo restricciones a las libertades democráticas. Dos alcaldes opositores fueron destituidos y encarcelados mediante procedimientos expeditos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La diputada María Corina Machado fue destituida de su curul y el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue encarcelado por su presunta responsabilidad en la violencia que siguió a la marcha del 12 de febrero. A pesar de ello, las documentadas denuncias sobre la responsabilidad de los cuerpos represivos en la violencia obligó al gobierno a encarcelar a varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por la autoría material de los asesinatos perpetrados en los alrededores de la sede de la Fiscalía General de la República. A finales de abril, el TSJ sentenció, en una interpretación arbitraria de la Constitución, que el derecho a la protesta está condicionado a la emisión de un permiso por parte del poder municipal, dictando instrucciones para la represión policial y la persecución legal de las protestas no autorizadas, incluyendo la imposición de multas y de penas de cárcel.

El PSL ha repudiado tanto las acciones represivas como las restricciones a los derechos democráticos y las arbitrariedades judiciales. Pues más allá de que circunstancialmente afecten a dirigentes o activistas de la MUD, estas medidas forman parte de una política de conjunto en contra de la población para que se discipline políticamente al gobierno, y no oponga resistencia a las medidas económicas que Maduro está imponiendo al servicio de las transnacionales, la banca privada y los grandes empresarios.

Es necesaria una alternativa revolucionaria

En la medida en que el gobierno pretende blindar su ajuste contra la respuesta de la población con medidas represivas, erosiona aún más su base social y alimenta el repudio. La MUD, dividida e incapaz de oponerse al ajuste, fundamentalmente por estar de acuerdo con las medidas económicas, se encuentra en su peor crisis desde la derrota del golpe de 2002 y el referendo revocatorio de 2004. El reciente impasse entre la subsecretaria de Estado de EEUU, Roberta Jacobson, y la MUD ha evidenciado la subordinación de ambas alas de la oposición patronal hacia el gobierno de los EEUU. Jacobson admitió en una audiencia ante legisladores que Obama no había aplicado sanciones al gobierno venezolano por solicitud de la MUD. Esto dejó al descubierto las diferencias al interior de la coalición patronal, pues un sector sí está de acuerdo con invocar sanciones por parte del gobierno de los EEUU, y lanzó violentas críticas públicas. El vocero de la MUD, Aveledo, se vio obligado a aclarar que no se oponían a la imposición de sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro.

Para la mayoría de la población, la situación es cada vez más insoportable. El desastre económico y sus consecuencias sociales son el principal acicate del descontento. Ante la ausencia de una alternativa con la suficiente influencia, el chavismo y la MUD siguen polarizando los apoyos políticos en el país. En ese marco, se hace necesario construir una referencia de izquierda, con la capacidad para dar organicidad a la oposición al ajuste y a los ataques del gobierno contra los derechos democráticos como el derecho a manifestar o el derecho a la información. El deterioro acelerado de la situación económica, y la incapacidad del gobierno y la oposición patronal para presentar una estrategia para salir de la crisis, presiona a las masas explotadas y oprimidas a forjar esa alternativa política y que ante un nuevo estallido social como El Caracazo, la rebeldía se canalice hacia una salida de fondo, al servicio de las mayorías trabajadoras.

Por una respuesta de los trabajadores y los sectores populares a la crisis

Con la participación de alrededor de 150 dirigentes sindicales, estudiantes indígenas y activistas del movimiento popular, el 21 de marzo se realizó en la capital venezolana el Encuentro Sindical y Popular convocado por la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando Chirino y José Bodas, así como la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y otras organizaciones adherentes. Fue un esfuerzo por articular una respuesta a la crisis de manera autónoma. C-cura planteó la necesidad de postular un Plan Económico y Social Alternativo partiendo de exigir un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta básica, la nacionalización de la industria petrolera sin empresas mixtas, el rescate y desarrollo de las empresas básicas de Guayana, la eliminación del IVA, la confiscación de los capitales de las empresas que han realizado importaciones fraudulentas con divisas a tasa preferencial, la anulación de todos los juicios contra trabajadores, campesinos, indígenas, y en general para todos los procesados judicialmente por protestar o defender sus derechos; así como una investigación independiente sobre las violaciones a los DDHH en el marco de la ola de protestas que se inicia en febrero de este año, entre otras exigencias. En una declaración emitida en abril por C-cura y otras tres organizaciones, se ratifica que “los trabajadores y los sectores populares no podemos marchar detrás del gobierno que nos criminaliza y descarga la crisis económica sobre nuestros hombros, en acuerdo con Fedecámaras. Tampoco podemos marchar con la oposición que pretende presentarse ante los trabajadores y el pueblo como una opción para resolver la crisis económica y social de nuestro país (...) De igual manera rechazamos toda injerencia imperialista (...) Está claro que debemos y necesitamos movilizarnos de manera independiente, autónoma y clasista para poder enfrentar el paquete económico del gobierno y Fedecámaras, que está contemplado también en el programa económico de la MUD, y al mismo tiempo defender las libertades democráticas”.

Actualmente, C-cura impulsa la realización de encuentros sindicales y populares regionales para dar continuidad a este esfuerzo.

* Colaboración para la revista Correspondencia Internacional.