Por: Osmary Escalona*
Los empresarios van de la mano con el gobierno, impulsando medidas en la fulana mesa de la paz para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis generada por ellos. Entre los grandes acuerdos están el aumento de los precios de los alimentos, lo cual impulsará aún más la inflación, la agilización de los despidos mediante la eliminación de la inamovilidad laboral, la continuidad de la política de criminalización de los dirigentes sindicales que se atrevan a ejercer el derecho a huelga, el intento de desalojo contra los trabajadores que han recuperado empresas y que están funcionando bajo control obrero y autogestión, entre las que se encuentran Beneagro e Intercerámicas en la ciudad de Barquisimeto.
Los empresarios van de la mano con el gobierno, impulsando medidas en la fulana mesa de la paz para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis generada por ellos. Entre los grandes acuerdos están el aumento de los precios de los alimentos, lo cual impulsará aún más la inflación, la agilización de los despidos mediante la eliminación de la inamovilidad laboral, la continuidad de la política de criminalización de los dirigentes sindicales que se atrevan a ejercer el derecho a huelga, el intento de desalojo contra los trabajadores que han recuperado empresas y que están funcionando bajo control obrero y autogestión, entre las que se encuentran Beneagro e Intercerámicas en la ciudad de Barquisimeto.
La empresa Alentuy se dedicaba a la producción de envases de aluminio destinados a aerosoles, cremas de afeitar, desodorantes, productos de tocador, tubos colapsibles para tintes de cabello y botellas de aluminio para ediciones especiales de refrescos y cervezas, productos destinados a la exportación, así como tubos para crema dental.
Los trabajadores junto al sindicato se organizaron con la finalidad de luchar por sus derechos sociales y justas reivindicaciones en 2008. A mediados del mes de junio de ese año, el dueño de la empresa anuncia públicamente ante las autoridades del Ministerio del Trabajo en Caracas un despido masivo de trabajadores debido a cierre de la empresa. Los trabajadores junto a su organización sindical toman la empresa denunciando los despidos y exigiendo una serie de reivindicaciones: respeto a la legislación laboral y a la Constitución, un Contrato Colectivo justo, y también exigen al gobierno la expropiación de la empresa. Mientras los trabajadores avanzaban en su autoorganización junto con otros sindicatos que se manifestaron en solidaridad militante, el dueño de la empresa, Antonio Nager, contó con el apoyo del personal administrativo de la empresa e introdujo un Recurso de Amparo alegando violación al derecho al trabajo y acusando al sindicato de coaccionarlos para que abandonaran las instalaciones de la empresa. Dicho Recurso de Amparo fue admitido y se ordenó el restablecimiento de las actividades. En el año 2012, luego del anuncio de expropiación de la empresa por parte del gobierno, fueron despedidos un grupo de trabajadores y se procede a la apertura de juicio contra los dirigentes del sindicato y trabajadores. En el mes de Abril de 2014, el juez del Tribunal IV del Circuito Penal del Estado Lara, Carlos Torrealba Gamarra, condenó a 7 años de cárcel a José Luis Chambuco, (sindicalista), Cesar Suárez (delegado de prevención), Carlos Azuaje (trabajador) por “instigación a la desobediencia de las leyes”. Son condenados a régimen de presentación por 9 años los trabajadores Julio Páez, Carlos Garzón, Edgar Yépez, Ezequiel Gonzáles, Maribel Gómez, Norquis Pírela, José Vargas, Nelson Dun, Luis Martínez, Richard Rodríguez, y Onnis Álvarez, acusados de agavillamiento, obstrucción de la vía pública y restricción a la libertad de comercio. Una condena aberrante mediante la cual la justicia capitalista pretende escarmentar a la clase trabajadora para que no defienda sus derechos mediante la huelga y la movilización.
Hoy nuestros camaradas trabajadores de Alentuy están tras las rejas, por haber reclamado su justo derecho a mejorar sus condiciones sociales y económicas de trabajo. No es el primero ni el único ataque de este tipo contra los que defienden sus derechos. En un ataque similar contra la clase trabajadora, ocho trabajadores de la empresa mixta Civetchi (ensambladora de vehículos) fueron condenados a 5 años de cárcel por intentar organizarse en un sindicato, y cumplen condena en la cárcel de Tocuyito. Recordamos que Sabino Romero, cacique yukpa estuvo preso en la cárcel Nacional de Trujillo por defender su territorio, y posteriormente fue asesinado luego de salir de la cárcel. Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue condenado a 7 años y medio de cárcel, por haber realizado una huelga reclamando derechos de trabajadores. La movilización obrera llevó a la anulación de la condena y a que se realizara un nuevo juicio, en el que Rubén fue absuelto, al caerse el montaje judicial que había preparado el gobierno. Si hoy Rubén está libre es gracias a la magnífica campaña nacional que se desarrolló en las redes sociales y medios impresos exigiendo su libertad y gracias a las numerosas movilizaciones de calle, denunciando claramente al gobierno. Cada vez más las protestas o reclamos, bien sean en el sector privado o público, son reprimidas con los cuerpos policiales del Estado, como en el caso de José Bodas, quien fue apresado mientras realizaba una Asamblea en el portón de la Refinería de Puerto La Cruz, de Pdvsa.
Marcela Máspero, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, fue apresada junto a Julio Polanco, Edgar Jiménez, Roberto Yépez y José Guillén, dirigentes sindicales cuando se encontraban protestando contra un fallo de un tribunal que deja sin efecto la huelga laboral que realizaban los trabajadores de la Galletera Carabobo desde hacía 91 días. La Lic Yuli Duran, enfermera del Hospital Pastor Oropeza del estado Lara, fue despedida de manera injusta por la Directora Linda Amaro y detenida durante 2 días por la PNB por reclamar su derecho al trabajo. Como podemos ver, no se trata de un hecho aislado, el gobierno y los empresarios están atentando contra la libertad sindical utilizando a las fuerzas represivas en los conflictos laborales.
En los casos de Alentuy y de Civetchi, debemos organizar una gran campaña nacional exigiendo al gobierno nacional libertad plena para nuestros camaradas trabajadores, multipliquemos las denuncias y realicemos movilizaciones de calle. Solo la clase obrera se salvará a sí misma.
¡Derrotemos el Pacto Maduro-Fedecámaras!
¡Libertad plena para José Luis Chambuco, César Suárez y Carlos Azuaje de Alentuy!
¡Libertad plena para los 8 presos de Civetchi!
¡No al desalojo de los trabajadores de Brama y Beneagro en el estado Lara!
¡Por la unidad de los trabajadores en lucha y la conformación de un frente autónomo y combativo de trabajadores del sector público y privado!
* Secretaria General del Sindicato del Ivss (Sutivss).
Los trabajadores junto al sindicato se organizaron con la finalidad de luchar por sus derechos sociales y justas reivindicaciones en 2008. A mediados del mes de junio de ese año, el dueño de la empresa anuncia públicamente ante las autoridades del Ministerio del Trabajo en Caracas un despido masivo de trabajadores debido a cierre de la empresa. Los trabajadores junto a su organización sindical toman la empresa denunciando los despidos y exigiendo una serie de reivindicaciones: respeto a la legislación laboral y a la Constitución, un Contrato Colectivo justo, y también exigen al gobierno la expropiación de la empresa. Mientras los trabajadores avanzaban en su autoorganización junto con otros sindicatos que se manifestaron en solidaridad militante, el dueño de la empresa, Antonio Nager, contó con el apoyo del personal administrativo de la empresa e introdujo un Recurso de Amparo alegando violación al derecho al trabajo y acusando al sindicato de coaccionarlos para que abandonaran las instalaciones de la empresa. Dicho Recurso de Amparo fue admitido y se ordenó el restablecimiento de las actividades. En el año 2012, luego del anuncio de expropiación de la empresa por parte del gobierno, fueron despedidos un grupo de trabajadores y se procede a la apertura de juicio contra los dirigentes del sindicato y trabajadores. En el mes de Abril de 2014, el juez del Tribunal IV del Circuito Penal del Estado Lara, Carlos Torrealba Gamarra, condenó a 7 años de cárcel a José Luis Chambuco, (sindicalista), Cesar Suárez (delegado de prevención), Carlos Azuaje (trabajador) por “instigación a la desobediencia de las leyes”. Son condenados a régimen de presentación por 9 años los trabajadores Julio Páez, Carlos Garzón, Edgar Yépez, Ezequiel Gonzáles, Maribel Gómez, Norquis Pírela, José Vargas, Nelson Dun, Luis Martínez, Richard Rodríguez, y Onnis Álvarez, acusados de agavillamiento, obstrucción de la vía pública y restricción a la libertad de comercio. Una condena aberrante mediante la cual la justicia capitalista pretende escarmentar a la clase trabajadora para que no defienda sus derechos mediante la huelga y la movilización.
Hoy nuestros camaradas trabajadores de Alentuy están tras las rejas, por haber reclamado su justo derecho a mejorar sus condiciones sociales y económicas de trabajo. No es el primero ni el único ataque de este tipo contra los que defienden sus derechos. En un ataque similar contra la clase trabajadora, ocho trabajadores de la empresa mixta Civetchi (ensambladora de vehículos) fueron condenados a 5 años de cárcel por intentar organizarse en un sindicato, y cumplen condena en la cárcel de Tocuyito. Recordamos que Sabino Romero, cacique yukpa estuvo preso en la cárcel Nacional de Trujillo por defender su territorio, y posteriormente fue asesinado luego de salir de la cárcel. Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue condenado a 7 años y medio de cárcel, por haber realizado una huelga reclamando derechos de trabajadores. La movilización obrera llevó a la anulación de la condena y a que se realizara un nuevo juicio, en el que Rubén fue absuelto, al caerse el montaje judicial que había preparado el gobierno. Si hoy Rubén está libre es gracias a la magnífica campaña nacional que se desarrolló en las redes sociales y medios impresos exigiendo su libertad y gracias a las numerosas movilizaciones de calle, denunciando claramente al gobierno. Cada vez más las protestas o reclamos, bien sean en el sector privado o público, son reprimidas con los cuerpos policiales del Estado, como en el caso de José Bodas, quien fue apresado mientras realizaba una Asamblea en el portón de la Refinería de Puerto La Cruz, de Pdvsa.
Marcela Máspero, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, fue apresada junto a Julio Polanco, Edgar Jiménez, Roberto Yépez y José Guillén, dirigentes sindicales cuando se encontraban protestando contra un fallo de un tribunal que deja sin efecto la huelga laboral que realizaban los trabajadores de la Galletera Carabobo desde hacía 91 días. La Lic Yuli Duran, enfermera del Hospital Pastor Oropeza del estado Lara, fue despedida de manera injusta por la Directora Linda Amaro y detenida durante 2 días por la PNB por reclamar su derecho al trabajo. Como podemos ver, no se trata de un hecho aislado, el gobierno y los empresarios están atentando contra la libertad sindical utilizando a las fuerzas represivas en los conflictos laborales.
En los casos de Alentuy y de Civetchi, debemos organizar una gran campaña nacional exigiendo al gobierno nacional libertad plena para nuestros camaradas trabajadores, multipliquemos las denuncias y realicemos movilizaciones de calle. Solo la clase obrera se salvará a sí misma.
¡Derrotemos el Pacto Maduro-Fedecámaras!
¡Libertad plena para José Luis Chambuco, César Suárez y Carlos Azuaje de Alentuy!
¡Libertad plena para los 8 presos de Civetchi!
¡No al desalojo de los trabajadores de Brama y Beneagro en el estado Lara!
¡Por la unidad de los trabajadores en lucha y la conformación de un frente autónomo y combativo de trabajadores del sector público y privado!
* Secretaria General del Sindicato del Ivss (Sutivss).
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