¿Nos desintegramos?

Luis Fuenmayor Toro

Que en el Zulia, unos contrabandistas agresivos y muy peligrosos, armados, disfrazados de cooperativistas y además con el cuento de ser parte de nuestras etnias ancestrales, desafíen el poder del Estado, ante el decomiso de una gran cantidad de combustible, ilegalmente almacenado para su contrabando, habla claramente del estado de descomposición de la sociedad venezolana y la lenidad con que actúan las fuerzas de seguridad. Esta inacción de la Guardia Nacional, las diferentes policías, la gobernación y los restantes organismos del Estado, demuestra que están envueltos en el contrabando de combustible y de alimentos hacia Colombia, para no hablar del narcotráfico. ¿Son estos delincuentes parte de la guerra económica denunciada por el Gobierno o realmente están entre sus aliados en ese plan perverso de infundir miedo hasta los tuétanos en la gente? ¿La inacción es incapacidad o es planificada en la búsqueda de agravar la sensación de inseguridad existente?

Son muchos los hechos violentos graves que ocurren cotidianamente en la Venezuela de hoy. La revolución, en lugar de traer estabilidad, seguridad y paz, lo que ha hecho es consolidar la incertidumbre, el despojo ilegal e injusto y, por encima de todo, la impunidad. Unos delincuentes llamados “bachaqueros”, contrabandistas relacionados con las “cooperativas” de la etnia Wuayuu, hieren a tiros a un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana y queman una unidad motorizada de la misma en el barrio El Mamón de Maracaibo, en respuesta a la incautación de gasolina lista para el contrabando a Colombia. Con motivo de éste y otros incidentes, un grupo de unos 500 indígenas wayuu con cien camiones, imponen un cerco a la casa del gobernador Arias Cárdenas, con la amenaza de incendiarla, durante la madrugada del 18 de octubre, mientras otros miembros de la misma etnia aborigen queman cauchos, rodean el core 3 y cierran la vía.

Los pueblos wayuu viven en ambos lados de la frontera, demarcación que supuestamente no significa nada para ellos, pero que al existir crea serios problemas en relación con el abastecimiento de alimentos y gasolina de las tribus del lado colombiano, muy difíciles de resolver en medio de la existencia del contrabando, que involucra a muchos habitantes de la frontera, quienes viven directa o indirectamente del mismo, a efectivos militares y policiales de todos los rangos y a buena parte de los integrantes de la etnia wayuu. Estos últimos denuncian que se les niega la posibilidad de llevar comida y combustible a sus familiares del lado colombiano. Es cierto, además, que los aborígenes sufren hambre, desabastecimiento, privaciones de todo tipo y que mueren asesinados a manos de funcionarios militares y de los latifundistas de la zona, ante la inacción de la Defensoría del Pueblo.

No es menos cierto, sin embargo, que el pueblo pobre venezolano también sufre enfermedades sociales parecidas o equivalentes. El desabastecimiento, las interminables filas en supermercados, la compra costosísima de productos en las calles, los asesinatos ocasionados por el hampa común, la inatención total del gobierno y la inacción de la Defensoría del Pueblo. Incluso, en las regiones fronterizas también sufre la carencia de combustible y la elevación especulativa de su costo, sin que nada de esto justifique la situación de desamparo en que se encuentran nuestros aborígenes. Un elemento adicional, que entorpece el enfrentamiento racional del problema, es el convencimiento generalizado de que esta etnia está penetrada, como ninguna otra, por delincuentes peligrosos y prácticas malsanas, adquiridas en su ya centenaria convivencia con lo peor de nuestra sociedad.

En todo caso, el gobierno ha perdido el control de la situación, no sólo en el Zulia sino en muchos otros sitios en el ámbito nacional, como es el caso de la existencia de la minería ilegal en Guayana, donde la corrupción de los funcionarios del Estado constituye la principal dificultad para resolver el problema. En el Zulia, los funcionarios gubernamentales nacionales y regionales carecen de autoridad y moral para imponer las leyes, pues son cómplices del contrabando de gasolina, de alimentos y del tráfico de drogas. Pareciera que se juega a la descomposición social, al deterioro cada vez mayor de las instituciones, a profundizar la sensación de desprotección de la gente, lo que si bien permite que los gobernantes se entronicen por períodos muy largos en sus cargos, pone en grave peligro la permanencia de Venezuela como nación. Algunos, dentro de Venezuela y en los países vecinos, comienzan ya a pensar si no seremos un Estado fallido e, incluso, comienzan a prepararse para esa contingencia.



La Razón, pp A-6, 8-12-2013, Caracas