María Esperanza Hermida Moreno
Integrante de C-cura
Una de las banderas del movimiento revolucionario venezolano, históricamente, estuvo representada por la denuncia de la barbarie represiva del militarismo y de los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado. Muchas han sido las líneas escritas y las declaraciones formuladas por la vocería izquierdista del país, a lo largo de décadas y décadas, acusando al Estado y a sus autoridades, por los crímenes cometidos contra su militancia.
Marchas, actos, tomas, volanteo, plantones, huelgas de hambre y un nutrido menú de formas de luchas pacíficas y democráticas, realizó la izquierda venezolana haciendo visibles las violaciones a los derechos humanos. El objetivo fue impedir la impunidad de los asesinatos, desmanes y brutalidades cometidos con saña, premeditación, alevosía y una cruel ventaja, contra quienes luchan y han luchado por una sociedad justa.
El movimiento estudiantil, sindical y campesino, con mayor o menor frecuencia, fue y ha sido tradicionalmente el blanco de la represión militar y policial en Venezuela. Hace años se visibiliza también el silencioso y continuado despojo sufrido por los pueblos indígenas. Pero en un período, esta represión selectiva se orientó contra dirigentes de izquierda, siendo quienes encabezan la lista encarcelados, torturados y asesinados.
Asesinatos individuales, desapariciones y torturas, la masacre de Cantaura y de Yumare, así como la actuación de los teatros de operaciones militares, representaron la mayor muestra de la vocación y talante sangriento del objetivo perseguido por los gobiernos de AD y COPEI en el siglo XX: aniquilar la izquierda insurgente venezolana. Todos estos crímenes, se justificaban bajo el argumento de repeler la insurrección militar.
Uno de los casos que no se pudo enmascarar fácilmente como enfrentamiento con guerrilleros, fue la masacre de El Amparo. Sin embargo, pasados varios gobiernos de la denominada “cuarta república” e iniciada la llamada “era Chávez”, la impunidad respecto a los culpables, se mantiene incólume. La pregunta es: ¿por qué? ¿No era el gobierno de Chávez, izquierdista? ¿No es el gobierno chavista de Maduro, izquierdista?
Para hurgar en esta interrogante es preciso recordar que cuando se constituyeron las primeras organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en la década de los ´80 del siglo XX, luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, representó también uno de sus objetivos, indistintamente que fueran de izquierda o no, las personas afectadas. En esos años –como ahora-, la represión hacia civiles era y es alta.
Si bien la izquierda ortodoxa tradicional, en general, había mantenido distancia del movimiento de los derechos humanos cuando éste enarbolaba las banderas de las libertades históricamente asociadas a concepciones democrático-burguesas, en el caso venezolano de forma particular, las organizaciones de izquierda desarrollaron relaciones profundas de comunicación con la defensa de los derechos humanos, pues la represión puso en peligro su supervivencia.
En la década de los ´80 estaban muy frescos en la memoria de la población, los recuerdos de los crímenes cometidos por los militares y distintos cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, en tiempos de la guerrilla liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). También eran frecuentes los encarcelamientos y persecución contra militantes de organizaciones como Bandera Roja y la Organización de Revolucionarios.
Era usual en esos años, la noticia sobre supuestos enfrentamientos donde resultaban asesinadas personas vinculadas en general, al movimiento popular y a organizaciones insurgentes de izquierda, que reivindicaban la vía de la llamada lucha armada. Cientos de informaciones periodísticas se vinculaban con el asesinato de estudiantes en manifestaciones.
Pero el 29.10.88, la noticia fue parcialmente diferente. En la operación “Anguila III”, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure. Los nombres de los muertos son: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos eran pescadores y trabajadores, residentes casi en su totalidad de El Amparo, estado Apure. La verdad que se supo a través de los sobrevivientes de la masacre, es que no hubo enfrentamiento. Los valientes que la dijeron y la sostienen son Wolmer Pinilla y José Augusto Arias.
El CEJAP era uno más de los tantos grupos y equipos de seguridad, inteligencia y operaciones creados para enfrentar la insurgencia de izquierda. Estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Para el momento de la masacre habían venido desarrollando actividades de “limpieza” de guerrilleros en la zona fronteriza con Colombia, conocidas como “Anguila I” y “Anguila II”. Entre sus integrantes estuvo Henry López Sisco y Ramón Rodríguez Chacín.
En estas operaciones se ha dado cuenta de la muerte de unas 42 personas y se les vincula con la masacre de El Amparo, en términos de que fueron los antecedentes inmediatos. De hecho, en la operación “Anguila II”, se estrelló el helicóptero donde viajaban López Sisco y Rodríguez Chacín, quienes por ese motivo no participaron materialmente en la siguiente operación, efectuada en El Amparo, pero está comprobado que son autores intelectuales de su organización. A estos asesinatos previos a la masacre de los pescadores, se les ha denominado como “los amparitos”.
No obstante ser población civil la masacrada, las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares venezolanos, que declararon con estoico cinismo que los pescadores asesinados eran guerrilleros colombianos... Ello dio lugar a la primera denuncia efectuada por PROVEA contra el Estado venezolano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano a investigar y sancionar a los responsables de este crimen.
Si la izquierda venezolana luchó y aún hoy lucha contra la impunidad de los crímenes perpetrados contra sus militantes, y contra los luchadores sociales y populares en general, es inaceptable que el gobierno, que se dice falsamente de izquierda, hoy no investigue y sancione a los responsables de esta masacre. De manera cínica, hasta en la Asamblea Nacional se aprobó recientemente una ley, cuyo nombre rimbombante se orienta supuestamente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos que cobraron vidas y que se erigieron en violación a los derechos humanos, con motivo de la opinión política, entre los años 1958 y 1998.
Sin embargo, López Sisco fue asesor del gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, durante la primera gestión al frente de este Despacho. Rodríguez Chacín fue no sólo Ministro de Relaciones Interiores, sino jefe del PSUV y actualmente gobernador del estado Guárico…
Por ello, el gobierno de Maduro, al igual que el de Chávez, es cómplice de la actuación de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que procesaron las investigaciones de la masacre de El Amparo, orientadas todas al claro propósito de producir impunidad.
El gobierno de Maduro es cómplice de la sentencia dictada el 29 de abril de 1992, por el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal, que declaró falsamente que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, y que se enfrentaron a militares y policías que patrullaban la zona, “quienes actuaron defendiendo la soberanía del país.”
El gobierno de Maduro es cómplice de la sentencia dictada el 12 de junio de 1994 por la Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza, ratificando la inocencia de los culpables de los asesinatos. Además, el gobierno de Maduro es cómplice del fallo dictado en 1998, por la misma Corte Marcial -con otros integrantes-, que ratificó la declaratoria de impunidad de los militares y policías participantes. El gobierno de Maduro es cómplice de este criterio de impunidad, que prevalece hasta hoy.
Para colmo de males, Maduro como Canciller y ahora como Presidente, es el autor material de la denuncia de la Convención Americana y con ello, es el brazo ejecutor de la salida de Venezuela de la esfera de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única instancia que ha sentenciado a favor de las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes de esta masacre.
Es ridículo el argumento gubernamental de la defensa de la soberanía nacional, en materia de derechos humanos, y de lucha contra organismos que realizan supuesta injerencia en la política del Estado, cuando se extiende en el tiempo el manto de impunidad instalado en un caso tan grave, como es la masacre de El Amparo. Resulta insostenible para la izquierda venezolana conciliar con esta cobarde complicidad del gobierno de Maduro, que protege a militares y policías asesinos, como Rodríguez Chacín y López Sisco, mientras encarcela y somete a juicio penal a sindicalistas como Rubén González. No somos, ni seremos cómplices: exigimos castigo a los culpables. Basta de impunidad!!!
Marchas, actos, tomas, volanteo, plantones, huelgas de hambre y un nutrido menú de formas de luchas pacíficas y democráticas, realizó la izquierda venezolana haciendo visibles las violaciones a los derechos humanos. El objetivo fue impedir la impunidad de los asesinatos, desmanes y brutalidades cometidos con saña, premeditación, alevosía y una cruel ventaja, contra quienes luchan y han luchado por una sociedad justa.
El movimiento estudiantil, sindical y campesino, con mayor o menor frecuencia, fue y ha sido tradicionalmente el blanco de la represión militar y policial en Venezuela. Hace años se visibiliza también el silencioso y continuado despojo sufrido por los pueblos indígenas. Pero en un período, esta represión selectiva se orientó contra dirigentes de izquierda, siendo quienes encabezan la lista encarcelados, torturados y asesinados.
Asesinatos individuales, desapariciones y torturas, la masacre de Cantaura y de Yumare, así como la actuación de los teatros de operaciones militares, representaron la mayor muestra de la vocación y talante sangriento del objetivo perseguido por los gobiernos de AD y COPEI en el siglo XX: aniquilar la izquierda insurgente venezolana. Todos estos crímenes, se justificaban bajo el argumento de repeler la insurrección militar.
Uno de los casos que no se pudo enmascarar fácilmente como enfrentamiento con guerrilleros, fue la masacre de El Amparo. Sin embargo, pasados varios gobiernos de la denominada “cuarta república” e iniciada la llamada “era Chávez”, la impunidad respecto a los culpables, se mantiene incólume. La pregunta es: ¿por qué? ¿No era el gobierno de Chávez, izquierdista? ¿No es el gobierno chavista de Maduro, izquierdista?
Para hurgar en esta interrogante es preciso recordar que cuando se constituyeron las primeras organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en la década de los ´80 del siglo XX, luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, representó también uno de sus objetivos, indistintamente que fueran de izquierda o no, las personas afectadas. En esos años –como ahora-, la represión hacia civiles era y es alta.
Si bien la izquierda ortodoxa tradicional, en general, había mantenido distancia del movimiento de los derechos humanos cuando éste enarbolaba las banderas de las libertades históricamente asociadas a concepciones democrático-burguesas, en el caso venezolano de forma particular, las organizaciones de izquierda desarrollaron relaciones profundas de comunicación con la defensa de los derechos humanos, pues la represión puso en peligro su supervivencia.
En la década de los ´80 estaban muy frescos en la memoria de la población, los recuerdos de los crímenes cometidos por los militares y distintos cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, en tiempos de la guerrilla liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). También eran frecuentes los encarcelamientos y persecución contra militantes de organizaciones como Bandera Roja y la Organización de Revolucionarios.
Era usual en esos años, la noticia sobre supuestos enfrentamientos donde resultaban asesinadas personas vinculadas en general, al movimiento popular y a organizaciones insurgentes de izquierda, que reivindicaban la vía de la llamada lucha armada. Cientos de informaciones periodísticas se vinculaban con el asesinato de estudiantes en manifestaciones.
Pero el 29.10.88, la noticia fue parcialmente diferente. En la operación “Anguila III”, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure. Los nombres de los muertos son: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos eran pescadores y trabajadores, residentes casi en su totalidad de El Amparo, estado Apure. La verdad que se supo a través de los sobrevivientes de la masacre, es que no hubo enfrentamiento. Los valientes que la dijeron y la sostienen son Wolmer Pinilla y José Augusto Arias.
El CEJAP era uno más de los tantos grupos y equipos de seguridad, inteligencia y operaciones creados para enfrentar la insurgencia de izquierda. Estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Para el momento de la masacre habían venido desarrollando actividades de “limpieza” de guerrilleros en la zona fronteriza con Colombia, conocidas como “Anguila I” y “Anguila II”. Entre sus integrantes estuvo Henry López Sisco y Ramón Rodríguez Chacín.
En estas operaciones se ha dado cuenta de la muerte de unas 42 personas y se les vincula con la masacre de El Amparo, en términos de que fueron los antecedentes inmediatos. De hecho, en la operación “Anguila II”, se estrelló el helicóptero donde viajaban López Sisco y Rodríguez Chacín, quienes por ese motivo no participaron materialmente en la siguiente operación, efectuada en El Amparo, pero está comprobado que son autores intelectuales de su organización. A estos asesinatos previos a la masacre de los pescadores, se les ha denominado como “los amparitos”.
No obstante ser población civil la masacrada, las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares venezolanos, que declararon con estoico cinismo que los pescadores asesinados eran guerrilleros colombianos... Ello dio lugar a la primera denuncia efectuada por PROVEA contra el Estado venezolano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano a investigar y sancionar a los responsables de este crimen.
Si la izquierda venezolana luchó y aún hoy lucha contra la impunidad de los crímenes perpetrados contra sus militantes, y contra los luchadores sociales y populares en general, es inaceptable que el gobierno, que se dice falsamente de izquierda, hoy no investigue y sancione a los responsables de esta masacre. De manera cínica, hasta en la Asamblea Nacional se aprobó recientemente una ley, cuyo nombre rimbombante se orienta supuestamente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos que cobraron vidas y que se erigieron en violación a los derechos humanos, con motivo de la opinión política, entre los años 1958 y 1998.
Sin embargo, López Sisco fue asesor del gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, durante la primera gestión al frente de este Despacho. Rodríguez Chacín fue no sólo Ministro de Relaciones Interiores, sino jefe del PSUV y actualmente gobernador del estado Guárico…
Por ello, el gobierno de Maduro, al igual que el de Chávez, es cómplice de la actuación de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que procesaron las investigaciones de la masacre de El Amparo, orientadas todas al claro propósito de producir impunidad.
El gobierno de Maduro es cómplice de la sentencia dictada el 29 de abril de 1992, por el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal, que declaró falsamente que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, y que se enfrentaron a militares y policías que patrullaban la zona, “quienes actuaron defendiendo la soberanía del país.”
El gobierno de Maduro es cómplice de la sentencia dictada el 12 de junio de 1994 por la Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza, ratificando la inocencia de los culpables de los asesinatos. Además, el gobierno de Maduro es cómplice del fallo dictado en 1998, por la misma Corte Marcial -con otros integrantes-, que ratificó la declaratoria de impunidad de los militares y policías participantes. El gobierno de Maduro es cómplice de este criterio de impunidad, que prevalece hasta hoy.
Para colmo de males, Maduro como Canciller y ahora como Presidente, es el autor material de la denuncia de la Convención Americana y con ello, es el brazo ejecutor de la salida de Venezuela de la esfera de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única instancia que ha sentenciado a favor de las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes de esta masacre.
Es ridículo el argumento gubernamental de la defensa de la soberanía nacional, en materia de derechos humanos, y de lucha contra organismos que realizan supuesta injerencia en la política del Estado, cuando se extiende en el tiempo el manto de impunidad instalado en un caso tan grave, como es la masacre de El Amparo. Resulta insostenible para la izquierda venezolana conciliar con esta cobarde complicidad del gobierno de Maduro, que protege a militares y policías asesinos, como Rodríguez Chacín y López Sisco, mientras encarcela y somete a juicio penal a sindicalistas como Rubén González. No somos, ni seremos cómplices: exigimos castigo a los culpables. Basta de impunidad!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones