Correo del Carorï
Clavel A. Rangel Jiménez
21 Septiembre 2013
No es el motivo de su declaración pero los últimos sucesos en el complejo habitacional Habitania, en donde un grupo de trabajadores de Ferrominera reclaman vivienda, obliga a un pronunciamiento.
“El sindicato siempre va a defender a los trabajadores y los trabajadores en su indignación, por el desfalco que produjeron esas personas -propietarias de esos edificios, viendo que no tienen prestaciones sociales, caja de ahorro, plan de vivienda, todo por ese desfalco-, fueron hasta allá para que por lo menos les asignaran estos apartamentos”, expuso el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González.
Para los ferromineros es un hecho que los lujosos apartamentos que se construyen en Alta Vista, frente al Orinokia Mall, son propiedad de Yamal Mustafá, uno de los detenidos y acusados por su presunta vinculación al caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.
Siendo así, González defendió que no se trata de invasores sino de trabajadores indignados que proponen pagar esas viviendas con los ahorros que la estatal dilapidó, y que no ha repuesto por las escandalosas denuncias de tráfico de mineral de hierro, concierto con contratistas y desviación de partidas presupuestarias.
“Eso permitirían subsanar un poco lo que realmente ha sido la gran injusticia que han cometido con los trabajadores”, dijo el dirigente. “¿Cómo tú paras a unos trabajadores que tienen todo el derecho a también protestar y buscar una solución?”, respondió al preguntarle sobre la ilegalidad de las últimas movilizaciones, la primera de ellas repelida por la Policía del Estado Bolívar con bombas lacrimógenas.
“Ellos los van a comprar (los apartamentos). No están allí como unos sinvergüenzas que se apoderan allí de lo que no es suyo, ellos están responsablemente diciendo que les permitan pagarlos con sus beneficios”, comentó.
Algunos avances
González indicó que el sindicato sigue discutiendo con la empresa el pago de los ahorros y patrimonio de los ferromineros. En las últimas semanas se han hecho algunos abonos para cumplir con el personal que tiene -hasta cinco años- sin poder usar sus prestaciones sociales.
Informó que esta semana la estatal retomará el pago de la caja de ahorro que se descontinuó hace 20 días. Otros beneficios, como las prestaciones o la compensación por el no disfrute del comisariato, están buscando vías de financiamiento.
Sobre lo que sí no hay respuesta es sobre los 15 mil bolívares, diferencial del anticipo por el retraso en la discusión del contrato.
En lo que respecta al contrato colectivo, informó que se mantienen en la mesa corporativa -con el resto de los sindicatos del sector ferrosiderúrgico- trabajando en las coincidencias de las cláusulas de los anteproyectos de contrato.
Hasta ahora de las 230 cláusulas del contrato, han ratificado 71 y diferido 21.
Inpsasel retarda legalización de delegados en FMO
Los 108 delegados de prevención electos en Ferrominera Orinoco, de las minas en Ciudad Piar, no han recibido el código de certificación por parte del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel).
Pese a que las elecciones fueron el 26 de abril, el instituto ha dado todo tipo de excusas para no dar el código que permite a los defensores de la salud consignar informes, solicitar inspecciones y actuar legalmente.
El delegado Alexander Guzmán responsabilizó al director regional de Inpsasel, José Tancredo, y al coordinador del registro, José Velásquez, de los retrasos deliberados para impedir la labor de los delegados.
“Lo que tienen es pura politiquería”, dijo el delegado de Ferrominera en Ciudad Piar.
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