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| El Caura es una reserva natural profanada por la minería ilegal desde el 2006, a pesar de las alertas ambientales el problema persiste. Foto William Urdaneta / Archivo |
Natalie García
16 Sep. 2013
Correo del Caroní
La tensión en la cuenca del río Caura está en el aire. La minería ilegal que desde 2006 acaba con bosques prístinos, y contamina las aguas con mercurio, se fortalece a expensas de las comunidades indígenas. Las etnias Sanema y Yek’uana son las más amenazadas y vulnerables, a diario sus miembros padecen abusos, pero la paciencia se está acabando.
Las fundaciones Kuyujani y Medewadi, así como otras organizaciones están alertando sobre una “bomba de tiempo” que en cualquier momento puede detonarse. La mecha que enciente la pólvora: los abusos de los militares, el presunto cobro de vacunas y la presencia de mafias mineras armadas y peligrosas.
Asdrúbal Sarmiento, presidente de la Fundación Kuyujani cataloga la situación de “muy grave”. Recientemente sostuvieron una reunión con algunas autoridades, pero el problema se extiende y quieren que se realicen correctivos a largo plazo, y no temporales como se ha hecho hasta ahora.
“El problema sigue. Las alcabalas que están en territorio indígena están calmadas, y tenemos cierta supervisión, pero en Jabillal, que está fuera del territorio no, y allí hay muchos problemas. Claro que estamos muy preocupados por lo que pasa y estamos haciendo el levantamiento de un informe detallado sobre lo que sucede en el Caura”.
El río Caura es el tercero más importante de Venezuela. Su cuenca es reserva forestal y está protegida por otras cuatro figuras jurídicas. Desde 2006 los mineros se introdujeron a la zona. Operaciones militares como El Plan Caura (vigente desde 2010) no han surtido efecto, y por el contrario han fortalecido el negocio ilegal, que se vuelve más fructífero para quienes se manejan al margen de la ley.
Parte del problema radica en la presunta complicidad de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que permiten el acceso de los equipos y el combustible para la extracción de oro. Mediante las alcabalas los funcionarios fijan “tarifas” para permitir el ingreso de todo lo necesario para la mina, a cambio los explotadores de yacimientos improvisados hacen de las suyas contra el ambiente y las comunidades indígenas.
Los aborígenes son maltratados. Sus recursos utilizados, y poco a poco están siendo contaminados con mercurio según un estudio realizado en 2012 por la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre: 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La investigación ha sido solicitada por la organización Kuyujani.
Omisión estatal
Ramón Tomedes, de la Fundación Medewadi, coincide en afirmar que la situación es alarmante y que son necesarias acciones concretas para dar una solución al ecocidio y “genocidio” que está ocurriendo en la zona. Pese a las denuncias, las alertas emitidas a través de organizaciones como Provea, y los documentos consignados a los diferentes organismos del Estado, el problema crece, al igual que los riesgos y las víctimas que en muchos casos no salen a denunciar por temor a represalias.
Recientemente dos indígenas fueron heridos presuntamente por mineros ilegales. Uno de ellos falleció en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, municipio Heres. El hecho mantiene molestos a los aborígenes y pobladores locales, que están “hartos” de soportar los abusos, sin que nadie los ayude.
En La Paragua,
La tensión en la cuenca del río Caura está en el aire. La minería ilegal que desde 2006 acaba con bosques prístinos, y contamina las aguas con mercurio, se fortalece a expensas de las comunidades indígenas. Las etnias Sanema y Yek’uana son las más amenazadas y vulnerables, a diario sus miembros padecen abusos, pero la paciencia se está acabando.
Las fundaciones Kuyujani y Medewadi, así como otras organizaciones están alertando sobre una “bomba de tiempo” que en cualquier momento puede detonarse. La mecha que enciente la pólvora: los abusos de los militares, el presunto cobro de vacunas y la presencia de mafias mineras armadas y peligrosas.
Asdrúbal Sarmiento, presidente de la Fundación Kuyujani cataloga la situación de “muy grave”. Recientemente sostuvieron una reunión con algunas autoridades, pero el problema se extiende y quieren que se realicen correctivos a largo plazo, y no temporales como se ha hecho hasta ahora.
“El problema sigue. Las alcabalas que están en territorio indígena están calmadas, y tenemos cierta supervisión, pero en Jabillal, que está fuera del territorio no, y allí hay muchos problemas. Claro que estamos muy preocupados por lo que pasa y estamos haciendo el levantamiento de un informe detallado sobre lo que sucede en el Caura”.
El río Caura es el tercero más importante de Venezuela. Su cuenca es reserva forestal y está protegida por otras cuatro figuras jurídicas. Desde 2006 los mineros se introdujeron a la zona. Operaciones militares como El Plan Caura (vigente desde 2010) no han surtido efecto, y por el contrario han fortalecido el negocio ilegal, que se vuelve más fructífero para quienes se manejan al margen de la ley.
Parte del problema radica en la presunta complicidad de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que permiten el acceso de los equipos y el combustible para la extracción de oro. Mediante las alcabalas los funcionarios fijan “tarifas” para permitir el ingreso de todo lo necesario para la mina, a cambio los explotadores de yacimientos improvisados hacen de las suyas contra el ambiente y las comunidades indígenas.
Los aborígenes son maltratados. Sus recursos utilizados, y poco a poco están siendo contaminados con mercurio según un estudio realizado en 2012 por la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre: 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La investigación ha sido solicitada por la organización Kuyujani.
Omisión estatal
Ramón Tomedes, de la Fundación Medewadi, coincide en afirmar que la situación es alarmante y que son necesarias acciones concretas para dar una solución al ecocidio y “genocidio” que está ocurriendo en la zona. Pese a las denuncias, las alertas emitidas a través de organizaciones como Provea, y los documentos consignados a los diferentes organismos del Estado, el problema crece, al igual que los riesgos y las víctimas que en muchos casos no salen a denunciar por temor a represalias.
Recientemente dos indígenas fueron heridos presuntamente por mineros ilegales. Uno de ellos falleció en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, municipio Heres. El hecho mantiene molestos a los aborígenes y pobladores locales, que están “hartos” de soportar los abusos, sin que nadie los ayude.
En La Paragua,
Teodoro Osman de la comunidad Bethel, apareció muerto en extrañas circunstancias. Dirigentes indígenas de la etnia Pemón sospechan que este fallecimiento está presuntamente vinculado a las mafias del oro, al narcotráfico y posiblemente a presencia de “guerrilla” en la zona. Así lo asegura Alexis Romero, ex capitán de la comunidad Musuk Pa y uno de los enjuiciados por desarmar y retener a 22 militares en 2011 que fueron hallados supuestamente extrayendo oro en la bulla Tonoro.
Los líderes indígenas creen que todos estos hechos están vinculados, en gran medida por la “ineficacia” en los controles impuestos por las FANB y el aprovechamiento que algunos funcionarios sacan de su posición en alcabalas de las zonas mineras.
Justicia propia
La principal preocupación de los nativos es que pueda haber un enfrentamiento contra las autoridades y los mineros. Los indígenas han dado muestras de que cuando se proponen doblegar a los militares lo ejecutan. Para muestra dos ejemplos, el citado en La Paragua en 2011 en Tonoro y el más reciente este año en Urimán, municipio Gran Sabana donde 43 militares fueron desarmados y amarrados.
Para el investigador Alejandro Lanz, presidente del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) también activista en materia de Derechos Humanos, parte de la situación es generada por el “hambre de poder” y por la “prevalencia de intereses personales por encima del resguardo de la Patria”, esto en referencia al comportamiento de algunos funcionarios militares.
La salida a este conflicto silente, que ya ha cobrado víctimas algunas reseñadas en los medios y otras no, de acuerdo a la posición de las fundaciones que defienden a los indígenas y su hábitat es el real combate a la minería ilegal y a sus cómplices. Mientras esto no ocurra la situación empeora con riesgo a que sean las autoridades indígenas las que apliquen su ley y tomen justicia por sus propios medios.
Datos demográficos
El estado Bolívar tiene una extensión de 240.548 kilómetros cuadrados, el equivalente al 26,24% del territorio nacional. Según los datos del Censo 2011, el último realizado, el 4,0% de su población es indígena. Las principales etnias presentes en la región son Pemón, Yanomamis, Yek’uana, Panare, Hotis, Piaroas entre otras.
En el ámbito nacional Bolívar tiene el 7,54% de la población indígena total presente en Venezuela, esto reseñado en los primeros Resultados del Censo Nacional 2011: Población Indígena, publicados en el portal oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). La región con más aborígenes es el Zulia que concentra el 61,18%, el segundo lugar lo ocupa Amazonas con el 10,50%.
Los líderes indígenas creen que todos estos hechos están vinculados, en gran medida por la “ineficacia” en los controles impuestos por las FANB y el aprovechamiento que algunos funcionarios sacan de su posición en alcabalas de las zonas mineras.
Justicia propia
La principal preocupación de los nativos es que pueda haber un enfrentamiento contra las autoridades y los mineros. Los indígenas han dado muestras de que cuando se proponen doblegar a los militares lo ejecutan. Para muestra dos ejemplos, el citado en La Paragua en 2011 en Tonoro y el más reciente este año en Urimán, municipio Gran Sabana donde 43 militares fueron desarmados y amarrados.
Para el investigador Alejandro Lanz, presidente del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) también activista en materia de Derechos Humanos, parte de la situación es generada por el “hambre de poder” y por la “prevalencia de intereses personales por encima del resguardo de la Patria”, esto en referencia al comportamiento de algunos funcionarios militares.
La salida a este conflicto silente, que ya ha cobrado víctimas algunas reseñadas en los medios y otras no, de acuerdo a la posición de las fundaciones que defienden a los indígenas y su hábitat es el real combate a la minería ilegal y a sus cómplices. Mientras esto no ocurra la situación empeora con riesgo a que sean las autoridades indígenas las que apliquen su ley y tomen justicia por sus propios medios.
Datos demográficos
El estado Bolívar tiene una extensión de 240.548 kilómetros cuadrados, el equivalente al 26,24% del territorio nacional. Según los datos del Censo 2011, el último realizado, el 4,0% de su población es indígena. Las principales etnias presentes en la región son Pemón, Yanomamis, Yek’uana, Panare, Hotis, Piaroas entre otras.
En el ámbito nacional Bolívar tiene el 7,54% de la población indígena total presente en Venezuela, esto reseñado en los primeros Resultados del Censo Nacional 2011: Población Indígena, publicados en el portal oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). La región con más aborígenes es el Zulia que concentra el 61,18%, el segundo lugar lo ocupa Amazonas con el 10,50%.
Maripa a la expectativa
Estos días Maripa, capital del municipio Sucre, ha estado movida y a la espera. Los recientes hechos a finales de agosto donde falleció un indígena siguen indignando a la población, que podría manifestarse contra las arbitrariedades en cualquier momento.
Las autoridades por su parte están organizando un operativo para los aborígenes que será instalado esta semana en El Playón y que contará con la presencia de la alcaldesa local y candidata a la reelección Amelia Falcón, que no se ha pronunciado al respecto de la minería ilegal y la situación indígena.
Falcón ha vivido en carne propia la “furia” de los mineros, en 2006 su casa fue quemada cuando la Reconversión Minera. Su esposo, Juan Carlos Figarella, era para aquel entonces el burgomaestre y se le acusó de ser uno de los auspiciadores de la entrada ilegal de los mineros.
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