11.08.13
Estaba recluido en Uribana
Indicó además tener conocimiento de que Jean Carlos Pérez, otro de los presuntos implicados en el homicidio, fue liberado hace seis días de la cárcel de Sabaneta, estado Zulia, igualmente beneficiado por dicha Cayapa.
En tal sentido, adelantó que ambos andan sueltos por las calles de Barquisimeto, apoyados por este gobierno, quienes los usan como “cajas chicas” para silenciar a quienes se oponen a las barbaridades de este régimen.
Manifestó que le fue redoblada la protección policial y advirtió que podrían ir por su vida para callarlo sobre informaciones que posee sobre narcotráfico y corrupción.
Responsabilizó por este hecho a Rodríguez Figuera y a Reyes Reyes.
Mijail Martínez de 24 años de edad, y activista del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), fue asesinado la mañana del 26 de noviembre de 2009, por un sujeto que fue a buscarlo a su casa y, tras preguntarle por su padre, le propinó varios disparos.
El joven se desempeñaba como productor audiovisual, registrando la lucha y el dolor de las víctimas y familiares de la lucha contra la impunidad en la región centro-occidental, durante la gestión del ex gobernardor Luis Reyes Reyes.
Además, era hijo de Víctor Martínez, ex diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, luchador social y también colaborador del COVICIL, quien a través de programas de radio y televisión ha denunciado, en reiteradas oportunidades, casos de irregularidades en los cuerpos de seguridad de la región.
La familia de Mijail Martínez y los integrantes del COVICIL acusan al ex gobernador Luis Reyes Reyes y al antiguo jefe policial Comandante Luis Rodríguez Figueras, como responsables del asesinato de Mijaíl.
Sin embargo, hasta el presente no existe condena alguna para los autores materiales del crimen. Más aún, no se ha realizado una investigación transparente que determine la autoría intelectual de los hechos.
En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su II Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en las Américas, en el que expresó su preocupación y alarma por las cifras de defensores, sindicalistas, dirigentes campesinos y periodistas asesinados en el país.
Lamentablemente el Estado venezolano no ha cumplido las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para evitar que una potencial víctima termine siéndolo; así como las sentencias de la Corte IDH, en las cuales figuran recomendaciones para evitar que nuevas violaciones a los Derechos Humanos se repitan.
Solicitamos al Estado venezolano tomar las medidas pertinentes para garantizar la protección a la vida de Víctor Martínez y las condiciones necesarias para que los defensores/as de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.
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