Radwan Sabbagh, imputado este viernes por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir, seguirá recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Nº 51, ubicada en Ciudad Bolívar por orden del Tribunal 5° de Control de Puerto Ordaz.
El exfuncionario que dirigió CVG Ferrominera Orinoco desde 2006 hasta el 2 de mayo de este año cuando fue destituido, ha sido un importante aliado político dentro de las empresas básicas del actual gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. El 12 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció su detención.
Las revelaciones de Sabbagh a la DGCIM (antigua DIM), reseñadas en las actas de entrevistas divulgadas por este diario esta semana, confirmaron el pago de sobornos de importantes clientes y gerentes de la estatal para “tapar” un expediente de corrupción. El cabecilla de la red de extorsión, el coronel Juan Álvarez Dionisi, está preso al igual que Carlos Vieira, uno de los dueños de la empresa Viherca, intermediario en la venta de mineral de hierro.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
Tercera entrega
Según el testimonio de Sabbagh y de otros ex gerentes, las reuniones para acordar los pagos producto de la extorsión se hicieron en la casa del empresario Yamal Mustafá, acusado por Velásquez de tener el monopolio de contrataciones en la Gobernación del estado Bolívar.
Todos estos datos y pistas han sido investigados, recopilados y publicados por Correo del Caroní. Los mismos dan cuenta de uno de los mayores desfalcos en la historia industrial de Guayana a través del aparataje de un sistema fraudulento de comercialización de mineral de hierro.
A las 9:30 de la mañana llegó el ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz. Vestido de jean azul, camisa de rayas verdes y gorra -más delgado que hace un mes-, entró por la puerta trasera de los tribunales.
La audiencia de presentación, que debió realizarse horas después de su detención el pasado 12 de junio, se produjo exactamente a un mes de que el presidente Nicolás Maduro anunciara su aprehensión y se refiriera a la “mentalidad corrupta” de Sabbagh.
Durante ese período estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas desde donde fue trasladado a Ciudad Guayana el pasado miércoles en la tarde.
Entre miércoles y jueves, los militares lo trasladaron varias veces a la sede del Palacio de Justicia, sin embargo fue anoche cuando los fiscales 56º y 57° nacional, junto a la 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri-Castro y Mayerling Acosta, respectivamente, lo imputaron por la presunta comisión de los delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
De acuerdo con la nota del Ministerio Público, se investiga su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares.
Por esa, entre otras razones, el Tribunal 5° de Control de Puerto Ordaz dictó medida privativa de libertad contra Sabbagh y fijó como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Nº 51, ubicada en Ciudad Bolívar.
Además se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de cuentas bancarias del imputado.
El bono de la discordia
Entre las denuncias figuran la de un funcionario del Ministerio del Poder Popular de Industrias que acusó a Sabbagh de utilizar para otros fines unos recursos asignados para proyectos del Plan de la Patria Guayana y para el mantenimiento de plantas de Pellas, Briquetas y de Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH).
En la alocución del presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 12 de junio, la detención de Sabbagh se dio por haber firmado, sin consultar a nadie, “un aumento de no sé cuántos miles de bolívares ¿para qué?, para dejar embochinchada la empresa. Y violó las leyes, esos son juicios que también le vienen encima”.
El primer mandatario se refería al anticipo por retraso en la discusión del contrato colectivo de 40 mil bolívares, que el ex presidente Radwan Sabbagh accedió a cancelar a los empleados de Ferrominera durante una huelga que paralizó los despachos de mineral.
Los trabajadores de la extractora de mineral junto al sindicato Sintraferrominera exigían desde noviembre de 2012 que se les cancelara el mismo concepto que el presidente Hugo Chávez había autorizado, por las mismas razones, a los empleados de Sidor y el sector aluminio.
Según las actas consignadas a este rotativo, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Rafael Gil Barrios, estaba enterado de la petición.
El 5 de diciembre de 2012 el propio Sabbagh envió una comunicación a Barrios (PREG0672-12) en la que le notifica de la petición de los trabajadores y de la indisponibilidad financiera de la fábrica.
La versión del ex presidente es que esa comunicación nunca fue respondida y que, ante un nuevo conflicto en el mes de marzo, los gerentes y el presidente de la estatal acuerdan comprometerse a buscar los recursos al Ejecutivo y pagar el 22 del mes de mayo.
Fuentes de la empresa dicen que esa acta se firmó en presencia y bajo la supervisión del jefe de la comisión presidencial, Justo Noguera Pietro y su segundo hombre al mando.
En vista de que el Ejecutivo no respondía al reclamo y a la cercanía de la fecha de pago, la estatal resolvió cancelar con una venta de chatarra a la contratista Corinsur en la que obtuvieron 153 millones de bolívares. Las compañías Shopibella y Muszam Invesment, está última propiedad del sobrino del empresario Yamal Mustafá, completaron la diferencia que se requería, alrededor de 46 millones de bolívares.
Tanto Corinsur, Shopibella y Muszam Invesment son mencionadas en el expediente del coronel Álvarez Dionisi por recibir beneficios por intermediación de otros jefes políticos.
Mar de ilícitos
La audiencia de presentación, que debió realizarse horas después de su detención el pasado 12 de junio, se produjo exactamente a un mes de que el presidente Nicolás Maduro anunciara su aprehensión y se refiriera a la “mentalidad corrupta” de Sabbagh.
Durante ese período estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas desde donde fue trasladado a Ciudad Guayana el pasado miércoles en la tarde.
Entre miércoles y jueves, los militares lo trasladaron varias veces a la sede del Palacio de Justicia, sin embargo fue anoche cuando los fiscales 56º y 57° nacional, junto a la 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri-Castro y Mayerling Acosta, respectivamente, lo imputaron por la presunta comisión de los delitos peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
De acuerdo con la nota del Ministerio Público, se investiga su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares.
Por esa, entre otras razones, el Tribunal 5° de Control de Puerto Ordaz dictó medida privativa de libertad contra Sabbagh y fijó como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Nº 51, ubicada en Ciudad Bolívar.
Además se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de cuentas bancarias del imputado.
El bono de la discordia
Entre las denuncias figuran la de un funcionario del Ministerio del Poder Popular de Industrias que acusó a Sabbagh de utilizar para otros fines unos recursos asignados para proyectos del Plan de la Patria Guayana y para el mantenimiento de plantas de Pellas, Briquetas y de Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH).
En la alocución del presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 12 de junio, la detención de Sabbagh se dio por haber firmado, sin consultar a nadie, “un aumento de no sé cuántos miles de bolívares ¿para qué?, para dejar embochinchada la empresa. Y violó las leyes, esos son juicios que también le vienen encima”.
El primer mandatario se refería al anticipo por retraso en la discusión del contrato colectivo de 40 mil bolívares, que el ex presidente Radwan Sabbagh accedió a cancelar a los empleados de Ferrominera durante una huelga que paralizó los despachos de mineral.
Los trabajadores de la extractora de mineral junto al sindicato Sintraferrominera exigían desde noviembre de 2012 que se les cancelara el mismo concepto que el presidente Hugo Chávez había autorizado, por las mismas razones, a los empleados de Sidor y el sector aluminio.
Según las actas consignadas a este rotativo, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Rafael Gil Barrios, estaba enterado de la petición.
El 5 de diciembre de 2012 el propio Sabbagh envió una comunicación a Barrios (PREG0672-12) en la que le notifica de la petición de los trabajadores y de la indisponibilidad financiera de la fábrica.
La versión del ex presidente es que esa comunicación nunca fue respondida y que, ante un nuevo conflicto en el mes de marzo, los gerentes y el presidente de la estatal acuerdan comprometerse a buscar los recursos al Ejecutivo y pagar el 22 del mes de mayo.
Fuentes de la empresa dicen que esa acta se firmó en presencia y bajo la supervisión del jefe de la comisión presidencial, Justo Noguera Pietro y su segundo hombre al mando.
En vista de que el Ejecutivo no respondía al reclamo y a la cercanía de la fecha de pago, la estatal resolvió cancelar con una venta de chatarra a la contratista Corinsur en la que obtuvieron 153 millones de bolívares. Las compañías Shopibella y Muszam Invesment, está última propiedad del sobrino del empresario Yamal Mustafá, completaron la diferencia que se requería, alrededor de 46 millones de bolívares.
Tanto Corinsur, Shopibella y Muszam Invesment son mencionadas en el expediente del coronel Álvarez Dionisi por recibir beneficios por intermediación de otros jefes políticos.
Mar de ilícitos
Sobre las otras irregularidades que dieron pie al pago de extorsiones de los clientes y gerentes de FMO al coronel de la DIM, Juan Álvarez Dionisi, Maduro ni ningún otro importante miembro del gabinete no ha profundizado.
Mas el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ahora ministro de Estado, Carlos Osorio, aseguró que los trabajadores de Ferrominera tenían razón en sus reclamos.
“Aquí ocurrían irregularidades que ustedes las deben conocer. Llegaban y paraban el material un mes, dos meses y cuando desmontaban el material más bien nosotros le debíamos a ellos”, dijo Osorio el jueves.Del expediente de Dionisi se desprende que el presidente de Ferrominera, gerentes y clientes pagaron millones de dólares, entre finales de 2011 y primer trimestre de 2013 al coronel de la DIM, a cambio de que éste no les involucrara en una investigación titulada “la mafia del hierro”.
Mas el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ahora ministro de Estado, Carlos Osorio, aseguró que los trabajadores de Ferrominera tenían razón en sus reclamos.
“Aquí ocurrían irregularidades que ustedes las deben conocer. Llegaban y paraban el material un mes, dos meses y cuando desmontaban el material más bien nosotros le debíamos a ellos”, dijo Osorio el jueves.Del expediente de Dionisi se desprende que el presidente de Ferrominera, gerentes y clientes pagaron millones de dólares, entre finales de 2011 y primer trimestre de 2013 al coronel de la DIM, a cambio de que éste no les involucrara en una investigación titulada “la mafia del hierro”.
 |
 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones