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| Familiares y amigos despliegan una pancarta en respaldo a la gerente de Finanzas, Carolina Acosta |
crangel@correodelcaroni.com
Foto Carlos León
Yamal Mustafá, dueño de Corpobrica y presidente del diario Primicia, ha sido imputado por el Tribunal 5º de Control extensión Puerto Ordaz por los delitos de peculado doloso,concertación con funcionario público y asociación para delinquir.
El fallo ratifica la privativa de libertad contra el empresario que fue detenido el pasado ueves a raíz de las investigaciones sobre la red de extorsión y otros hechos irregulares durante la gestión del ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, encarcelado desde el 12 de junio.
De acuerdo con las revelaciones de Sabbagh, entre otros testimonios contenidos en el expediente Nº 47C-16.156-13 del DGCIM, Mustafá, quien ostenta ser uno de los principales
contratantes de la Gobernación de Bolívar, movilizó alrededor de 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares para los pagos de sobornos al cabecilla de la red de extorsión.
Los ex gerentes
En la misma audiencia de presentación, el juez 5º de Control admitió la precalificación de los delitos de peculado doloso, malversación de fondos y asociación para delinquir contra María Rodríguez (ex gerente general de Administración y Finanzas de FMO), Carolina Acosta (gerente de Finanzas de FMO) y Noel Ramírez (consultor jurídico de FMO), quienes son investigados por el desvío de unos fondos. Tanto Rodríguez como Acosta han recibido el respaldo de sus compañeros de trabajo quienes.
Reclusión
El tribunal decidió mantener como lugar de reclusión de los cuatro imputados (Yamal Mustafá y tres ex gerentes de Ferrominera) la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 hasta la audiencia preliminar de juicio.
Las fiscales 56º y 57º nacional y 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri, Mayerling Acosta.19 horas le tomó al Juez Quinto de Control decidir sobre el destino de los cuatro detenidos por el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.
Los fiscales nacionales Milvira Caraballo, Paula Ziri y la fiscal del estado Bolívar Mayerling Acosta expusieron sus motivos el sábado en la tarde, pero fue hasta ayer en la noche que el juez decidió imputar a los detenidos y mantenerlos presos en la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 hasta la audiencia preliminar.
Los más de 10 abogados que asisten a los imputados se negaron a firmar la decisión del juez en señal de protesta, aduciendo que la medida no estaba ajustada a derecho y que obedecía a una decisión política.
La ex gerente general de Administración y Finanzas, María Rodríguez; la gerente de Finanzas, Carolina Acosta y al consultor jurídico, Noel Ramírez, se les acusa de peculado doloso, malversación de fondos y asociación para delinquir.
Yamal Mustafá, empresario y amigo del gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez, le acusaron de los delitos de peculado doloso, concertación con funcionario público y asociación para delinquir.
Se desconocen los detalles del expediente, pero trascendió que a los trabajadores de la estatal se les juzga por la presunta desviación de una partida presupuestaria destinada a la repotenciación de la fábrica.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho públicamente que esos recursos se usaron para pagar un beneficio económico “ilegal” a los empleados, en clara alusión al anticipo contractual exigido por los ferromineros.
Familiares y amigos se concentraron hasta la noche en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para expresar solidaridad. A la salida de la camioneta que trasladaba a los imputados, los concentrados desplegaron una pancarta con el mensaje “Carolina es inocente”.
Tanto Carolina Acosta y María Rodríguez son reconocidas en Ferrominera Orinoco como trabajadoras de trayectoria.
Su expediente, como el de Ramírez, ha sido añadido al del ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, apresado el 12 de junio en Caracas e imputado el pasado 12 de julio por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
Sobornos
contratantes de la Gobernación de Bolívar, movilizó alrededor de 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares para los pagos de sobornos al cabecilla de la red de extorsión.
Los ex gerentes
En la misma audiencia de presentación, el juez 5º de Control admitió la precalificación de los delitos de peculado doloso, malversación de fondos y asociación para delinquir contra María Rodríguez (ex gerente general de Administración y Finanzas de FMO), Carolina Acosta (gerente de Finanzas de FMO) y Noel Ramírez (consultor jurídico de FMO), quienes son investigados por el desvío de unos fondos. Tanto Rodríguez como Acosta han recibido el respaldo de sus compañeros de trabajo quienes.
Reclusión
El tribunal decidió mantener como lugar de reclusión de los cuatro imputados (Yamal Mustafá y tres ex gerentes de Ferrominera) la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 hasta la audiencia preliminar de juicio.
Las fiscales 56º y 57º nacional y 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri, Mayerling Acosta.19 horas le tomó al Juez Quinto de Control decidir sobre el destino de los cuatro detenidos por el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.
Los fiscales nacionales Milvira Caraballo, Paula Ziri y la fiscal del estado Bolívar Mayerling Acosta expusieron sus motivos el sábado en la tarde, pero fue hasta ayer en la noche que el juez decidió imputar a los detenidos y mantenerlos presos en la Base de Contrainteligencia Militar Nº 51 hasta la audiencia preliminar.
Los más de 10 abogados que asisten a los imputados se negaron a firmar la decisión del juez en señal de protesta, aduciendo que la medida no estaba ajustada a derecho y que obedecía a una decisión política.
La ex gerente general de Administración y Finanzas, María Rodríguez; la gerente de Finanzas, Carolina Acosta y al consultor jurídico, Noel Ramírez, se les acusa de peculado doloso, malversación de fondos y asociación para delinquir.
Yamal Mustafá, empresario y amigo del gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez, le acusaron de los delitos de peculado doloso, concertación con funcionario público y asociación para delinquir.
Se desconocen los detalles del expediente, pero trascendió que a los trabajadores de la estatal se les juzga por la presunta desviación de una partida presupuestaria destinada a la repotenciación de la fábrica.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho públicamente que esos recursos se usaron para pagar un beneficio económico “ilegal” a los empleados, en clara alusión al anticipo contractual exigido por los ferromineros.
Familiares y amigos se concentraron hasta la noche en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para expresar solidaridad. A la salida de la camioneta que trasladaba a los imputados, los concentrados desplegaron una pancarta con el mensaje “Carolina es inocente”.
Tanto Carolina Acosta y María Rodríguez son reconocidas en Ferrominera Orinoco como trabajadoras de trayectoria.
Su expediente, como el de Ramírez, ha sido añadido al del ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, apresado el 12 de junio en Caracas e imputado el pasado 12 de julio por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
Sobornos
Además de la desviación de la partida presupuestaria, el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas.
Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otros, es uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”.
A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares enviados a cuentas del coronel en el exterior. Mustafá dijo haber accedido bajo la presunta amenaza de Álvarez de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana.
Junto a “El Tiburón” está arrestado en Caracas el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (una empresa cliente de Ferrominera), acusado de ser cómplice del funcionario de la DIM.
Según la declaración de Mustafá a la DIM, decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, quien tiene alrededor de cuatro compañías que funcionan como intermediarias en la venta de mineral de hierro y en el servicio de estiba en Ferrominera.
La semana pasada, tras su detención, el empresario dijo que había acudido al organismo de inteligencia para seguir “colaborando con la justicia”.
En los tribunales de Puerto Ordaz hay dos demandas, una civil y otra penal, contra Correo del Caroní y el diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, por difamación e injuria y daños y perjuicios.
En la demanda, Mustafá solicitó una medida cautelar en la que solicita se prohíba la publicación de información relacionada al caso de Ferrominera Orinoco en los medios de comunicación.
En la mira
Durante el 2013, Ferrominera Orinoco ha tenido dos huelgas importantes. La factoría presenta dificultades incluso para cancelar su nómina debido al “desangramiento” que sufrió la empresa.
La nueva gestión se ha propuesto “renacionalizar” la fábrica cuyas principales actividades productivas están en manos de transnacionales, en clara violación al decreto de nacionalización del hierro de 1974.
La presencia de intermediarios en la venta de mineral de hierro, y otros productos estratégicos, no sólo viola el decreto sino el propósito de la industria.
Entre tanto, las pérdidas de la empresa en el 2012 fueron 27 por ciento superiores a las del período anterior aún enviando el 60 por ciento de su producción al mercado internacional.
Se calcula que las cuentas por cobrar en la industria ferrosiderúrgica es de 2.500 millones de bolívares.
Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otros, es uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”.
A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares enviados a cuentas del coronel en el exterior. Mustafá dijo haber accedido bajo la presunta amenaza de Álvarez de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana.
Junto a “El Tiburón” está arrestado en Caracas el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (una empresa cliente de Ferrominera), acusado de ser cómplice del funcionario de la DIM.
Según la declaración de Mustafá a la DIM, decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, quien tiene alrededor de cuatro compañías que funcionan como intermediarias en la venta de mineral de hierro y en el servicio de estiba en Ferrominera.
La semana pasada, tras su detención, el empresario dijo que había acudido al organismo de inteligencia para seguir “colaborando con la justicia”.
En los tribunales de Puerto Ordaz hay dos demandas, una civil y otra penal, contra Correo del Caroní y el diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, por difamación e injuria y daños y perjuicios.
En la demanda, Mustafá solicitó una medida cautelar en la que solicita se prohíba la publicación de información relacionada al caso de Ferrominera Orinoco en los medios de comunicación.
En la mira
Durante el 2013, Ferrominera Orinoco ha tenido dos huelgas importantes. La factoría presenta dificultades incluso para cancelar su nómina debido al “desangramiento” que sufrió la empresa.
La nueva gestión se ha propuesto “renacionalizar” la fábrica cuyas principales actividades productivas están en manos de transnacionales, en clara violación al decreto de nacionalización del hierro de 1974.
La presencia de intermediarios en la venta de mineral de hierro, y otros productos estratégicos, no sólo viola el decreto sino el propósito de la industria.
Entre tanto, las pérdidas de la empresa en el 2012 fueron 27 por ciento superiores a las del período anterior aún enviando el 60 por ciento de su producción al mercado internacional.
Se calcula que las cuentas por cobrar en la industria ferrosiderúrgica es de 2.500 millones de bolívares.
Fiscales a cargoLas fiscales 56º y 57º nacional y 4º del estado Bolívar, Milvira Caraballo, Paula Ziri, Mayerling Acosta, respectivamente, imputarán a los detenidos por presuntamente incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano.
La orden de captura 1890 salió el jueves solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 5º de Control extensión Puerto Ordaz.
Los imputados
► Juan Carlos Álvarez Dionisi, jefe de Asuntos Especiales de la DGCIM
► Carlos Vieira, representante de Viherca
► Radwan Sabbagh, ex presidente de FMO
► Yamal Mustafá, presidente de Primicia, Corpobrica y otras
► María Rodríguez, ex gerente general de Administración y Finanzas de FMO
► Carolina Acosta, gerente de Finanzas de FMO
La orden de captura 1890 salió el jueves solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 5º de Control extensión Puerto Ordaz.
Los imputados
► Juan Carlos Álvarez Dionisi, jefe de Asuntos Especiales de la DGCIM
► Carlos Vieira, representante de Viherca
► Radwan Sabbagh, ex presidente de FMO
► Yamal Mustafá, presidente de Primicia, Corpobrica y otras
► María Rodríguez, ex gerente general de Administración y Finanzas de FMO
► Carolina Acosta, gerente de Finanzas de FMO
► Noel Ramírez, consultor jurídico de FMO
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