"Gobierno usa a sus sindicalistas para acosar a los trabajadores"

Economía
JOSE BODAS La política de Estado es anular el movimiento obrero disidente, afirma "Gobierno usa a sus sindicalistas para acosar a los trabajadores"

Para el directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la queja en la OIT sobre la persecución a los funcionarios está unida a la protesta contra el terrorismo laboral oficialista ANA DÍAZ 
ANADIAZ@EL-NACIONAL.COM

Las declaraciones de dirigentes sindicales del oficialismo sobre hacer una limpieza en el sector público para despedir a los trabajadores que votaron por el candidato Henrique Capriles sientan un precedente muy grave en la historia sindical venezolana, afirmó José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

El directivo de la Futpv y dirigente de Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma indicó que las palabras de los sindicalistas militantes del PSUV son más ofensivas para la clase trabajadora que las emitidas por los funcionarios del Gobierno.

A su juicio, la persecución contra los empleados públicos luego de las elecciones del 14 de abril refuerza una política de Estado que el Gobierno adelanta desde hace tiempo para callar la voz disidente de los trabajadores y el movimiento sindical que lucha por el respeto a los derechos humanos y laborales.

Por esa razón, dijo Bodas, se niega el derecho a la huelga y se criminaliza la protesta. Actualmente hay 200 dirigentes y trabajadores sometidos a régimen de presentación judicial, entre ellos, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, Rubén González.

--¿Cómo califica las declaraciones de dirigentes sindicales oficialistas de Guayana que plantean el regreso de la lista Tascón? --El Gobierno usa a sus sindicalistas para acosar a los trabajadores. Es vergonzoso que dirigentes que fueron electos para defender los derechos de los trabajadores se hayan prestado para apoyar la persecución política de sus compañeros de clase en el sector público. Las declaraciones de esos señores que plantean realizar una operación limpieza y aplicar otra lista Tascón contra los trabajadores de las empresas y entes públicos que no votaron por Nicolás Maduro, son mucho más graves que las emitidas por el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, y el secretario de Deportes de la gobernación del Zulia, Leonel Cabezas.

--¿Hay una rectificación cuando Maduro y las autoridades laborales aseguranque por el decreto de estabilidad laboral no pueden haber despidos por razonespolíticas? --El Gobierno ahora maquilla la realidad porque las declaraciones tan manifiestas de acoso laboral generaron un rechazo generalizado de los trabajadores, incluso los chavistas, pero la persecución continúa ahora bajo la excusa de que acabarán con los saboteadores. En el saboteo van a meter a los que votaron por Capriles y todo aquel que consideren sospechoso por reclamar o defender sus derechos. Eso forma parte de una política de Estado que se adelanta hace tiempo para anular o eliminar al movimiento sindical disidente y someter a los trabajadores con tácticas de terrorismo laboral.

--El gremio de educadores del Zulia denunció que hubo 400 despidos luego de las elecciones.

--Ese es un ejemplo de que el Gobierno no se detendrá en la persecución. En la industria petrolera los gerentes de las empresas mixtas, la petroquímica, Pdvsa Gas, las refinerías y los muelles, entre otras áreas, elaboran listas para castigar a los dirigentes sindicales y trabajadores, no sólo quienes no votaron por Maduro, sino a los chavistas que reclamen, hagan alguna crítica, o a los trabajadores que se nieguen a acudir a las actividades y marchas organizadas por el PSUV. Compañeros de otros entes públicos nos informan el colmo de los atropellos: los jefes y directores les revisan los celulares y las cuentas de Facebook para comprobar si son leales.

--El secretario general del sindicato de empleados públicos de la CVG, Juan Gómez, envió una carta al presidente de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Rayder, para que se pronuncie contra el acoso político en Venezuela.

--La queja ante la OIT es positiva, igual que otras denuncias en el ámbito internacional; sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Los trabajadores tienen que movilizarse y luchar en la calle por el respeto de los derechos humanos y democráticos, la libertad sindical, la discusión y el cumplimiento de los contratos colectivos, el salario suficiente, el empleo decente y el derecho a la huelga y la protesta. El Primero de Mayo es una gran ocasión.

--¿La criminalización de la protesta es parte de la política de terrorismo de Estado que usted mencionó? --Sin duda. Tenemos 200 sindicalistas y trabajadores sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con medidas cautelares que les prohíben acercarse a 100 metros del sitio donde trabajan y si lo hacen los pueden poner presos. Un ejemplo representativo de hostigamiento es el de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco: primero fue sentenciado a siete años y medio de prisión; luego, la condena le fue cambiada al régimen de presentación judicial con un nuevo juicio en el Tribunal 24 de Juicio de Caracas, proceso que se ha suspendido cinco veces con diferentes excusas.

--¿Qué ha pasado con las decisiones de las inspectorías para reenganchar a los trabajadores despedidos? --Hay 3.000 órdenes de reenganche con el pago de salarios caídos y la mayoría corresponden a trabajadores del sector público. Los entes y las empresas del Estado se niegan a reinsertar a los despedidos, entre ellos dirigentes sindicales y delegados de prevención y salud laborares, que además de la inamovilidad que existe por decreto tienen la protección del fuero establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Pareciera que las sanciones de la LOT, que incluyen hasta la cárcel, no aplican para los organismos y directores que incumplan las órdenes de reenganche.

--¿Y los contratos colectivos? --No hay voluntad en el Gobierno de discutirlos, además de que irrespetan los vigentes.

Pese a que el presidente Hugo Chávez ordenó en septiembre de 2012 negociar la convención colectiva, la de Sidor todavía no se firma. En las empresas básicas los contratos llevan vencidos 4 años y en el sector eléctrico casi 2 años.

Pdvsa incumple 80% del contrato petrolero, que se vence dentro de un año.