"La lista Tascón sigue vivita y coleando. En organismos como la Universidad Bolivariana siguen utilizando ese instrumento para negarle el ingreso a estudiantes o y empleo a personas"Marino Alvarado expresó su preocupación porque en los actuales momento no haya ningún espacio para el diálogo y sea la intolerancia la que reine (Foto Ángel de Jesús /Archivo)
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
A Marino Alvarado no lo alteran ni le hacer perder el control las acusaciones de ser cómplice de grupos violentos y de actuar "como retaguardia del fascismo" que en los últimos días el Gobierno y otras instituciones del Estado le han achacado, por poner en duda su versión sobre la destrucción a decenas de centros de Diagnóstico Integral de la Misión Barrio Adentro durante las protestas opositoras para exigir un recuento de los votos de los comicios presidenciales.
En conversación con El Universal el Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aprovechó para aclararle a las autoridades que su organización no negó que alguna instalación haya sido atacada, sino que "no sufrieron el daño que las autoridades dicen que sufrieron; lo que dijimos es que se había incurrido en una exageración".
Asimismo le precisó a los funcionarios que esta conclusión llegaron tras pasar 48 horas haciendo llamadas telefónicas, recibiendo información y rastreando lo que publicaban los medios de comunicación, en particular los públicos.
-¿Se esperaban la reacción de las autoridades ante el comunicado que emitieron sobre los CDI?
-Para nada. Lo que hicimos fue contraloría social. El poder ahora tiene el problema de que al tratar de imponer su verdad se va a encontrar con gente con celular, que tienen cámara; y que reporta lo que está ocurriendo (...) Nosotros comenzamos a recibir fotografías e informaciones de ciudadanos que desmentían lo dicho por el Gobierno sobre los centros.
-¿Los ataques en su contra no dan pie a quienes califican a este Gobierno de autoritario y poco democrático?
-Lo ocurrido demuestra los altos niveles de intolerancia con que Nicolás Maduro sigue gobernando, pues el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez ya se caracterizó por una alta intolerancia hacia las voces disidentes. Para el Gobierno del desaparecido mandatario la única verdad era la oficial y cualquiera que se atreviera a decir algo que fuera distinto a esa verdad era descalificado. De mantener las autoridades esa actitud van a chocar con la contraloría social de la gente. La gente sabe que el celular es una herramienta para denunciar cualquier situación irregular. La gente toma su fotografía o manda un tuit, es decir las redes sociales se han convertido en un factor de control para el poder y eso va a seguir ocurriendo. Esto no lo va a poder controlar el Gobierno y ante ello sólo tiene dos opciones: Calárselo o reprimir.
-El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, lo invitó a Venezolana de Televisión (VTV) para exponer su trabajo y debatir con un "especialista en Derechos Humanos, militante de izquierda", pero ustedes han dejado entrever que no irán. ¿Por qué no aceptar y aclarar todo lo que haya que aclarar?
-No vamos a ir a un debate donde se anime la confrontación, porque ese no es nuestro trabajo ni estamos dispuestos a prestarnos a eso (...) Villegas, sin que Provea se lo pidiera, ofreció una réplica que nosotros valoramos como positiva. Sin embargo, inmediatamente y durante 72 horas consecutivas en los medios públicos desataron una campaña de ofensas contra esta organización. Nosotros le respondimos que aceptábamos la réplica, siempre y cuando se dieran tres condiciones: Un clima de respeto, el mismo espacio con el cual se nos han atacado; es decir que no se puede limitar a un programa porque si nos sacaron cintillos y micros para atacarnos nos deben dar los mismo para responder; y además queríamos debatir con el Ministro.
El Ministro nos dice que él no irá, no nos dan respuesta a nuestra petición sobre el espacio y de paso no hay clima de diálogo. No puede haber diálogo donde no hay respeto. Sin embargo, lo dejamos abierto. Esperamos que haya una oportunidad en el futuro para explicar lo que hemos hecho.
-Esta semana la Fiscal General denunció que los medios y organizaciones no gubernamentales tratan de distraer la atención sobre los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones con unas denuncias sobre los abusos que habrían sufrido las personas detenidas por manifestar. Según ella, nadie fue maltratado, porque en "Venezuela no se maltrata a las personas privadas de libertad". ¿Qué le parece ese señalamiento?
-Esta afirmación es un acto sencillamente irresponsable del Ministerio Público. El Ministerio Público no debe desmentir las denuncias, debe investigarlas. El Ministerio Público no puede afirmar que no ocurrió esta o aquella violación de Derechos Humanos sin escuchar a las víctimas, sin haber designado a fiscales que las investiguen y sin que esas investigaciones hayan terminado.
La Fiscal General debería revisar los comunicados de prensa emitidos por su despacho, donde encontrará casos como el de los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que están siendo procesados por torturar a tres personas que estaban detenidas en la División de Capturas de El Rosal. Hasta los informes de la Defensoría del Pueblo reconocen que lamentablemente en este país la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica de muchos cuerpos policiales.
-La Fiscal también ha criticado que la gente denuncie primero en los medios antes que en su despacho. ¿Esto afecta de alguna la manera la denuncia?
-A la Fiscal no debería interesarle dónde denuncia la gente, sino si ocurrió el hecho denunciado. La Fiscalía ha debido iniciar de oficio las investigaciones por los presuntos abusos cometidos por policías y guardias nacionales durante las manifestaciones de días pasados, pues tiene la potestad para hacerlo y ya en el pasado ha abierto investigaciones sin que las víctimas se lo pidan. Criticar a las víctimas por cómo han denunciado y cuándo es irse por la tangente.
-Ustedes han denunciado en los últimos años que en Venezuela se criminaliza la protesta. Sin embargo, la Fiscal ha asegurado que ella está garantizada, incluso la ha calificado como "el oxígeno de la democracia".
-La propia actuación de la Fiscalía da la respuesta a esta pregunta, pues en los últimos cinco años 2.500 venezolanos han sido procesados por protestar. La actuación de la Fiscalía desmiente a la Fiscal General.
-En los últimos días también han comenzado a circular grabaciones donde se ven o escuchan a ministros y otros funcionarios amenazando con despedidos a subalternos por razones políticas. Sin embargo, las autoridades niegan que haya persecución.
-Al Gobierno lo desmiente el fallecido presidente Chávez, quien en 2005 pidió enterrar la lista Tascón, orden que no se atendió, porque ella sigue vivita y coleando. En organismos como la Universidad Bolivariana se sigue utilizando ese instrumento para negarle el ingreso a estudiantes y empleo a personas por el hecho de haber apoyado la solicitud de referendo revocatorio presidencial.
Además en los últimos días hemos recibido denuncias de persecución y hostigamiento, las cuales han generado molestia incluso en las bases de la dirigencia chavista. El sindicato del INCE ha denunciado la situación, así como trabajadores de los ministerios del Trabajo y de Planificación e incluso de la Presidencia.
Pero las amenazas no son solo contra trabajadores, sino también contra beneficiarios de los planes sociales, entre ellos los de la Misión Vivienda. Hemos recibido reportes de que beneficiarios de viviendas a quienes en las juntas de condominio les han dicho que los opositores no merecen vivir allí y que si saben de alguien que no respalde al Gobierno les van a quitar la vivienda.
-¿Qué se persigue con estas acciones?
-Intimidar, pero no solo desde el punto de vista político, sino también para que las personas no exijan o reclamen sus derechos, porque si lo hacen los señalarán de fascistas.
-¿Pero fascista no es aquel que persigue a alguien que no piensa como él?
-No quisiera entrar en eso, porque sería caer en el juego de las autoridades. Lo cierto es que estamos en una situación de intolerancia preocupante, la cual no es nueva porque ya con el presidente Hugo Chávez se vivía, porque él nunca gobernó para el país sino para su grupo. Sin embargo, en los actuales momentos pareciera que quienes dirigen el país no tienen el olfato político para ver que la situación ha cambiado.
En conversación con El Universal el Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aprovechó para aclararle a las autoridades que su organización no negó que alguna instalación haya sido atacada, sino que "no sufrieron el daño que las autoridades dicen que sufrieron; lo que dijimos es que se había incurrido en una exageración".
Asimismo le precisó a los funcionarios que esta conclusión llegaron tras pasar 48 horas haciendo llamadas telefónicas, recibiendo información y rastreando lo que publicaban los medios de comunicación, en particular los públicos.
-¿Se esperaban la reacción de las autoridades ante el comunicado que emitieron sobre los CDI?
-Para nada. Lo que hicimos fue contraloría social. El poder ahora tiene el problema de que al tratar de imponer su verdad se va a encontrar con gente con celular, que tienen cámara; y que reporta lo que está ocurriendo (...) Nosotros comenzamos a recibir fotografías e informaciones de ciudadanos que desmentían lo dicho por el Gobierno sobre los centros.
-¿Los ataques en su contra no dan pie a quienes califican a este Gobierno de autoritario y poco democrático?
-Lo ocurrido demuestra los altos niveles de intolerancia con que Nicolás Maduro sigue gobernando, pues el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez ya se caracterizó por una alta intolerancia hacia las voces disidentes. Para el Gobierno del desaparecido mandatario la única verdad era la oficial y cualquiera que se atreviera a decir algo que fuera distinto a esa verdad era descalificado. De mantener las autoridades esa actitud van a chocar con la contraloría social de la gente. La gente sabe que el celular es una herramienta para denunciar cualquier situación irregular. La gente toma su fotografía o manda un tuit, es decir las redes sociales se han convertido en un factor de control para el poder y eso va a seguir ocurriendo. Esto no lo va a poder controlar el Gobierno y ante ello sólo tiene dos opciones: Calárselo o reprimir.
-El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, lo invitó a Venezolana de Televisión (VTV) para exponer su trabajo y debatir con un "especialista en Derechos Humanos, militante de izquierda", pero ustedes han dejado entrever que no irán. ¿Por qué no aceptar y aclarar todo lo que haya que aclarar?
-No vamos a ir a un debate donde se anime la confrontación, porque ese no es nuestro trabajo ni estamos dispuestos a prestarnos a eso (...) Villegas, sin que Provea se lo pidiera, ofreció una réplica que nosotros valoramos como positiva. Sin embargo, inmediatamente y durante 72 horas consecutivas en los medios públicos desataron una campaña de ofensas contra esta organización. Nosotros le respondimos que aceptábamos la réplica, siempre y cuando se dieran tres condiciones: Un clima de respeto, el mismo espacio con el cual se nos han atacado; es decir que no se puede limitar a un programa porque si nos sacaron cintillos y micros para atacarnos nos deben dar los mismo para responder; y además queríamos debatir con el Ministro.
El Ministro nos dice que él no irá, no nos dan respuesta a nuestra petición sobre el espacio y de paso no hay clima de diálogo. No puede haber diálogo donde no hay respeto. Sin embargo, lo dejamos abierto. Esperamos que haya una oportunidad en el futuro para explicar lo que hemos hecho.
-Esta semana la Fiscal General denunció que los medios y organizaciones no gubernamentales tratan de distraer la atención sobre los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones con unas denuncias sobre los abusos que habrían sufrido las personas detenidas por manifestar. Según ella, nadie fue maltratado, porque en "Venezuela no se maltrata a las personas privadas de libertad". ¿Qué le parece ese señalamiento?
-Esta afirmación es un acto sencillamente irresponsable del Ministerio Público. El Ministerio Público no debe desmentir las denuncias, debe investigarlas. El Ministerio Público no puede afirmar que no ocurrió esta o aquella violación de Derechos Humanos sin escuchar a las víctimas, sin haber designado a fiscales que las investiguen y sin que esas investigaciones hayan terminado.
La Fiscal General debería revisar los comunicados de prensa emitidos por su despacho, donde encontrará casos como el de los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que están siendo procesados por torturar a tres personas que estaban detenidas en la División de Capturas de El Rosal. Hasta los informes de la Defensoría del Pueblo reconocen que lamentablemente en este país la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica de muchos cuerpos policiales.
-La Fiscal también ha criticado que la gente denuncie primero en los medios antes que en su despacho. ¿Esto afecta de alguna la manera la denuncia?
-A la Fiscal no debería interesarle dónde denuncia la gente, sino si ocurrió el hecho denunciado. La Fiscalía ha debido iniciar de oficio las investigaciones por los presuntos abusos cometidos por policías y guardias nacionales durante las manifestaciones de días pasados, pues tiene la potestad para hacerlo y ya en el pasado ha abierto investigaciones sin que las víctimas se lo pidan. Criticar a las víctimas por cómo han denunciado y cuándo es irse por la tangente.
-Ustedes han denunciado en los últimos años que en Venezuela se criminaliza la protesta. Sin embargo, la Fiscal ha asegurado que ella está garantizada, incluso la ha calificado como "el oxígeno de la democracia".
-La propia actuación de la Fiscalía da la respuesta a esta pregunta, pues en los últimos cinco años 2.500 venezolanos han sido procesados por protestar. La actuación de la Fiscalía desmiente a la Fiscal General.
-En los últimos días también han comenzado a circular grabaciones donde se ven o escuchan a ministros y otros funcionarios amenazando con despedidos a subalternos por razones políticas. Sin embargo, las autoridades niegan que haya persecución.
-Al Gobierno lo desmiente el fallecido presidente Chávez, quien en 2005 pidió enterrar la lista Tascón, orden que no se atendió, porque ella sigue vivita y coleando. En organismos como la Universidad Bolivariana se sigue utilizando ese instrumento para negarle el ingreso a estudiantes y empleo a personas por el hecho de haber apoyado la solicitud de referendo revocatorio presidencial.
Además en los últimos días hemos recibido denuncias de persecución y hostigamiento, las cuales han generado molestia incluso en las bases de la dirigencia chavista. El sindicato del INCE ha denunciado la situación, así como trabajadores de los ministerios del Trabajo y de Planificación e incluso de la Presidencia.
Pero las amenazas no son solo contra trabajadores, sino también contra beneficiarios de los planes sociales, entre ellos los de la Misión Vivienda. Hemos recibido reportes de que beneficiarios de viviendas a quienes en las juntas de condominio les han dicho que los opositores no merecen vivir allí y que si saben de alguien que no respalde al Gobierno les van a quitar la vivienda.
-¿Qué se persigue con estas acciones?
-Intimidar, pero no solo desde el punto de vista político, sino también para que las personas no exijan o reclamen sus derechos, porque si lo hacen los señalarán de fascistas.
-¿Pero fascista no es aquel que persigue a alguien que no piensa como él?
-No quisiera entrar en eso, porque sería caer en el juego de las autoridades. Lo cierto es que estamos en una situación de intolerancia preocupante, la cual no es nueva porque ya con el presidente Hugo Chávez se vivía, porque él nunca gobernó para el país sino para su grupo. Sin embargo, en los actuales momentos pareciera que quienes dirigen el país no tienen el olfato político para ver que la situación ha cambiado.
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